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Gualeguaychu » El Dia
Fecha: 19/07/2025 07:40
El Gobierno de Javier Milei espera lanzar antes de fin de año una licitación pública nacional e internacional por al menos el 51% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), con el objetivo de que en menos de un año el servicio pase a ser controlado por un privado. El remanente del paquete accionario que quede en manos del Estado, que es dueño del 90% de la compañía, será subastado en la Bolsa también en 2026. El Estado posee el 90% de las acciones de la empresa y el 10% restante pertenece a los empleados. Con la Licitación Pública Nacional e Internacional (LPNI) por el 51% del paquete accionario el gobierno busca “incorporar un operador estratégico con experiencia y capacidad técnica” y ese proceso se llevará adelante en los próximos 330 días. En la empresa señalaron que ya comenzaron a realizar roadshows con la ayuda de la Corporación Financiera Internacional (CFI), del Banco Mundial, para tantear el interés de inversores. También mencionaron que varias empresas que participan de licitaciones en Brasil, y que no se adjudiquen ningún proyecto en ese país, estarían dispuestas a “jugarse una ficha” por Aysa. La venta de al menos el 51% de las acciones implica que la concesión del servicio pasará a ser controlado por un privado, pero los activos seguirán perteneciendo al Estado y volverán a sus manos una vez que termine el contrato de la concesionaria, período que todavía no fue definido. En despachos oficiales no descartan que se permita competir a consorcios de empresas, por la complejidad de la administración y por la necesidad de nuevas obras frente a un déficit estructural de la red. Puede interesarte Para despertar el interés de empresas o consorcios la intención oficial es realizar modificaciones en el marco regulatoria de la concesión que tiene Aysa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con propuestas entre las que se encuentran que la nueva concesionaria pueda proceder al corte de servicio a residenciales que presenten atrasos de pagos, ajustes trimestrales de tarifas en base a inflación y que las obras sean financiadas por los usuarios en sus boletas finales. Actualmente, la restricción del servicio, según el Artículo 81 del Marco Regulatorio aprobado por la Ley 26.221, procederá solamente en caso de mora de los Usuarios Residenciales que hayan incurrido en la falta de pago de las facturas por dos períodos consecutivos de facturación. Previamente la Concesionaria deberá haber remitido una intimación de pago fehaciente con 15 días de anticipación. Ese protocolo seguirá vigente antes de las eventuales restricciones de los hogares en caso de que avance la propuesta. El corte de los servicios procede actualmente sólo en caso de Usuarios No Residenciales (comercios e industrias, por ejemplo) y se hace efectivo por falta de pago de las facturas de dos períodos de facturación y previa intimación fehaciente con 10 días de anticipación. Puede interesarte Esos cambios representan un fuerte contraste contra el modelo aplicado desde la estatización de la empresa en 2006, en busca de garantizar una ecuación económica favorable. Actualmente, los hogares sólo pueden sufrir restricciones parciales de servicio cuando adeuden 2 períodos consecutivos de facturación, las tarifas se actualizan mensualmente por determinación arbitraria del Ministerio de Economía y las obras fueron financiadas en los últimos años por el Tesoro, a partir de préstamos con organismos multilaterales o transferencias directas, o por inversiones de capital de la empresa.
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