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» Elterritorio
Fecha: 20/07/2025 15:22
“No es un órgano judicial, sino constitucional: somos el juez de los jueces”, explicó Rafael Pereyra Pigerl, diputado y miembro del Jurado. La urgencia de rever sanciones domingo 20 de julio de 2025 | 6:05hs. Las denuncias se hacen frente al mismo Jurado y los juicios políticos los preside la autoridad del STJ. Foto: Natalia Guerrero La Justicia, también entendida como un valor y derecho humano, no opera en el aire. Requiere de gestión, infraestructura, atención a un contexto y una cultura específicas, conocimiento, y sobre todo personas aptas para administrarla de forma justa -valga la redundancia- hacia quienes se sienten atacados. Por eso es que necesita de una revisión constante en sus formas de impartir justicia y trabajar, y en sus modos de vincularse con la sociedad. Misiones cuenta con un organismo de contralor oficial desde 1958. El Jurado de Enjuiciamiento es el máximo cuerpo constitucional de la provincia para analizar y acusar por irregularidades a quienes detentan la -no menor- responsabilidad de velar y “hacer justicia”. Este organismo se encarga de recibir y estudiar denuncias hechas a jueces o fiscales, y de condenarlos según el caso lo requiera. Una institución que fue telón de juicios que marcaron la historia judicial misionera, desde la destitución de los jueces de Posadas José Luis Rey y Horacio Gallardo, por las escuchas irregulares del gobierno porteño de Mauricio Macri; hasta los reiterados hechos de acoso y abuso sexual de parte del exjuez de Familia de Puerto Iguazú, Pedro Fragueiro, que le costaron su cargo en 2021. Los motivos por los que los magistrados o fiscales pueden llegar a ser removidos son tres. “Hablamos de incapacidad física o mental. Después el delito que puede cometer el juez en ejercicio de sus funciones. Y la más común es la falta de cumplimiento de los deberes al cargo e incumplimiento de los deberes de su función”, explicó Rafael Pereyra Pigerl, miembro del órgano por parte de la Cámara de Representantes, en diálogo con El Territorio. El Jurado recibe entre una y dos denuncias al mes, pero la mayoría de ellas caen por apuntar a situaciones del mismo proceso judicial que deben resolverse por vía ordinaria o extraordinaria, y que no reflejan un “delito” por parte del juez o jueza denunciado. La máxima sanción que puede recibir un funcionario sometido a este organismo es la destitución de su cargo. Según la gravedad del caso, puede ir preso sólo si la Justicia penal lo ordena. Especialistas advierten que los mecanismos de resolución deberían revisarse e incluir otras instancias previas a la remoción. “Uno tendría que ver en el futuro de que los jueces también puedan ser sujetos de algún apercibimiento o sanción, como ocurre a nivel nacional”, observó el abogado y diputado provincial. Hasta dos denuncias por mes El Jurado de Enjuiciamiento está presidido por la máxima autoridad del Superior Tribunal de Justicia de Misiones -Rosanna Pía Venchiarutti Sartori-. Lo componen otros dos miembros del STJ, además de dos diputados provinciales -uno en representación de la mayoría y otro por la minoría- y dos abogados elegidos por sorteo y matriculados en el Colegio de Abogados de la provincia. “La Constitución marca que todos los magistrados están sometidos al control del órgano constitucional y la posible remoción por diferentes causales”, recalcó Pereyra Pigerl al ratificar que “no es un órgano judicial, sino constitucional: somos el ‘juez’ de los jueces”. La denuncia la puede presentar cualquier ciudadano misionero y debe hacerlo ante el mismo Jurado. Corren cinco días hábiles hasta que ese organismo pide al denunciante que ratifique su exposición y, a partir de allí, el trabajo del Jurado debe ser inmediato y reservado hasta el día del jury. “Lo primero que se hace es pedir los antecedentes del denunciado y el jurado se reúne para ver las medidas preliminares. Lo que analizamos es si lo que se está denunciando tiene un remedio procesal: a veces se denuncian cuestiones judiciales o jurisdiccionales, sobre decisiones que tomaron los jueces en determinados casos, y en eso no tenemos competencia”, detalló. En promedio, el Jurado recibe entre una y dos denuncias mensuales. Sin embargo, la mayoría de ellas caen dado que se exponen cuestiones que no son mérito de un jury, sino que requieren una resolución por vía extraordinaria -como un recurso de apelación-. “Se trata de denuncias sobre cosas en las que los abogados que se presentan pueden estar de acuerdo o no”, explicó. El común en varias de ellas es la percepción subjetiva o, lo que observó Pereyra Pigerl, “anuncios con malicia o una actividad procesal para excluir a algún juez o denigrarlo”. Nada más lejos de eso está el Jurado de Enjuiciamiento: “No tiene que ver con la organización del Poder Judicial, sino con casos extremos, en los que lo que se juzga es si ese juez puede seguir en sus funciones o no”. Plazos de sentencia Una vez que se determina que la causa recibida tiene mérito de ser analizado por el Jurado de Enjuiciamiento, se avanza en su estudio y se fija una fecha para el jury. Allí, es el procurador general de la Provincia -hoy Carlos Giménez- quien debe presentar la acusación ante el Tribunal. La sentencia, explicó, debe estar lista y exponerse en un lapso no mayor a 60 días desde que se formaliza la demanda. “Se produce un debate oral en el que está el derecho de garantía, el derecho de defensa y todos los derechos garantizados”. “Si no se dicta sentencia, cae todo el procedimiento y ese funcionario denunciado sigue en funciones”, advirtió al referirse a la importancia de que se logre un proceso constitucional ágil. Una vez destituido, pierde su cargo -como juez o fiscal-, aunque puede mantenerse en la profesión de abogado, decisión que tomó, por ejemplo, el exjuez penal José Luis Rey -fallecido en mayo del año pasado-. Después del juicio que lo destituyó en 2010, el letrado continuó ejerciendo como abogado defensor y docente universitario. Acompañó causas penales resonantes, como el del homicidio de Mirta Carmen Rosa (47), docente jubilada con diagnóstico de “trastorno psicótico esquizofrénico”, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 14 de febrero de 2013 en una cancha del barrio Los Potrillos de Garupá, horas después de haber sido levantada por un patrullero policial (en este caso en la defensa de los policías). Como toda institución, la Justicia no es un ente impoluto. Y por ello tampoco está ajena a los procesos de control e inspección que buscan garantizar que los trabajos hechos y las causas llevadas adelante en la provincia no estén viciadas por conductas indebidas de quienes tienen poder de decisión. “Es una tarea muy linda, pero tenés que tener absoluta claridad en lo que estás haciendo y por eso, cuando se convoca el jurado, son reuniones secretas”, defendió Pereyra Pigerl sobre el trabajo que hace el Jurado de Enjuiciamiento. Un organismo que, desde la vuelta a la democracia, llevó a seis jueces y juezas misioneras a juicio para que se hagan cargo de diferentes actos de corrupción y violencia en los que se vieron involucrados. Compartí esta nota:
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