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Concordia » Hora Digital
Fecha: 24/07/2025 15:30
Descubre cómo la provincia de Entre Ríos desafía un fallo de la Corte Suprema y sigue cobrando impuestos a las cooperativas, en contra de su naturaleza sin fines de lucro. Una crónica detallada de la controversia legal. El fallo Alberdi de la Corte Suprema en 2024 estableció claramente que gravar con Ingresos Brutos a las cooperativas es inconstitucional. Sin embargo, en Entre Ríos, la realidad difiere ya que el estado provincial sigue cobrando este impuesto a pesar de la naturaleza no lucrativa de estas entidades. Esta situación revela una desigualdad en la tributación que las afecta y que el Estado se niega a corregir por razones puramente recaudatorias. Este análisis se estructura en once puntos clave para ayudar a comprender mejor el problema. El fallo de la Corte Suprema en la causa "Cooperativa Farmacéutica Alberdi Ltda. c/ Municipalidad de Resistencia" sentó un precedente al declarar que una cooperativa sin fines de lucro no puede ser gravada con Ingresos Brutos, pero llegar a esa conclusión no fue sencillo. El largo y complejo recorrido judicial que atravesó la cooperativa chaqueña para obtener este fallo es un ejemplo de perseverancia. La lucha por vencer obstáculos formales y llegar al fondo de la cuestión demuestra la importancia de defender los derechos cuando se ven vulnerados. La propia Ley de Cooperativas y la Constitución de Entre Ríos reconocen el valor social y económico del cooperativismo, señalando la importancia de fomentar su desarrollo. Sin embargo, la legislación provincial sigue chocando con la legislación nacional al gravar a estas entidades con impuestos que van en contra de su espíritu solidario. La resolución del INAES y el proyecto presentado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos apuntan en la misma dirección: eximir a las cooperativas del pago de Ingresos Brutos. Esto no se trata de conceder privilegios, sino de respetar la legalidad y promover un desarrollo económico más inclusivo y equitativo. Corregir esta contradicción entre la normativa nacional y provincial no es solo una cuestión técnica, sino un gesto de justicia y compromiso con un modelo de desarrollo más solidario y humano. En un año dedicado al reconocimiento del valor de las cooperativas, es fundamental ajustar la legislación para no seguir penalizando a quienes buscan ayudarse mutuamente sin fines de lucro.
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