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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 24/07/2025 06:47
Agencia Nacional de Discapacidad El 19 de julio del año pasado, Manuel Adorni mostró una radiografía de un perro y dijo que con ese estudio se había entregado una pensión por discapacidad. Esa misma tarde, publiqué una captura del expediente que desmentía tal afirmación, ya que los equipos de la Agencia habían detectado la irregularidad, lo que derivó en la denuncia del médico de Corrientes que había firmado el certificado. Como en esta situación, durante nuestra gestión denunciamos cada irregularidad detectada y nos presentamos como testigos en causas ya iniciadas en distintos tribunales, como por ejemplo en la ciudad de San Rafael, Mendoza, donde el gobierno provincial había denunciado a sus propios médicos por firmar certificados truchos. Como adelantamos en nuestro posteo en respuesta a la falacia del vocero presidencial, la mentira tenía como único objetivo justificar el salvaje ajuste impulsado en contra de las personas con discapacidad, que tenían que disfrazar de auditoría. “Necesitamos que generen mucha indignación en la sociedad”, le pidió un alto funcionario nacional a un trabajador de la ANDIS. A un año de esta mentira, la única indignación que crece es la que expresa todo el sector con las políticas desplegadas por el gobierno de Milei en perjuicio de la discapacidad en su conjunto. Esa indignación tuvo su punto cúlmine en la sanción, por parte del Congreso Nacional, de una ley de emergencia de la discapacidad, ya que la crisis es transversal a todo el colectivo. Más de 80 mil pensiones suspendidas o dadas de baja, los valores de las prestaciones congelados desde diciembre, atrasos de más de 6 meses en los pagos por parte de algunas obras sociales, no se autorizan nuevas prestaciones ni se dan altas de pensiones, personal especializado se aleja de las instituciones y muchas entidades están en quiebra y muchas otras se ponen en venta, ante la imposibilidad de sostener el funcionamiento más básico. En el medio, miles de personas con discapacidad ven cómo se pisotean sus derechos por el ahorro del Gobierno. Creo que vale la pena clarificar algunos datos de nuestra labor al frente de la ANDIS, para dejar atrás la invisibilidad de ese periodo que algunos quieren imponer. El total de pensiones a 2019, cuando nos hicimos cargo del Gobierno Nacional, era de 1.034.599. Nos retiramos en diciembre de 2023 con 1.191.617 pensiones vigentes. Además, se dieron de baja durante nuestra gestión un total de 160.412 pensiones por diversas causas como fallecimiento, renuncias o acceso al mercado laboral. La mayor parte de las investigaciones en curso en diferentes puntos del país sobre irregularidades en la tramitación de pensiones no contributivas, se originan en denuncias realizadas por la propia Agencia Nacional de discapacidad durante nuestra gestión. En esta línea, la Agencia solicitó a la Justicia desde 2022 que se investiguen irregularidades detectadas en la confección del CMO en el Hospital Dr. Enrique Romero de la Ciudad de El Quebrachal, provincia de Salta; en el Hospital Dr. José Sauret, de Morteros, provincia de Córdoba; y en la Casita Verde, perteneciente al Municipio de Santo Tomé, de la provincia de Corrientes, entre otras. Dichas denuncias alertaban sobre el cobro de los CMO por parte de gestores y profesionales médicos que efectuaban el trámite, colocando en todos los certificados que emitían el mismo porcentaje y el mismo diagnóstico. Fue el propio ANSES, donde se da inicio a la solicitud de una pensión no contributiva y es el encargado del pago, quien realizó la denuncia por irregularidades en Taco Pozo. Todas estas situaciones fueron informadas oportunamente a la Justicia para su investigación, más allá de frenar los trámites en curso en la ANDIS. Día a día, la gestión actual demuestra que no ven a las personas con discapacidad. Nada sabe el gobierno de Milei sobre las barreras que enfrenta a diario nuestro colectivo para acceder al mercado laboral por los prejuicios y los estigmas; nada sabe el actual director de la ANDIS sobre el rol que debe ocupar el Estado para promover una inclusión real, porque solo dos de cada diez personas con discapacidad tienen trabajo. Sin embargo, ellos se entusiasman con el ajuste y la quita de pensiones que, en muchos casos, es el único ingreso que sostiene a familias enteras. De espaldas a esta realidad, el ajuste avanza a paso firme. La actual conducción de la ANDIS celebra y se entusiasma con los deberes hechos, pero van por mucho más. Son miles las pensiones que, en condiciones de ser otorgadas, esperan la firma definitiva que nunca vendrá. Mientras tanto, se reubican empleados de la Agencia para reforzar los equipos destinados a firmar las suspensiones, y se les reconoce la tarea con días de trabajo home office, ya que las horas extras son una aberración para esta gestión. Basta no presentarse a una citación para que la pensión pueda ser suspendida, por más que la persona no haya recibido la carta documento, que en muchos casos se envían a direcciones inexistentes. Incluso se cita a los titulares de pensiones a direcciones que no corresponden a oficinas del Estado. Como si no fuera suficiente, nadie responde el correo electrónico donde debe notificarse una ausencia a una citación. Las bajas también alcanzan a aquellas personas que se adelantaron y mandaron documentación por envío postal, o a las que el correo no notificó por tener datos insuficientes para entregarles la convocatoria. Ahora bien: ¿cuáles son las irregularidades detectadas? De eso nada puede decirse, a no ser el cambio de normativa, lo que implica cambiar las reglas de juego en medio de un partido. A través del Decreto 842 del año pasado, el gobierno de Milei modificó los criterios para la entrega de pensiones, eliminando todos los avances en el reconocimiento de derechos para las personas con discapacidad. Estos avances, entre otros, habilitaban la compatibilidad de la pensión con otros ingresos formales, ya que el objetivo central de la pensión es apoyar la autonomía de la propia persona con discapacidad. En definitiva, el Gobierno se ahorra 23 mil millones de pesos por las pensiones que dio de baja, a costa de la angustia y el sufrimiento de miles y miles de personas con discapacidad de todo el país, sembrando la incertidumbre y la desazón en sus familias y utilizando a empleados públicos como instrumentos de un ajuste feroz que una vez más vulnera a los más vulnerables. Pero para las actuales autoridades de ANDIS, las personas con discapacidad son incapaces que no pueden ni deben trabajar. Nada saben del modelo social de la discapacidad, a pesar de haber viajado a la cumbre mundial que se hizo en Berlín en abril pasado, donde uno de los temas centrales fue la labor de los estados para promover con acciones y recursos concretos los derechos de este colectivo. Con Milei y Spagnuolo, los derechos y la inclusión quedan cada día más lejos, porque su modelo es el de prescindencia: muerto el perro, se acabó la rabia.
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