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» Comercio y Justicia
Fecha: 22/07/2025 23:13
El Gobierno nacional recibió este lunes los tres proyectos de ley que modifican el esquema previsional y declaran la emergencia en discapacidad, luego de que fueran aprobados en el Senado el pasado 10 de julio. El envío al Poder Ejecutivo activa el reloj: Javier Milei tiene tiempo hasta el 4 de agosto para definir si los veta o los promulga. La demora en el giro desde el Congreso obedeció a cuestiones formales. Tras la votación en el Senado, era necesario que los textos fueran firmados por los presidentes de ambas cámaras, trámite que recién se completó este lunes, según informaron fuentes legislativas. Los proyectos fueron impulsados por bloques de la oposición y cosecharon mayoría en ambas cámaras. El más sensible de todos propone un aumento del 7,2% en las jubilaciones y una suba en el bono para quienes cobran la mínima: de 70.000 a 110.000 pesos. Si se aplicara este cambio, un jubilado que percibe el haber mínimo cobraría más de 440.000 pesos mensuales entre haber y refuerzo. Además, la iniciativa prevé que el bono se actualice mensualmente con el índice de movilidad. El segundo eje del paquete legislativo apunta a recuperar un derecho que se interrumpió en marzo: la moratoria previsional. Con esta prórroga por dos años, unas 220.000 personas podrían acceder a una jubilación este año, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso. El beneficio es clave para mujeres mayores de 60 años y para trabajadores informales que no llegan con los años de aporte requeridos. El tercer proyecto que llegó a Casa Rosada declara la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta diciembre de 2026. La medida incluye la revisión de pensiones no contributivas, la actualización de los aranceles para prestadores de servicios, el fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Discapacidad, y la implementación de un régimen de inclusión laboral específico. Fue aprobado por unanimidad en ambas cámaras del Congreso. Desde que se conoció la sanción de las iniciativas, el presidente Javier Milei no ocultó su rechazo. Incluso anticipó públicamente la intención de vetarlas, algo que está habilitado a hacer dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción formal. El escenario abre una nueva tensión entre el Congreso y el Ejecutivo, y pone al Gobierno frente a una de sus decisiones más delicadas desde que asumió en diciembre. Con la cuenta regresiva en marcha, la sociedad civil, los gremios de jubilados y el colectivo de personas con discapacidad esperan señales claras desde Casa Rosada.
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