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Parana » APF
Fecha: 19/07/2025 12:30
Desde el Bloque de Juntos por Entre Ríos salieron al cruce del edil opositor, Satalia Méndez, y defendieron la decisión del intendente Francisco Azcué de reglamentar la actividad sindical dentro del municipio. Sostuvieron que busca “garantizar la atención sin interrupciones a los ciudadanos que pagan sus impuestos”, se sostuvo en un comunicado. sábado 19 de julio de 2025 | 12:00hs. Los ediles oficialistas respaldaron el Decreto N° 679/25 mediante el cual “el intendente Azcué ha decidido reglamentar las actividades que llevan adelante los dirigentes y delegados sindicales que representan al personal municipal, buscando garantizar la atención sin interrupciones a los ciudadanos que pagan sus impuestos”, sostuvieron mediante un comunicado que publicó Diario Río Uruguay. Al tiempo que enfatizaron que “sin entrar en largas peroratas que no interesan a nadie, queremos recordarle al doctor Satalia Méndez que como estudió en Derecho Constitucional, los derechos consagrados por la carta magna se ejercen conforme las leyes que reglamenten su ejercicio. Asimismo, que el texto constitucional garantiza la autonomía municipal”. En ese marco, sostuvieron que les resulta “cuanto menos llamativo que el colega enarbole las banderas unitarias de Rivadavia y Lavalle en detrimento del legado federal de Pancho Ramírez y Urquiza, en una cuestión que es netamente de Derecho Municipal. Aquí no se ha hecho más que decidir en materia administrativa local no delegada al Gobierno Nacional”. Por otro lado, “aunque hoy reniegue de sus orígenes, el concejal Satalía Méndez obtuvo su lugar en la lista de concejales del PJ por la dedocracia del presidiario Kueider, mano derecha de Gustavo Bordet. Si quiere hablar de conductas reñidas con la ley, que empiece por casa”, indicaron. Para finalizar los concejales subrayaron que “el ex gobernador peronista Bordet dictó los Decretos Nº 97/2018 MGJ, Nº 384/2018 MGJ y Nº1318/1996 MGJE, que sirvieron de antecedentes para la medida dictada por la administración municipal. La validez de todos esos decretos ha sido confirmada por la justicia entrerriana en fallos recientes, luego de que ATE buscara su judicialización”.
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