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Parana » Informe Digital
Fecha: 19/07/2025 03:22
El Gobierno de Javier Milei tiene previsto lanzar antes de fin de año una licitación pública nacional e internacional para al menos el 51% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), con la intención de que, en menos de un año, pase a estar bajo control privado. El remanente del paquete accionario, que actualmente está en manos del Estado —que posee el 90% de la compañía—, se subastará en la Bolsa en 2026. Para captar el interés de empresas o consorcios, la intención oficial es implementar cambios en el marco regulatorio de la concesión de AySA en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Entre estas modificaciones, se incluyen la posibilidad de que la nueva concesionaria corte el servicio a usuarios residenciales con pagos atrasados, ajustes trimestrales en las tarifas basados en la inflación y que las obras sean financiadas por los usuarios a través de sus facturas finales. Fuentes oficiales que participan directamente en el proceso de privatización de la empresa estatal confirmaron esta información a Infobae. Estos cambios representan un marcado contraste con el modelo vigente desde la estatización de la empresa. En la actualidad, las restricciones al servicio solo pueden aplicarse de manera parcial cuando los hogares adeudan dos períodos consecutivos de facturación. Además, las tarifas se ajustan mensualmente de forma arbitraria por el Ministerio de Economía y los proyectos de infraestructura han sido financiados en los últimos años por el Tesoro o por el capital de la empresa. El Estado posee el 90% de las acciones de AySA, mientras que el 10% restante corresponde a los empleados. El Gobierno tiene la intención de lanzar, antes de finalizar el año, una Licitación Pública Nacional e Internacional (LPNI) por el 51% del paquete accionario “para incorporar un operador estratégico con experiencia y capacidad técnica”, proceso que se desarrollará en los próximos 330 días, según el cronograma estimado por las fuentes consultadas. Desde la empresa informaron que ya han comenzado a realizar roadshows, con el apoyo de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, para evaluar el interés de potenciales inversores. Asimismo, señalaron que varias empresas que participan en licitaciones en Brasil —y que no obtengan contratos en ese país— estarían dispuestas a “jugarse una ficha” por Aysa. La venta de al menos el 51% de las acciones significa que la concesión del servicio pasará a ser gestionada por un privado y ya no estará bajo control estatal. En despachos oficiales no descartan la posibilidad de que consorcios de empresas compitan, dadas la complejidad de la administración y la necesidad de nuevas obras frente al déficit estructural de la red. Las fuentes consultadas no proporcionaron detalles sobre la cantidad de dinero que esperan recibir por la venta de las acciones. AySA proporciona servicios de agua potable y tratamiento de desagües cloacales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en 26 municipios del conurbano bonaerense, abasteciendo a más de 11 millones de personas con agua y a más de 9 millones con servicios de saneamiento, lo que la convierte en la segunda empresa más grande de América Latina. Actualmente, cuenta con aproximadamente 6.200 empleados, según datos del Indec, lo que representa una disminución del 20% en comparación con los niveles anteriores al inicio de la gestión de Milei. La compañía concluyó el año pasado con un superávit operativo de $48.288 millones -a precios constantes-, el primero con esta característica desde 2007. Este resultado se logró, en gran medida, gracias a un aumento del 317% en las tarifas aplicadas a sus clientes durante 2024 y a los programas de regularización de deudas. El Gobierno ha señalado que, desde su estatización en 2006, AySA ha requeridos aportes del Tesoro por un total equivalente a USD 13.400 millones.
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