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  • Proponen declarar la emergencia en discapacidad en Entre Ríos

    Parana » AIM Digital

    Fecha: 23/07/2025 11:33

    Un proyecto de Ley que busca declarar la Emergencia en Discapacidad en Entre Ríos ingresó a la Cámara de Diputados, con el objetivo de garantizar la cobertura de todas las prestaciones establecidas en el PMO para todas las personas con discapacidad en la provincia, confirmó AIM. La iniciativa, impulsada por la diputada Mariel Ávila (Más Para Entre Ríos), tomará estado parlamentario en la próxima sesión de la Cámara Baja. La declaración de emergencia busca que se garantice la cobertura de todas las prestaciones establecidas en el PMO, el acceso a la evaluación para el otorgamiento de las Pensiones No Contributivas nacionales y que el Estado provincial facilite el acceso al diligenciamiento y obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD). “Presentamos este proyecto considerando la urgente necesidad de garantizar en la provincia los derechos de las personas con discapacidad”, indicó la diputada, quien precisó: “Hemos relevado en todo el territorio el impacto negativo de las políticas nacionales, en cuanto a un deterioro creciente de calidad de vida de las personas con discapacidad, sus tratamientos terapéuticos y los servicios de los prestadores relacionados a rehabilitación, educación, estimulación temprana e inserción laboral”. Además, apuntó “el no aumento del nomenclador por largo tiempo y la falta de políticas locales de apoyo produjo un creciente deterioro y estado de riesgo por lo que este proyecto promueve la responsabilidad de la atención en los efectores públicos de Salud”. El ajuste sobre discapacidad en Entre Ríos Actualmente en Entre Ríos, la RED consolidada de instituciones que trabajan en el marco de la Ley 24.901 manifiestan de manera continua sus dificultades para seguir funcionando y muchas tuvieron que cerrar áreas y servicios, por la falta de actualización de nomencladores. También, hay profesionales que, ante la falta de reconocimiento económico a su tarea, tienen que optar por no atender a niños, jóvenes y adultos con discapacidad o hacerlo de manera privada. También, señaló que “hay barreras y dificultades para cumplir con las auditorias obligatorias de las Pensiones No Contributivas que permiten mantener el beneficio otorgado ya sea por comunicación deficiente, distancias, costos de traslados, falta de accesibilidad, profesionales no idóneos etc”.

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