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Parana » Informe Digital
Fecha: 19/07/2025 03:22
En el contexto de la causa relacionada con el ataque a la vivienda del diputado nacional José Luis Espert, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ha ordenado el procesamiento de la funcionaria del Ministerio de las Mujeres y Diversidades de la Provincia de Buenos Aires, Alesia Abaigar, de la concejal camporista de Quilmes, Eva Mieri, y de Iván Díaz Bianchi, un empleado administrativo del Hospital provincial Cetrángolo, en Vicente López, quien tiene 22 años. A los tres se les imputa, en calidad de coautores, los delitos de atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación a la persecución u odio por motivos políticos. Para Arroyo Salgado, Abaigar y Mieri “fueron parte, en calidad de organizadoras, de una agrupación, al menos transitoria, cuyo fin era condicionar la actuación presente y/o futura del diputado nacional Espert en primer lugar, y del resto de la sociedad que no comparte los ideales políticos de esa organización, a través de actos violentos e intimidatorios, como el que se investiga actualmente. Esto se agrava por el hecho de que, para tal fin, se utilizaron bienes del estado, aprovechándose de la disponibilidad que le otorga a Mieri su cargo como funcionaria pública.” El ataque contra el diputado libertario incluyó lanzar excremento frente a su domicilio en la localidad de Beccar, San Isidro, el 17 de junio pasado, así como la colocación de un pasacalle en la fachada de su casa con la inscripción: “Acá vive la mierda de Espert. Con Cristina no se jode”. La jueza determinó que Abaigar y Mieri, ambas militantes kirchneristas, “organizaron y planificaron las acciones”, destacando que estamos ante dos funcionarias que actuaron en contra de lo que exige su investidura.” “A través de las conversaciones obtenidas del teléfono de Abaigar, se evidencia que ella fue quien, junto a Eva Mieri, se encargó de organizar el evento delictivo, así como de reclutar a personas para que participen, dándoles instrucciones sobre vestimenta, horario y lugar, y logística, además de mencionar que “…prefieren que sean compañeras mujeres. Por ahora somos Aldana, Ivo y yo…”. Además, incluso ofreció a Iván Díaz Bianchi el pago de sus gastos de traslado para que participara”, detalló Arroyo Salgado en su resolución. Paso a paso, cómo fue el ataque planificado con excremento animal a la casa de José Luis Espert Los participantes del hecho, entre seis y siete, descendieron de dos vehículos —uno oficial del Municipio de Quilmes y otro particular de Abaigar—, cuyas patentes alteraron para evitar ser identificados, y actuaron con rostros cubiertos y guantes. Por este motivo, en el caso de Abaigar y Mieri, la acusación incluye también la autoría de falsificación, alteración o supresión de la numeración de un objeto registrado, todos ellos en concurso ideal y real con el atentado al orden público. La magistrada impuso a cada una un embargo de bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de $5.000.000. A Mieri, se le sumó la acusación de malversación de caudales públicos por el uso de una camioneta Chevrolet S10 blanca en el ataque, que estaba asignada al Municipio de Quilmes. Aunque la patente había sido adulterada, fue identificada gracias a imágenes proporcionadas por la Policía Federal de diversas cámaras públicas y privadas que permitieron trazar, al menos en parte, el recorrido realizado por los vehículos involucrados. En cuanto a Díaz Bianchi, también se le dictó un embargo de sus bienes y/o dinero hasta alcanzar los $5.000.000. Por otro lado, la resolución dispuso el sobreseimiento de Eva Pietravallo, madre de Abaigar, y de Alberto Protti, ex pareja de la funcionaria bonaerense, y estableció la falta de mérito para Aldana Muzzio y Candelaria Montes Cato. Asimismo, Arroyo Salgado ordenó el levantamiento del secreto del sumario que había estado vigente desde el inicio de la investigación. Mieri fue excarcelada el martes pasado por un fallo de la Cámara Federal de San Martín, tras haber estado 13 días detenida. La jueza federal había ordenado su prisión preventiva el 2 de julio, al detectar que se había vaciado el contenido de su teléfono antes de su detención, y considerando su cargo de funcionaria pública. “Es como si el celular hubiera nacido ese día” fue la descripción que realizó la Justicia respecto al teléfono de la concejal de Quilmes, aludiendo al día de su detención. El dispositivo confiscado durante el allanamiento a su vivienda no contenía contactos, ni fotos, ni videos, ni mensajes, ni historial. Solo 12 comunicaciones realizadas a través de WhatsApp iniciadas el día anterior, 1 de julio. El fundamento fue que había medidas de prueba en curso, y que podría dificultar la investigación. Esta decisión fue apelada por la defensa, llevando a la Cámara a ordenar su liberación. Al salir del penal de mujeres de Ezeiza, fue recibida por Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y su jefa política. En su resolución, Arroyo Salgado subrayó que, tras participar del escrache, Mieri “curiosamente, cambió de dispositivo móvil, lo cual explica la ausencia de registros”, y que “su número telefónico activó antenas dentro del partido de San Isidro, en la fecha y franja horaria del suceso”. Asimismo, el día de la detención de Abaigar, el 25 de junio, Mieri cambió el chip de su celular para luego, al día siguiente, volver a utilizar su equipo original (…) dispositivo que, un día antes de su detención, dejó de usar para insertar su chip en el nuevo equipo que le fue confiscado.” Como reveló Infobae, respecto a las cámaras de seguridad del Municipio de Quilmes, cuando los efectivos de la Policía Federal llegaron al Centro de Monitoreo del Municipio para recoger las grabaciones de seguridad de junio, se sorprendieron al descubrir que no había registros de esas imágenes. La explicación dada por los empleados fue que había cambiado la empresa que presta el servicio de cámaras municipales, y que la nueva firma no contaba con respaldo de las grabaciones anteriores. Los argumentos En su resolución de 85 páginas, Arroyo Salgado describió el contexto de sus decisiones judiciales. “Estamos ante una escalada de violencia que comenzó con consignas verbales, continuó con hostigamientos y escraches, y desembocó en hechos concretos de distinto grado de violencia”, que incluyeron “actos concretos de intimidación” dirigidos a jueces, fiscales, legisladores, periodistas, medios de comunicación y representantes de grupos políticos. “Se busca instalar el miedo como método de presión sobre los actores clave del sistema democrático, con el objetivo de alterar sus decisiones, acallar sus voces o inhibir su accionar”, advirtió la jueza, “Se trata de acciones organizadas y destinadas específicamente contra la residencia privada de un diputado nacional, […] con el fin de imponer ideas o combatir las ajenas por la fuerza y el temor.” Arroyo Salgado consideró un agravante que Abaigar y Mieri sean funcionarias públicas. “Cuando quienes incurren en este tipo de conductas ostentan la calidad de funcionarios públicos, esta transgresión adquiere un matiz aún más agudo.” Según la magistrada, “no actuar con claridad, firmeza y legalidad ante estas conductas es legitimar su reproducción”.
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