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» Diario Cordoba
Fecha: 19/07/2025 08:45
Cuando se levanta el secreto que pesa sobre un sumario, quedan al descubierto las distintas líneas de investigación seguidas por fiscalía y, en el caso Montoro, Guardia Civil y Mossos, para tratar de desentrañar todos los métodos utilizados por la presunta trama de corrupción desarticulada para lucrarse y tratar de ocultarlo. Una de esas líneas pasa por desentrañar si el exministro Cristóbal Montoro se desvinculó realmente del despacho que fundó cuando dejó el Gobierno de José María Aznar, Equipo Económico. Él siempre ha sostenido que lo hizo en 2008, de tal forma que para cuando volvió a Hacienda con Mariano Rajoy como presidente, ya no guardaba ninguna relación con él. Las dudas de los investigadores surgen por la forma en la que se desprendió de sus acciones, según consta en el sumario al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La fiscal Anticorrupción adscrita a la causa, Carmen García Cerdá, considera sospechoso que cuando Montoro se desprendió de su participación "no se ejercitaran derechos de adquisición preferente. Añade que "llama la atención que el paquete del señor Montoro acabara en manos del señor Martínez Rico (que parece no detraía ingresos del despacho acorde al porcentaje de participación formal), así como en las de su hermano (del que no consta el ejercicio de funciones, ni toma de decisiones, ni representaciones o autorizaciones en cuentas, ni flujos de renta inherentes a su participación, por otro lado nada desdeñable)". Felipe Martínez Rico fue luego jefe de Gabinete de Montoro en Hacienda, cuando volvió al Gobierno de la mano de Mariano Rajoy. El escrito fiscal señala que el hermano del exministro "a su vez pudiera parecer que repartió dichas participaciones al resto de socios", pero "no en función al porcentaje de estos en el momento de la transmisión (quedándose fuera del reparto el accionista mayoritario), sino aproximadamente coincidente con los existentes en 2008 cuando el señor Montoro permanecía en el despacho". En opinión de la representante del ministerio público, ello "redundaría en el mantenimiento del estatus, del control societario, de condiciones o pactos entre socios". De ahí que proponga al juez instructor, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, "ahondar en la investigación de dicha operación" de la desvinculación efectiva para determinar si fue tal y las capacidades de decisión y control de cada socio, así como los eventuales pactos entre ellos o las ventas condicionadas que se pudieran producir y cualquier otra circunstancia. A petición de los Mossos y la Guardia Civil, con el apoyo de Anticorrupción, el magistrado libró oficios a distintas entidades bancarias para reclabar información sobre las cuentas de los distintos imputados y de sus empresas, así como de las que acudían a Equipo Económico para tener acceso a Hacienda y con él poder lograr una legislación más beneficiosa para sus intereses. En una de sus resoluciones el juez instructor cifra la rebaja fiscal obtenida por las empresas de gases industriales contrataron a este despacho en un 85%, lo que seguía haciendo muy ventajoso recurrir a sus servicios, pese a la cantidad que le pagaban, que alcanzó los 779.705 euros, según lo declarado por el propio Equipo Económico. La fiscal, tras recordar la petición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se hacía eco de una de las conclusiones del informe de la Agencia Tributaria en el que este organismo dice que "llama la atención que existan socios que prácticamente no perciban formalmente ingresos del despacho, la obtención de ingresos por diversos ex socios del despacho en ejercicios posteriores a su salida formal, el no ejercicio de derechos de adquisición, así como las discordancias entre los porcentajes de participación en Equipo Económico y los ingresos percibidos directa o indirectamente por los socios a lo largo del periodo analizado, considerando asimismo que los resultados se acumularon a reservas, sin reparto, hasta el ejercicio 2016". Ante esas circunstancias detectadas por la AEAT, Anticorrupción considera que "unidas a los errores y discrepancias señaladas en cuanto a los sujetos, sus porcentajes de participación" y los obtenidos de su venta, resulta conveniente "obtener documentación más precisa sobre movimientos de cuentas, titularidades, cuotas de participación, tomas de decisiones", con el fin de "descartar personas interpuestas, pactos entre socios y/o ventas de participaciones, cuyo precio real pudiera superar el valor nominal declarado". Suscríbete para seguir leyendo
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