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Parana » Informe Digital
Fecha: 20/07/2025 08:12
“Si bien hemos avanzado en legislación laboral, a partir del 11 de diciembre continuaremos con la reforma laboral”, afirmó Javier Milei hace diez días en la Bolsa de Comercio. Sin embargo, ¿cuáles son las propuestas concretas que está desarrollando el Gobierno? Se espera que la agenda laboral de los libertarios surgirá del consenso multisectorial alcanzado en el Consejo de Mayo, que este lunes llevará a cabo su segunda reunión para avanzar en este temario esencial. No obstante, en la CGT, que participa del Consejo a través de Gerardo Martínez (UOCRA), ya hay señales de alarma: han tomado conocimiento de que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, busca revivir ciertas modificaciones laborales presentes en el controvertido DNU 70, que fueron detenidas por la Justicia. Estas incluyen la limitación de las cuotas solidarias (principal fuente de financiamiento del sindicalismo), el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo y la descentralización de la negociación colectiva, propuestas que provocan el descontento entre los sindicalistas. Sturzenegger, autor intelectual del decreto 340 que reglamenta el derecho de huelga y paralizó la justicia laboral, forma parte del ala dura del Gobierno y juega un papel fundamental en el Consejo de Mayo, que preside el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, representante del sector dialoguista del oficialismo. No son los únicos que influyen en las cuestiones laborales: también cuentan con voz y voto el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial Santiago Caputo, reconocido como uno de los interlocutores más confiables para el sindicalismo, junto con el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Existen charlas informales y confidenciales entre algunos de estos funcionarios y líderes gremiales, lo que ha aumentado la inquietud en la CGT, que percibe que el Gobierno está en campaña y que muchas de las ideas para modificar la legislación laboral están teñidas por la necesidad de captar votos de un sector del electorado. Los líderes cegetistas, de todos modos, intentan negociar en el Consejo de Mayo para que las propuestas laborales que allí surjan no perjudiquen en exceso al poder sindical. Sin embargo, son conscientes de que, si Milei triunfa con un amplio margen en las elecciones nacionales del 26 de octubre, prevalecerá el ala dura de la administración libertaria e intentarán implementar los cambios más drásticos en la legislación laboral. Desde la cúpula de la CGT, dirigentes como Martínez han estado conversando durante meses con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, con el fin de llegar a consensos básicos sobre producción y empleo. En un gesto amigable hacia la CGT, Rappallini se pronunció a favor de actualizar la legislación laboral, centrándose en “los convenios colectivos de los años 70 que ya no reflejan la realidad productiva actual” y agregó: “Debemos generar incentivos para contratar, y hoy sucede lo contrario. Existen muchos mecanismos que desincentivan el empleo formal.” En este contexto, la CGT presta atención a Sturzenegger, promotor de una reforma laboral que podría irritar a los líderes gremiales, aliado con Caputo, figura fundamental para el Presidente. Sus ideas son funcionales a Karina Milei, quien aspira a la reelección de su hermano y, de paso, busca condicionar a Santiago Caputo, con quien mantiene un fuerte enfrentamiento interno. Desde el sector moderado del Gobierno, cada vez con menor influencia, se proponen suavizar ciertas propuestas que suponen una ruptura con el sindicalismo, como la eliminación de las cuotas solidarias. Los dialoguistas del gabinete nacional creen que no se debe eliminar las cuotas solidarias, sino establecer que solo pueden descontarse del sueldo de los trabajadores si hay una contraprestación explícita correspondiente a ese pago mensual. El DNU 70 provocó una fuerte reacción en la CGT desde el inicio del gobierno de Milei, ya que ponía en riesgo las cuotas solidarias, que desde los años 90 han sido el recurso más eficiente para el financiamiento de los sindicatos mediante descuentos compulsivos a afiliados y no afiliados de un porcentaje del sueldo acordado entre los empresarios y los convenios colectivos de trabajo. De hecho, el DNU 70 permitía el cobro de esas cuotas solidarias a los sindicatos “solo si contaba con un consentimiento explícito del empleado”. Esto, en la práctica, suponía complicar enormemente el sistema que actualmente sostiene el funcionamiento de los gremios. En diciembre de 2023, el líder del Sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, ilustró la situación de manera contundente: “Contamos con 1 millón y medio de trabajadores que aportan todos los meses a las arcas del sindicato, y si de repente esto (la cuota solidaria) deja de existir, desapareceremos como sindicato”. Finalmente, el capítulo laboral del DNU 70 fue detenido en la Justicia tras una presentación de la CGT. Cuando el Gobierno negoció con un sector de la oposición el texto de la Ley Bases, la cuestión de las cuotas solidarias fue uno de los 42 artículos eliminados de la versión original del proyecto para obtener los votos necesarios para su sanción. El temor en la CGT es que un Milei fortalecido en las urnas sucumba ante la tentación de respaldar el proyecto de Democracia Sindical impulsado por la UCR y el PRO (y algunos libertarios) en la Cámara de Diputados: esta iniciativa, que aún no cuenta con dictamen, contempla la prohibición de las cuotas solidarias, además de la eliminación de la reelección perpetua y otras propuestas que imponen fuertes controles y límites al sindicalismo. Uno de los aspectos de la reforma laboral que el Gobierno considera que podría ser aceptado por la CGT es la posibilidad de fraccionar las vacaciones, tal como se detalla en el proyecto de ley de Promoción de Inversiones y Empleo, presentado en la Cámara Baja por la diputada nacional de La Libertad Avanza, Romina Diez, en coautoría con otros 14 colegas de su bloque, y que contaría con el apoyo del PRO. Esa misma iniciativa incluye otros cambios en la Ley de Contrato de Trabajo que el Gobierno respalda y que la CGT rechaza, tales como la modificación del principio de irrenunciabilidad, la limitación de la capacidad del empleado para rechazar cambios en las formas y modalidades de trabajo, la desregulación de la jornada laboral, el endurecimiento del régimen de licencias por enfermedad y la nueva habilitación para los tickets canasta como parte del salario, entre otros. Sin embargo, en la propia CGT aseguran que no tienen conocimiento sobre las propuestas laborales en discusión ni sobre la posible reactivación del DNU 70. “No nos consta y creo que no hay oportunidad para que eso ocurra”, manifestó Gerardo Martínez en conversación con Infobae. “Puede ser que ellos estén en este momento en un estado de campaña y que por ello deseen promover eso -aclaró-. Pero en las conversaciones que estamos teniendo no se ha abordado y sí se ha hablado del consenso y de una agenda de trabajo donde hay derechos y deberes de todas las partes para buscar un mecanismo que sea virtuoso y que atienda las necesidades de una Argentina competitiva, que conquiste mercado y que atraiga inversiones. Y hay muchas cosas que pueden depender de los actores sociales, aunque la mayoría, el 80%, depende de las tres G: Gobierno, gobernabilidad y gobernanza”. ¿Está la CGT dispuesta a discutir la modernización laboral? En este ámbito también hay fuertes diferencias entre los sindicalistas. Algunos se oponen a cambiar ni un solo aspecto de la legislación laboral, mientras que otros están dispuestos a debatirlo, dentro de ciertos límites, como es el caso de Martínez, miembro de la fracción dialoguista. Para el líder de la UOCRA, “con la misma relevancia que tiene para el Gobierno el tema macroeconómico, financiero e inflacionario, es fundamental trazar un camino de la misma dimensión vinculado a la producción, el trabajo y el crecimiento”. “Para ello el diálogo es una herramienta esencial -agregó- que nos brinda a los empresarios y trabajadores la oportunidad de analizar objetivamente cuáles son los factores que impiden que el producto argentino sea competitivo, y allí descubrimos que el costo argentino ejerce una influencia significativa. Tanto la UIA como la CGT comparten la visión de que el valor de la productividad es una dimensión fundamental para alcanzar esa competitividad que buscamos. Martínez destacó que “la productividad no solo se relaciona con la capacidad de nuestros trabajadores, sino con la formación y capacitación profesional que reciban. Es crucial entender que el salario no tiene un impacto significativo en el costo argentino. En este contexto, consideramos que la modernización laboral enfocada en la productividad y competitividad es un aspecto que estamos en condiciones de discutir”. Pero, ¿qué tipo de modernización laboral está dispuesta a debatir la CGT? “Es prematuro adelantar qué cambio debe hacerse -destacó Martínez-, pero sabemos que la posibilidad de jerarquizar la discusión por convenio, el proceso de modernización que debe surgir entre las partes en la negociación colectiva, es una herramienta que generará resultados concretos y beneficiosos para toda la Argentina”. Y añadió: “Una cosa es la campaña y el cliché de la reforma laboral, y lo que observamos es que los países modernos y desarrollados actúan de una manera que prioriza la relación bilateral, otorgando una jerarquía a la convención colectiva de trabajo”. A partir de este lunes, con la nueva reunión del Consejo de Mayo, se dará otro paso hacia la reforma laboral, inicialmente definiendo la agenda de esos cambios a acordar en esta instancia de diálogo. Por la tarde, la mesa ampliada de la CGT revisará nuevamente su participación en estas negociaciones. Sin embargo, todo indica que la nueva reforma se proyecta en el Congreso solo para cuando asuman los legisladores elegidos en octubre: las conclusiones del Consejo de Mayo se conocerán en diciembre. Esto significa que lo que suceda en las urnas acelerará, detendrá o condicionará el contenido de esta temida modernización laboral.
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