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» El Ciudadano
Fecha: 19/07/2025 09:04
La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) rechazó este viernes el Proceso Preventivo de Crisis (PCC) presentado por la firma Verónica, por falta de balances y documentación. La audiencia entre trabajadores y la empresa láctea fue convocada por la Secretaría de Trabajo de la Nación. La empresa cuenta con 700 obreros, que se desempeñan en las plantas de Suardi, Lehman y Clason. Por ahora no hubo despidos, pero se adeudan salarios y, de aceptarse el PCC, peligran más de 200 puestos. La Secretaría de Trabajo pidió a la empresa respaldar su pedido con mayor material probatorio. Obreros de la planta de Clason manifestaron, en un comunicado que de junio, que la crisis que atraviesan no responde a una coyuntura económica genuina, sino a una posible estrategia empresarial para licuar pasivos, fugar recursos y evitar responsabilidades. “No estamos frente a una crisis inevitable, sino frente a una crisis fabricada”, indicaron. «Seguimos acompañando a los trabajadores e instamos a los sectores gobernantes de municipios y de la provincia a defender estas 700 fuentes laborales genuinas», dijo el diputado provincial Carlos Del Frade, quien viene acompañando la situación. «Lo que estamos viendo acá es un conflicto inventado por los propios patrones, muy parecido a lo que pasó en Vicentin. Hacen la invención de una crisis para despedir trabajadores e incluso con la idea de traspasar bienes a otras empresas», añadió. Este jueves la empresa completó el pago cuotificado de los salarios de mayo. Aún adeuda el sueldo de junio, el medio aguinaldo y aportes de la seguridad social. Por otro lado, la firma debe más de 2.000 millones de pesos en cheques rechazados que se entregaron a tamberos, con un acumulado de 8.000 millones de pesos adeudados a diferentes entidades financieras, según el Banco Central. La emergencia laboral y más de 200 puestos de trabajo en riesgo El Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) está incluido en la Ley de Empleo 24.013, para que ante dificultades económicas o situaciones de fuerza mayor, las empresas puedan generar suspensiones o despidos de personal con reducción de montos indemnizatorios. Lácteos Verónica pretende contar con los beneficios de la declaración de emergencia laboral. La empresa ya había adelantado la intención de despedir al 30% del personal, lo que afectaría a más de 200 personas, abonando una indemnización del 50% en cuotas. Además, pretende dar de baja el Convenio Colectivo de Trabajo, lo que significaría una reducción salarial para quienes sigan en la empresa. El proceso incluye un pedido de «suspensiones aleatorias» de acuerdo a la necesidad productiva de la empresa. Si Verónica y el sindicato no llegan a un acuerdo formal en el ámbito brindado por el Poder Ejecutivo, las partes pueden solicitar una audiencia de mediación del caso en las autoridades laborales.
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