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La Paz » Politica con vos
Fecha: 19/07/2025 23:36
La idea es implementarlo por etapas y, tal como anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, será a través de un esquema mixto «que combina una licitación publica nacional e internacional» y «una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores». El Gobierno anunció de manera oficial la privatización de Aysa, empresa proovedora del servicio de agua potable y de tratamiento de desagües en la Ciudad de Buenos Aires y otros 26 distritos de la zona del AMBA. Un informe de Cecilia Camarano para Ámbito reveló el paso a paso del plan que tiene el Gobierno para llevar adelante la operación de privatización. Este constará de cuatro ejes principales: venta de acciones, licitación y oferta pública, actualización de tarifas y corte de servicio y financiamiento de obras de infraestructura. De acuerdo con lo que expuso el vocero presidencial, Manuel Adorni en conferencia de prensa, la determinación se tomó debido a que «desde su reestatización en 2006, AySA requirió aportes permanentes del tesoro nacional totalizando un total de u$s13.400 millones, hasta 2023». El pase de la empresa a manos privadas «permitirá modernizar el sector y mejorar el precio y la calidad del servicio. Es el paso mas importante». En total, su alcance abastece a más de 11 millones de personas con agua potable y a más de 9 millones de personas con saneamiento. Venta de acciones La iniciativa del gobierno de Javier Milei incluye la venta del 100% de las acciones que el Estado Nacional posee en la compañía, que actualmente representan el 90% del capital accionario. El 10% restante, en tanto, continuará en manos de los empleados, quienes seguirán siendo accionistas de AySA junto con los nuevos inversores privados que ingresen durante el proceso de venta de la empresa. De acuerdo con el informe de Ámbito, habrá una primera etapa en la que el Estado intentará vender al menos el 51% de las acciones y pasaría a ser administrada por los nuevos accionistas. Aseguran que se implementará un marco regulatorio para garantizar la calidad del servicio. Licitación y oferta pública El objetivo de la licitación es la de incorporar un operador estratégico cuyo plazo para la finalización es de 330 días. En una segunda etapa, se realizará una Oferta Pública Inicial (OPI) para otros interesados en la empresa y su implementación tomará unos 90 días adicionales y, de acuerdo con estimaciones oficiales, la adjudicación sería recién en 2026. El proceso estará regulado por la Comisión Nacional de Valores y se ajustará a los más altos estándares nacionales e internacionales para garantizar una transferencia adecuada. Hasta el momento, el Gobierno no dio cifras concretas sobre el dinero que esperan obtener mediante la venta del capital accionario de la compañía de agua. Sin embargo, reconocieron que hay interesados locales y regionales en adquirir un porcentaje de la firma pública. Financiamiento de las obras de infraestructura La propuesta tiene que ver con que el concesionario se encargue de las obras, pero a través del cobro mensual a los usuarios por las boletas. De la mano de las políticas libertarias, la idea es que «sean las propias provincias, los municipios e incluso los vecinos» los que lleven a cabo las mejoras en caso de que sea necesario. Actualización de tarifas y cortes de servicio Uno de los puntos polémicos del plan está vinculado a los cortes del servicio. Pese a revestir el carácter de «esencial», actualmente AySA está habilitada, según el artículo 81 de la ley 26.221, a suspender el suministro en determinados casos, previo aviso. De esta forma, se podría dejar sin suministro a aquellos usuarios que no estén al día con la factura. En cuanto a las actualizaciones de las tarifas, se establecerá por medio del contrato de concesionario cuál será el método para revisar los valores. De momento, el Gobierno plantea un ajuste trimestral. (C5N)
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