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Fecha: 22/07/2025 20:33
El nuevo esquema habilita la entrada de capital privado y busca mejorar la eficiencia del servicio, que actualmente presenta serios problemas, según el propio decreto: “La estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”, indica la norma. El texto justifica la reforma en la “profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público” y señala el “creciente deterioro operativo y financiero de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.” En este sentido, el decreto expone que, entre 2006 y 2023, el Estado transfirió más de 13.400 millones de dólares para sostener la empresa. A pesar de esto, la productividad cayó y los costos operativos aumentaron. Con esta reforma, el Ejecutivo también amplía las facultades de la concesionaria, que podrá cortar el servicio a usuarios por falta de pago, conforme a las condiciones que se establecerán en el Contrato de Concesión. Sin embargo, también se menciona que habrá un mayor rol de control por parte del Estado a través del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA). En este sentido, el decreto crea un un Plan Director de Mejora Estratégica, que será elaborado por APLA y servirá como guía técnica para planificar las obras necesarias para ampliar la red de agua y cloacas en el AMBA. Este plan deberá ser revisado cada cinco años y servirá como base para las acciones futuras de la empresa. La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei y de los ministros Guillermo Francos, Gerardo Werthein, Luis Petri, Luis Caputo, Patricia Bullrich, Mario Iván Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger. El DNU ya está en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial y deberá ser analizado por la Comisión Bicameral del Congreso, que deberá pronunciarse sobre su validez en un plazo de diez días hábiles, tal como lo exige la Ley 26.122.
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