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» Tumisiones
Fecha: 20/07/2025 00:53
El faltante de chapas patente se ha convertido en un serio inconveniente para miles de ciudadanos en todo el país, que, pese a haber cumplido con todos los trámites legales, no pueden circular normalmente con sus vehículos por no contar con la documentación definitiva. Ante esta situación, la diputada nacional de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, presentó un pedido formal de acceso a la información pública dirigido al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La legisladora exige explicaciones concretas sobre las demoras y complicaciones generadas por la falta de provisión de patentes, amparándose en la Ley 27.275 que garantiza el derecho a acceder a información del Estado. “El Estado no puede seguir fallando en cuestiones básicas que afectan la vida cotidiana de los argentinos. Es inadmisible que quienes hacen las cosas bien terminen perjudicados por la ineficiencia del Gobierno”, sostuvo Campagnoli en su presentación. El pedido de la diputada apunta a conocer en detalle las causas del problema, los plazos previstos para su solución, la cantidad de dominios provisorios actualmente vigentes, y el estado del proceso de licitación que derivó en la adjudicación del servicio a la empresa Tönnjes Sudamericana S.A. También solicitó información sobre los proveedores anteriores y las razones por las cuales dejaron de operar. Campagnoli recordó que desde el Ministerio de Justicia se había prometido en mayo la normalización del sistema, plazo que ya venció sin avances concretos. “Queremos saber por qué no se cumplió con ese compromiso y qué medidas se están tomando para resolverlo”, remarcó. La preocupación fue acompañada por otros legisladores, quienes advirtieron que esta situación refleja la desorganización en áreas clave del funcionamiento estatal. El faltante no solo retrasa la entrega de vehículos, sino que expone a los ciudadanos a sanciones por circular sin la documentación oficial, aún habiendo cumplido con todas las exigencias legales. “El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la ley y facilitar la vida de quienes la respetan. No puede ser que una gestión ineficiente genere consecuencias negativas para los ciudadanos”, concluyó Campagnoli. Fuente. NA
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