20/07/2025 19:10
20/07/2025 19:10
20/07/2025 19:10
20/07/2025 19:10
20/07/2025 19:10
20/07/2025 19:10
20/07/2025 19:10
20/07/2025 19:10
20/07/2025 19:10
20/07/2025 19:10
Parana » Informe Digital
Fecha: 20/07/2025 16:11
El problema es tan evidente que el año pasado fue objeto de dos recomendaciones por parte de la Corte Suprema. Sin embargo, aún no se ha encontrado una solución: Argentina no ha logrado unificar un criterio para actualizar las indemnizaciones por despido en casos que se extienden en el tiempo. ¿Se basarán en el índice de precios al consumidor, en los salarios o en el CER? La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) cuenta con diez salas y emplea seis métodos diferentes de cálculo. La situación es casi caótica, especialmente considerando que, debido a las demoras en los juicios y a la inflación de los últimos años, muchas pequeñas y medianas empresas, ya afectadas por la crisis, se han encontrado con sentencias que las empujan al borde del cierre o, en el mejor de los casos, hacen que piensen varias veces antes de contratar a un nuevo empleado, según informa el diario La Nación. La situación es un verdadero tormento para las pymes, y cuanto más pequeñas son, más complicada se torna. Bares, escuelas, peluquerías, farmacias… desde 2007, el número de pymes en Argentina se ha mantenido igual. Asimismo, el número de asalariados privados registrados ha permanecido en 6,2 millones desde 2012, un panorama que tampoco logró cambiar el gobierno de Javier Milei. De los 58 artículos que envió el año pasado en su proyecto de reforma laboral, 42 fueron descartados por diversas razones. Lo poco que logró modificar, como la figura de “agravamiento indemnizatorio” —más conocida como “multa” por contratación no registrada—, ha sido reemplazada por una noción más común de “daños y perjuicios”, que tiene el mismo efecto adverso sobre la creación de empleo. Es lógico que surjan quejas por parte de los empleadores. Un dueño de un jardín de infantes en Palermo, por ejemplo, está angustiado porque una maestra que se consideró despedida en abril de 2020, durante la cuarentena y con tres años de antigüedad, no acepta llegar a un arreglo fuera de la justicia. Él le ofrece 5 millones de pesos, más un 20% para su abogada y un 7% para los peritos. Pero, al ver la evaluación de la sentencia, que asciende a 22 millones, es imposible acercarse a un acuerdo. El juez tomará la decisión. La abogada lo indicó recientemente al rechazar la última propuesta con un irónico mensaje de WhatsApp: “No hay posibilidad de conciliación. Gracias igual! Seguimos en la instancia judicial, que ya queda menos. Saludos!”. La raíz del problema es compleja: el tiempo, la inflación, los diferentes métodos de cálculo, las contribuciones que incrementan en un 50% el costo de la contratación y las multas por incumplimientos laborales que castigan desde problemas en la categoría declarada hasta la falta de aportes patronales o previsionales. La complicación principal comenzó en septiembre de 2022, durante la presidencia de Alberto Fernández, cuando la CNAT emitió el acta 2764, que permitía aplicar un sistema de actualización anual con intereses, un fenómeno conocido como “anatocismo”, algo que prohíbe el Código Civil original de Vélez Sársfield. Esta metodología puede llevar a montos astronómicos. Las cámaras y organizaciones empresariales reclamaron a la Corte, que, después de varios meses y tras el cambio de gobierno, decidió intervenir. En febrero de 2024, con Milei recién en el cargo, anuló el fallo Oliva, que exigía el pago de una suma cercana al 8000% de intereses a un trabajador de la constructora Coma. El argumento fue que la cifra “excedía cualquier parámetro razonable”. La CNAT pareció captar la magnitud del problema. Un mes después, se reunió con los 30 jueces y emitió otra acta, la 2783, que implementaba una nueva fórmula de indexación: CER más un 6% anual. Sin embargo, el resultado fue similar al anterior, lo que llevó nuevamente a la Corte a involucrarse y anular en agosto el fallo Lacuadra, donde se exigía a DirecTV pagar al empleado despedido en 2013 un interés del 20.000%. El razonamiento fue el mismo: la sentencia era “arbitraria” y contraria al Código Civil. Desde entonces, cada sala ha adoptado su propio criterio, aumentando así la incertidumbre y los problemas. Se presentan cálculos como IPC más 3%, IPC más 6%, Ripte (salarios) más IPC, solamente IPC, solamente CER, e incluso un plus que ha surgido en fallos recientes. ¿Cómo convencer a Quesos Trelau, una fábrica familiar de 80 empleados y más de 30 años, de ampliar su plantilla? La empresa tuvo embargada su cuenta principal durante tres meses a causa de una reclamación de un encargado de local por un faltante de 2043 kilos de quesos y varios fiambres, cuya pérdida equivale a unos 16.000 dólares de aquella época. ¿Se trató de negligencia o de hurto? Al ser consultado, el encargado admitió las discrepancias en el volumen y en la facturación, pero solicitó que se le descontaran de sus sueldos futuros. Con un salario de 50.000 pesos mensuales y 8 años de antigüedad, la empresa decidió despedirlo, y el trabajador llevó el caso a la Justicia. En primera instancia, le rechazaron el tiempo de antigüedad y le concedieron un monto limitado de 590.000 pesos, alrededor de 9800 dólares según la cotización de entonces. Esa cifra inicial incluía multas, ya que, aunque Quesos Trelau lo niega, según declaraciones del empleado y un testigo, parte de su remuneración estaba en negro. El trabajador no se dio por vencido en segunda instancia y logró obtener un monto considerablemente mayor. En un fallo dividido, la sala II de la Cámara de Apelaciones interpretó que la admisión del faltante no necesariamente significaba que él hubiera “sustraído dinero o mercadería de la empresa para su beneficio personal”, argumentando que el desvío podía deberse a “meros errores”. El tribunal ordenó un resarcimiento mayor: exactamente 1,7 millones de pesos, unos 28.283 dólares de entonces. Esa cifra engloba todo: antigüedad, falta de preaviso, aguinaldo, vacaciones proporcionales, multas por contratación no registrada y daños morales por la afectación a su buen nombre y honor. Hasta ahí la causa particular. Nada demasiado extraordinario. Sin embargo, el gran sobresalto para la empresa llegó con la actualización, que se calculó mediante la fórmula inflación más 3% anual, sumando las costas y honorarios, quedando en 95,2 millones de pesos, aproximadamente 73.460,6 dólares. En el transcurso de esos cinco años y medio, mientras el INDEC registró una inflación del 3390,5%, el fuero laboral aplicó un interés muy superior: 5506% en pesos y 160% en dólares. Este panorama es la razón por la que muchas empresas intentan evitar los juicios, aún asumiendo costos elevados. Por ejemplo, la bodega Norton llegó a un acuerdo en junio por 400 millones de pesos con un vendedor que, tras 16 años de trabajo, se consideró despedido debido a un cambio en la forma de pago de comisiones. De esa suma, 80 millones más IVA debían ser destinados a los honorarios del abogado. ¿Qué llevó a la bodega a aceptar? La certeza de que la sentencia, calculada con IPC más 3% anual y un plus excepcional determinado por el juez, resultaría en un monto mayor: 595 millones de pesos. Muchos abogados laboralistas defienden el sistema. Argumentan que situaciones como estas no ocurrirían si las empresas cumplieran con sus obligaciones. Mariano Recalde, senador nacional, abogado y miembro de una familia emblemática en esta área, negó el año pasado a La Nación la existencia de un negocio basado en el tiempo. “Al contrario, nadie quiere que el juicio se prolongue —afirmó—. Para el abogado son muchos años de trabajo sin remuneración y el trabajador tiene necesidades”. Sin embargo, esta no es la opinión de quienes, del lado empresarial, manejan litigios. Guillermo Lipera, por ejemplo, coincide con Horacio Lynch, fundador del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), quien planteó el año pasado la fusión del fuero laboral con el comercial. “No dejan de ser contratos entre personas —afirma—. Con el fuero laboral, se ha creado una especialidad: ahí los empleadores se sienten visitantes y con la cancha inclinada”. Una vez dictada la sentencia, la empresa debe actuar con rapidez o enfrentar sanciones. Germán Tuma, dueño de Roliria, una farmacia que fundó su abuelo hace más de 70 años y que cuenta con dos sucursales en Paraná, le ofreció recientemente, sin éxito, su propio Chevrolet Cruze o un terreno de 300 metros cuadrados bien ubicado a una exempleada que trabajó en el mostrador durante 14 años. La sentencia, que también considera que la trabajadora percibía una parte de su salario en negro, genera un interés diario de 80.000 pesos y se acerca a los 70 millones. Tuma, además, abona mensualmente 2,4 millones por un crédito solicitado el año pasado para cumplir con una sentencia similar desfavorable dictada por el mismo juez después del reclamo de un cadete. Está preocupado porque el frío se acerca a su fin y, asegura, la temporada alta de venta de medicamentos está por concluir. Aunque la metáfora podría sugerir lo contrario, la realidad es que las pymes llevan tiempo enfrentando un invierno interminable. Fuente: Diario La Nación.
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por