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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 20/07/2025 02:38
Cristina Kirchner junto a Javier Milei, en el Congreso Kirchnerismo y mileísmo se parecen en mucho. En particular, en la necesidad de usar la historia y acomodarla a su favor. Basta prestar atención a los agravios que el mismísimo presidente y su entorno le dedicaron a una historiadora Malena Perochena, por no coincidir en la interpretación que sostiene que en la década de 1910 Argentina fue potencia mundial. Cuando la historiadora sobre la que cae toda la agresión mediática del Estado no se presta a sostener el mito de origen, sabe muy bien a qué se resiste. Del mismo modo lo sabe (o tal vez no, pero elijo creer que sí) el director del museo con el que discute en vivo en un programa de televisión. Ambos formados en historia, saben de la importancia que tienen los mitos de origen para construir una narración que enamore a la población. Suponer que la década del ’10 es el momento en el que Argentina es potencia mundial implica no sólo reconocer la riqueza de ese momento, sino las condiciones de la población, las condiciones institucionales, la libertad de prensa y de expresión, la libertad política, etc. A eso no se presta Perochena porque sabe que las condiciones de la década del ’10 no son –in totum- el espejo en el que es deseable mirarse para cualquiera que defienda la democracia. En otros términos, lo que ella dice es: “¿cuál es el costo de ser ricos?, ¿eso equivale a ser potencia?, ¿es deseable aspirar a ello como modelo a seguir?” La respuesta es no, rotundo. Sin embargo, conociendo el uso que la política hace de la historia, me parece interesante tomar los consejos que Maquiavelo nos da a los políticos y aprender de la historia como aquella materia a partir de la cuál se construye la política. El florentino sabía de política, no sólo porque escribió uno de los grandes tratados de la política moderna –El príncipe-, sino por su experiencia como segundo en la Cancillería durante sus años de juventud. El gran texto de Maquiavelo, donde despliega toda su reflexión sobre la importancia de la república es el que lleva el título del gran historiador romano, Tito Livio. Maquiavelo pone la historia de Roma en el centro de las reflexiones sobre la república tal como las narra Tito Livio. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto? Algo sobre lo que me parece fundamental reflexionar hoy: el derecho al veto. En el pasaje de la monarquía romana hacia la república, junto con la escritura de las XII Tablas –primeras fuentes del derecho Occidental-, se crea la carrera de la magistratura. No casualmente, en oposición a las posiciones de mando de la monarquía, todas las magistraturas eran colegiadas, es decir, eran más de dos: dos los cónsules o muchos los pretores de Roma y muchos más los itinerantes, etc. Junto con las magistraturas, existía el Senado que se convirtió en la institución más longeva de Roma: desde la monarquía, pasando por la república y terminando en el imperio. Sin embargo, los magistrados romanos abusaron de su poder contra la plebe y, cuenta la leyenda –porque la historia está plagada de ellas-, los plebeyos se retiraron de la ciudad hacia el monte Aventino y no regresaron hasta que los magistrados no reconocieron una magistratura que era únicamente popular, a la que no accedían los nobles. La magistratura era el “Tribuno de la plebe” y tenía el derecho de vetar cualquier decisión que tomara cualquier otra magistratura o el mismo Senado si estaba en contra de los derechos plebeyos. Los Tribunos eran los únicos que podían vetar. Por lo que narra Tito Livio y otros historiadores, no se conoce abuso del poder de veto de ningún tribuno. El Tribunado era una magistratura que, como todas las otras, era electiva y duraba un tiempo determinado. Estuvo clara la decisión de construir una república cuando los cargos que se crearon fueron colegiados, electivos y con caducidad. El poder centralizado, monárquico o imperial en el caso romano, tiende a ser único, hereditario y permanente. Sin embargo, no alcanzó con eso, crearon también el veto que se constituyó como el límite al poder de la nobleza. La república cae en el año 27 d. C., cuando Octaviano asume la suma del poder público, se apropia del derecho a veto y se convierte en Augusto, el primer emperador (o príncipe, según quien cuente la historia) de Roma. Mientras que el Congreso aprobó una ley que mejora los haberes jubilatorios, el gobierno ya anticipó que vetará la medida El poder de veto, en sus orígenes romanos, fue la salvaguarda de la república porque fue la salvaguarda de los plebleyos. La política romana jamás hubiera podido dirimir los conflictos intrínsecos a todas las sociedades si no les hubiera dado una posibilidad de limitar el poder de los nobles a los plebeyos, si no hubiera mantenido la institución del Senado a lo largo de la historia, y si no hubiera cambiado las características de las magistraturas a las que se accedía a través de una ardua tarea. Si leemos, entonces, la historia de Roma, tenemos que saber que el poder del veto nunca fue usado de manera abusiva, que sirvió para defender a los sectores plebeyos del pueblo romano. El veto, en nuestra república, es lo que podría usarse para salvar a los jubilados, médicos con salarios de pobreza, docentes y no docentes universitarios a punto de extinción y demás trabajadores en blanco, pero especialmente los que están en negro, solo para el caso de abuso por parte de la política. Jamás justificaría la historia que un presidente utilice el veto para oponerse a una decisión que el Congreso tomó para cuidar a los ciudadanos más vulnerables. El veto es hoy la amenaza del garrote que usa desde el propio Presidente hasta todos aquellos que sostienen y justifican la crueldad del ajuste. Lo hace disfrazando de problema fiscal lo que en realidad es un problema social que requiere una respuesta política y también institucional. La Constitución Nacional concede al mandatario principal su atribución para vetar leyes del Congreso, como también le adjudica a éste el voto de insistencia para rechazar aquel. Está claro entonces que la última palabra ha sido otorgada al Poder Legislativo, como parte de un proceso completo no solo de sanción de leyes sino de asignación de recursos. La manda constitucional ha sido bien estricta en cuanto a restringir las facultades legislativas que no podrá ejercer el Ejecutivo sin determinadas condiciones y limitaciones, y lo ha sido aún más asignando a éste la confección del Presupuesto pero dejando su aprobación final en manos de ambas cámaras legislativas. Un Ministro de Economía que en dos años de gobierno nunca creyó que tenía responsabilidad de ir al Congreso a explicar nada, viene sosteniendo la ultraactividad de un Presupuesto prorrogado usando justamente el de otro gobierno al que denosta en el discurso público pero imita en muchos comportamientos de gestión. El Congreso ha ido recogiendo las demandas sociales sobre las que ha fijado preeminencia para su atención según los niveles de urgencia de los sectores afectados. La recomposición de los haberes jubilatorios, la situación de las personas con discapacidad, universidades, la emergencia post temporal de Bahía Blanca vienen siendo los temas de la agenda legislativa a la que, con duros discursos, el Ejecutivo resiste bajo la amenaza del garrote (léase el veto, que no defiende sino que castiga al pueblo, luego de otorgar beneficios a los sectores de más altos ingresos). Aquí volvemos a la esencia misma de la historia y del funcionamiento de la república. Bajo la mentira del impacto fiscal de las medidas tomadas por el Congreso hace rugir una protesta incomprensible. Ni siquiera leyeron el capítulo de la ley de jubilaciones que prevé el financiamiento de los demás artículos. La Constitución le otorga al Congreso la priorización del gasto, aceptando las restricciones presupuestarias. Entonces el Ejecutivo debe someter a debate el Presupuesto Nacional para discutir ahí la asignación de los recursos, respetando el rol institucional del legislativo para fijarlos de manera definitiva. No puede actuar a espaldas del Congreso. Porque nos volveríamos a encontrar con un acto propio de la monarquía romana, inconcebible en nuestra democracia del siglo XXI le pese a quien le pese. Margarita Stolbizer sostiene que "bajo la mentira del impacto fiscal de las medidas tomadas por el Congreso", el presidente Milei sus funcionarios "hacen rugir una protesta social incomprensible" Son los representantes del pueblo, reunidos en el Congreso de la Nación, quienes deciden las priorizaciones del gasto y asignan los recursos. No estamos discutiendo una cuestión fiscal sino una cuestión republicana. Si el Congreso tiene el Presupuesto, lo discute y fija prioridades, mantiene el equilibrio fiscal con un esquema de gastos tal como la Constitución Alberdiana manda. No discutir el Presupuesto, prorrogarlo por DNU y asignar los gastos como quiere el PEN y decir que si el Congreso cumple su deber es golpista, entonces el problema no son las cuentas públicas, el problema es el modo democrático y republicano de vida. Ahí es donde el dilema “votar o vetar” cobra el valor de la actualidad que no puede sino recoger los consensos de cuarenta años de democracia con vigencia de un sistema electoral que pone en el voto popular a sus representantes el valor de aquellos tribunos de la plebe para que ellos hagan realmente lo que les corresponde en el ejercicio del poder que se les ha concedido. Estamos extinguiendo, por desaparición o por emigración, nuestro mayor capital que es el pueblo. Los viejos y los enfermos pobres se mueren, los jóvenes que pueden, emigran a otros países en los que el conocimiento y las ganas de crecer se valoran. Estamos construyendo una sociedad de la timba, donde ganan los apostadores de la bolsa –ya lo pueden hacer desde los 13 años incluso-, pero no solo. Estamos malversando también los fondos de un Estado que se construyó sobre los pilares verdaderamente liberales de la salud y la educación pública. Un Estado que era un pueblo que incluía las diferencias e hizo de ellas lo que llegó a ser. No una potencia mundial, pero sí un faro en América Latina en el que la clase media era enorme, próspera, educada e inclusiva. Foucault dijo en 1974 que la biopolítica es el arte de “hacer vivir o desplazar hacia la muerte”. Nunca más claro que hoy quienes están siendo desplazados hacia la muerte y quienes son los vivillos que se enriquecen. Urge construir una sociedad más humana, capaz de mostrar su empatía frente a quien la pasa mal. Urge una representación política que se parezca mucho más a aquello que representa que a las minorías exclusivas que miran al resto desde arriba. Urge tener una alternativa electoral que ofrezca equilibrio, decencia y una visión de Nación inclusiva, justa con una historia que nos enorgullezca y un futuro que nos ilusione.
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