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Concordia » Hora Digital
Fecha: 19/07/2025 13:15
El bono de $70.000, sin actualizar desde marzo, amplía la desigualdad entre jubilaciones mínimas y máximas. La falta de actualización del bono de $70.000, vigente desde marzo de 2024, ha profundizado la brecha entre las jubilaciones mínimas y máximas en Argentina. Según datos verificables de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en diciembre de 2023 la jubilación máxima ($711.345) equivalía a 4,4 haberes mínimos ($160.713). Para julio de 2024, esta relación se amplió a 5,5, con un tope de $2.081.261 frente a un haber mínimo de $379.294. Esta desigualdad también se refleja en los regímenes especiales. Informes estadísticos de ANSES del tercer y cuarto trimestre de 2024 muestran que, por ejemplo, los haberes del Servicio Exterior de la Nación pasaron de representar 20,5 jubilaciones mínimas a 31 en ese período. En el Poder Judicial de las provincias, la brecha creció de 12,4 a 17,2 haberes mínimos, mientras que en el Poder Judicial de la Nación se mantuvo en 21. En promedio, los regímenes especiales pasaron de equivaler a 5 jubilaciones mínimas a 6. Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, advirtió sobre la gravedad de la situación en una entrevista con TN: “¿Quién me dice el valor de una vida?”. En diálogo con PERFIL, afirmó: “Las brechas se explican por la pérdida de las mínimas. En 2024, las mínimas, sobre una inflación del 118%, ajustaron un 105%, y las contributivas de aportes directos estuvieron 27 puntos por encima”. Semino también criticó las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre haberes medios de $900.000, señalando que “está hablando exclusivamente de ese sector. Para él hay cinco millones de jubilados que no existen, los toma como subsidiados”. Según el informe de ANSES de fines de 2024, de un total de 7.437.437 jubilados y pensionados, el 48% percibía haberes menores o iguales a un haber mínimo, el 17% entre una y dos mínimas, y el 36% restante dos o más. Esto indica que al menos el 65% no supera las dos jubilaciones mínimas, evidenciando la precariedad de una mayoría. Semino también denunció trabas burocráticas en el acceso a medicamentos por parte de PAMI, como rechazos de cobertura por supuesta posesión de múltiples inmuebles. “Pedimos el certificado en el Registro de la Propiedad del Inmueble y realmente esas personas tienen uno solo. ¿Qué hace PAMI? Les dice que tienen que ir al Registro a sacar otro certificado, que sale $10.000”, afirmó, destacando cómo estas barreras agravan la emergencia humanitaria de los jubilados.
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