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Gualeguaychu » El Dia
Fecha: 24/07/2025 12:50
Un sacerdote de la Iglesia católica santafecina fue condenado esta semana a tres años de prisión condicional por un hecho de abuso sexual cometido en enero pasado, durante un campamento scout en la provincia de Córdoba, en perjuicio de una adolescente, menor de edad al momento de los hechos. El imputado, Marcelo Ferrero, de 47 años, reconoció la autoría en un juicio abreviado. Fue condenado por abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por un ministro de culto. Además de la pena de cumplimiento condicional, el juez Javier Bottero, de los Tribunales de Rafaela, le impuso la inhabilitación perpetua para ejercer el sacerdocio, la obligación de permanecer en la provincia de Córdoba durante el período de condena, la prohibición de ingresar a la localidad de Ramona (oeste de Santa Fe) y la asistencia obligatoria a talleres sobre masculinidades. La investigación fue encabezada por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Flavia Burella. El hecho ocurrió durante el campamento de cierre anual del grupo scout de Ramona, una pequeña localidad del departamento Castellanos, situada a 150 kilómetros al oeste de la capital santafecina. La víctima es oriunda de esa localidad. Tras la confirmación de la condena, el Obispado de la diócesis de Rafaela emitió un comunicado en el que expresó “dolor y perplejidad” y detalló que activaron el protocolo interno previsto por las Normas Diocesanas para la prevención y el abordaje de abusos de menores y adultos vulnerables. “Ante esta situación, que nos genera dolor y perplejidad, se decidió tomar contacto con los familiares de la víctima informándoles del derecho que les asiste para realizar la correspondiente denuncia ante la Justicia”, señala el texto firmado por el Área de Comunicación y la Comisión de Protección de Menores y Adultos Vulnerables del obispado. Respecto del sacerdote denunciado, el obispo diocesano dispuso desde el primer momento el cese inmediato en todas las actividades pastorales, el traslado fuera de la localidad donde ejercía su ministerio y la prohibición de contacto con la víctima, menores, familiares o testigos. El comunicado concluye que la diócesis quedó “a disposición de la Justicia en aquello que se requiera” y reafirmó su compromiso con la protección de menores y adultos vulnerables. Fuente: La Nación
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