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  • Violencia de género: advierten por caída en las denuncias y desmantelamiento de políticas estatales

    » Data Chaco

    Fecha: 19/07/2025 17:33

    Durante los primeros tres meses de 2025, se registraron 4.746 denuncias por violencia doméstica, de las cuales el 73% correspondió a mujeres, según datos oficiales. Aunque la cifra representa un leve incremento respecto a años anteriores —cuando el promedio diario pasó de 30 denuncias en 2023 a 49 en 2024—, especialistas advierten que no puede hablarse de una tendencia consolidada, y que el problema de fondo sigue siendo el mismo: la violencia persiste y cada vez más personas optan por no denunciar. Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la especialista en violencias Agustina Rossi explicó que si bien las estadísticas muestran cierta estabilidad, "no vemos un aumento significativo, como tampoco un descenso contundente", y remarcó que es necesario analizar los datos en una perspectiva más amplia para identificar patrones. "Estos datos son importantes porque demuestran que la violencia existe, que no desapareció y que no puede ser negada, como afirman algunos discursos oficiales que sostienen que no se necesitan políticas públicas específicas para enfrentar esta problemática", subrayó Rossi. Menos denuncias no significa menos violencia Uno de los aspectos centrales del análisis es que las fluctuaciones en la cantidad de denuncias no reflejan de manera directa el volumen real de casos. "El ascenso o descenso en las cifras no necesariamente se vincula con mayor o menor violencia —explicó Rossi—. Muchas veces lo que cambia es la decisión de las personas de acercarse a pedir ayuda". La especialista advirtió que solo 2 de cada 10 mujeres que sufren violencia llegan a realizar una denuncia, lo que implica que la gran mayoría permanece por fuera de los registros oficiales. "Se trata de un universo muy pequeño dentro del total de mujeres y diversidades que atraviesan situaciones de violencia, pero que por distintos motivos no denuncian", sostuvo. Entre las causas que desalientan las denuncias, Rossi apuntó directamente al desmantelamiento de las políticas públicas de atención y prevención: "Desde el inicio del nuevo gobierno, no hay organismos nacionales activos que diseñen ni ejecuten políticas específicas, ni campañas de información para orientar a las víctimas. Esto genera confusión, desconocimiento y una sensación de abandono". El achicamiento del Estado y la pérdida de respuesta La situación se agrava con la reducción o eliminación de dispositivos que funcionaban previamente, tanto a nivel nacional como local. Rossi destacó, por ejemplo, la disminución de la atención en los Centros Integrales de la Mujer en la Ciudad de Buenos Aires, el recorte del programa Acompañar y las limitaciones en el funcionamiento de la línea 144, lo que afecta directamente la capacidad del Estado para dar una respuesta oportuna. "Si la respuesta estatal se achica, las mujeres terminan perdiendo la posibilidad de recibir ayuda en tiempo y forma", advirtió. A este escenario se suman los discursos estigmatizantes y las iniciativas legislativas que proponen penalizar con dureza las denuncias consideradas falsas, aun cuando ya están contempladas por el Código Penal. Un proyecto presentado este año, con dictamen favorable, plantea penas de hasta seis años de prisión para quienes no puedan probar haber sido víctimas de violencia de género, abusos sexuales o maltrato infantil. "Esto va a tener un impacto directo en las decisiones de las personas que buscan ayuda —advirtió Rossi—. Muchas veces la violencia se sufre puertas adentro, sin testigos, y es muy difícil demostrar lo que ocurrió. Pero eso no significa que la víctima esté mintiendo". Además, cuestionó la base sobre la cual se construye el proyecto: "Es falso que haya un alto volumen de denuncias inventadas", remarcó. Datos de ONU Mujeres (2024) indican que menos del 1% de las denuncias por violencia de género en el mundo son falsas, y en Argentina, aunque no hay estadísticas oficiales consolidadas, los estudios disponibles estiman que representan menos del 3%, en su mayoría vinculadas a conflictos económicos, no a delitos sexuales o de género. Notas Relacionadas

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