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  • Causa avanza sin condenas gracias a la ley de juicio en ausencia que facilita el proceso judicial

    Parana » Informe Digital

    Fecha: 19/07/2025 12:12

    Han transcurrido 31 años desde el atentado terrorista más cruel en la República Argentina, y el reclamo de justicia persiste, incluso después de la victoria del gobierno de Javier Milei durante las sesiones extraordinarias que promovieron la ley de juicio en ausencia, sancionada en febrero. Aunque aún no hay condenas judiciales firmes, salvo las que se han dictado en otros juicios vinculados al ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina, ocurrido el 18 de julio de 1994 y que dejó 85 muertos, el juez federal Daniel Rafecas, a solicitud del fiscal de la UFI AMIA, Sebastián Basso, ha logrado avanzar en el proceso. Menos de un mes atrás, Rafecas resolvió la implementación del juicio en ausencia para los diez acusados de nacionalidades libanesa e iraní, quienes se encuentran prófugos. En su decisión, el juez consideró el dictamen de la fiscalía, que indicó que los involucrados eran miembros de la división armada de Hezbollah y que ejecutaron el ataque bajo las órdenes y el patrocinio económico del gobierno iraní, junto a funcionarios diplomáticos de ese país en Argentina. Las órdenes de captura, también conocidas como “alertas rojas de Interpol”, siguen vigentes para Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. No obstante, Hernán Silva, defensor público, apeló la aplicación de este instrumento jurídico, calificándolo como una figura “abiertamente incompatible con los principios de defensa material, inmediación y contradicción”. Esta impugnación fue respaldada por la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia), Memoria Activa y la Asociación 18J-Familiares y Amigos de las Víctimas en el Atentado a la AMIA. Así, la decisión sobre la validez del juicio en ausencia quedó en manos de los magistrados de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens y Martín Irurzun. A lo largo de estas tres décadas, el ataque a la AMIA ha sido escenario de tres juicios orales que se llevaron a cabo en Comodoro Py. El primero, conocido como “la conexión local”, imputó a 22 personas, destacando a Carlos Telleldín, el reducidor de autos señalado como el encargado de la Trafic utilizada como coche bomba para perpetrar el ataque; resultó absuelto y el debate fue declarado nulo. El segundo juicio se enfocó en investigar las irregularidades del proceso anterior, tras las afirmaciones de Telleldín, quien declaró haber recibido 400 mil dólares para incriminar a oficiales de la Policía Bonaerense. En este caso, el juez Juan José Galeano fue condenado, junto a varios agentes de inteligencia como Hugo Anzorreguy, pero no se comprobó que tuvieran responsabilidad directa en el ataque. Finalmente, el tercer juicio determinó la responsabilidad de Telleldín en la venta de la Trafic utilizada para el atentado. Luego de solicitar penas que iban de 20 años a perpetua, en diciembre de 2021, el TOF 3 no logró probar que el acusado estuviera al tanto del destino del vehículo que se usó como coche bomba, y así volvió a quedar absuelto.

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