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  • Habló el abogado que denunció al PIG: “Estamos hablando de residuos peligrosos

    Gualeguaychu » El Argentino

    Fecha: 20/07/2025 17:31

    El abogado Ricardo Luciano denunció penalmente al Parque Industrial, al Municipio y a la Provincia por volcar efluentes industriales sin tratar. Asegura que la planta de tratamiento está inactiva desde febrero y que se violan normas ambientales federales. ¿Qué pasa y cómo afectaron las crecientes? Domingo, 20 de Julio de 2025, 6:18 Por Mónica Farabello La denuncia penal presentada por el abogado Ricardo Luciano ante la Justicia Federal destapó una crisis ambiental de proporciones, aún difíciles de dimensionar. El profesional acusa a las autoridades del Parque Industrial Gualeguaychú, al Municipio y a la Provincia de Entre Ríos por el volcado directo al río Gualeguaychú de efluentes industriales sin tratamiento adecuado, en violación a las leyes nacionales sobre residuos peligrosos. EL ARGENTINO conversó con Luciano basó su denuncia en una presentación pública del Foro Ambiental Gualeguaychú que, tras una inspección en el predio del Parque, constató que desde febrero de este año la planta de tratamiento de efluentes industriales se encuentra inactiva o funcionando de manera deficiente. Esta situación fue admitida, “aunque minimizada”, según la opinión de Luciano, por el propio presidente de la Corporación del Desarrollo (CODEGU), Thomás Fogg. Sus declaraciones fueron durante una recorrida en la que participaron también el intendente Mauricio Davico y la secretaria de Ambiente municipal, Ivana Zecca. Planta de efluentes PIG “Lo que me motivó a presentar la denuncia fue la gravedad de los hechos que expuso el Foro Ambiental y que después fueron ratificados por los propios funcionarios, que no pudieron negar la situación”, explicó Luciano en diálogo con EL ARGENTINO. “Cuando la secretaria de Ambiente dice que van a hacer análisis cada 15 días, y le aplica una sanción al Parque, está reconociendo implícitamente que hubo una infracción”, señaló. “Cinco meses tirando líquidos sin tratar” Según Luciano, la planta de efluentes del Parque Industrial no solo no cumple con los parámetros legales exigidos, sino que desde hace al menos cinco meses estaría vertiendo directamente los residuos industriales al río Gualeguaychú. “Eso es gravísimo. Y si se confirma que hubo crecidas del río durante este tiempo, se genera un efecto de reflujo que puede haber contaminado incluso la toma de agua de la ciudad”, alertó. Las industrias radicadas en el predio superan las 30, y algunas de ellas, según declaró Ricardo Luciano, manejan sustancias altamente contaminantes, como baterías y productos químicos. “Estamos hablando de residuos peligrosos, y por eso la competencia no es de la justicia provincial, sino federal. Así lo establece la Ley Nacional 24.051”, afirmó. El artículo 58 de esa norma determina que los delitos relacionados con residuos peligrosos deben ser tratados por la Justicia Federal, mientras que el artículo 40 obliga a las plantas a mantener un registro de análisis y operaciones, incluso si cierran. “Ese registro debe ser conservado a perpetuidad”, remarcó el denunciante. Un proceso judicial en marcha Luciano presentó su denuncia por correo electrónico ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú. El trámite quedó radicado ante el juez Leandro Ríos, que subrogaba al magistrado Hernán Viri durante la feria judicial. Días atrás, Luciano ratificó su presentación en audiencia y aportó pruebas documentales. “Ahora el juez tiene que correr vista al fiscal, que evaluará si hay mérito para impulsar la investigación. Pero el juez también puede actuar directamente si lo considera urgente”, explicó. El abogado solicitó además la habilitación de feria judicial “por la gravedad institucional del caso” y pidió al Juzgado que se realicen medidas de prueba urgentes, como la extracción y análisis de barros de la planta y del agua que se vierte al río. También solicitó que se cite e impute a los principales responsables políticos y técnicos del control ambiental”. “No se puede esperar más. La ley establece claramente las responsabilidades. No se trata solo de una falla técnica, sino de una posible comisión de delitos ambientales con daños que serán muy difíciles de reparar”, advirtió. Responsabilidades compartidas En su denuncia, Luciano también apuntó contra el accionar del Estado en sus tres niveles. En el caso de la Municipalidad, consideró que hubo “omisiones graves en el control ambiental” por parte de la secretaria Zecca. “Su reacción fue tardía y forzada por la presión social”, sostiene. Por otro lado, acusó a la Provincia por haber otorgado el Certificado de Aptitud Ambiental a una planta que, al momento de la denuncia, no estaba operativa. Según la ley 24.051, el Estado tiene responsabilidades indelegables en la habilitación, control y fiscalización de las plantas de tratamiento de residuos peligrosos. El artículo 7 de esa normativa establece que el Certificado Ambiental es requisito indispensable para la habilitación de cualquier industria que opere con residuos peligrosos. “La responsabilidad no se diluye por tratarse de entes distintos: el Parque, el Municipio y la Provincia tienen funciones específicas y todas han fallado”, concluyó el denunciante. ¿Y ahora qué? Mientras se aguarda la resolución judicial, el daño ambiental ya sería un hecho. “Los productos químicos que se pudieran haber vertido en el río no solo afectan al ecosistema, sino que pueden tener consecuencias sobre la salud humana”, alertó Luciano. “Estamos hablando de un río del que se abastece nuestra ciudad. No es una cuestión abstracta ni alejada. Es nuestra agua, nuestro hábitat, nuestro derecho a un ambiente sano”. Las organizaciones ambientales esperan que la Justicia actúe con rapidez y contundencia. Por su parte, la administración del Parque emitió un comunicado en el que promete reparar la planta en 30 días. La denuncia de Luciano, presentada por un ciudadano común con experiencia en litigios ambientales, expone una red de responsabilidades que exceden lo técnico: plantea un dilema ético y político sobre la gestión ambiental en Gualeguaychú, una ciudad que supo ponerse al frente de luchas ecológicas, pero que hoy enfrenta una de sus peores contradicciones internas.

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