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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 19/07/2025 02:33
Los haberes de jubilados y pensionados que perciben más que la mínima tuvieron aumentos superiores a la inflación respecto de noviembre de 2023, fue menor para los que ingresaron a través de moratorias (Foto: Trejo) Durante los primeros veinte meses de gobierno de Javier Milei, el promedio de las jubilaciones y pensiones siguió el ritmo de la inflación: Subió 10,5% para el 32,2% del sistema previsional que ingresó en tiempo y forma y, desde septiembre de 2022, recibe un monto superior al haber mínimo más el bono creado durante la administración de Alberto Fernández y gestionado por el entonces ministro de Economía Sergio Massa. Bajó 4,8% para el 67,8% que se incorporó a través de planes de facilidades de pago, regularizó los aportes para completar los años requeridos y alcanzó el umbral con el bono de $70.000, que beneficia a 3,94 millones de personas (89,6% de este grupo). En julio de 2025, este segmento percibe hasta el tope de $379.294,80 e incluye a quienes se retiraron sin acceso a planes especiales (casi un millón de personas, 13,6% de los 7,25 millones registrados en el Sistema Previsional Argentino (SIPA)). El promedio ponderado de ambos grupos muestra, en julio, una mejora real del 1,3% comparado con el poder adquisitivo de noviembre de 2023. En este contexto, el Senado sancionó un aumento único de 7,2% por la denominada “inflación no reconocida de enero de 2024”. El promedio de los jubilados y pensionados mantuvo el poder de compra que tenía al final del gobierno de Alberto Fernández Se actualizó el bono que paga la Anses para quienes cobran el haber mínimo, incrementándose de $70.000 a $110.000 mensuales, y se reactivó la moratoria previsional durante dos años para quienes no cumplen los 30 años de aportes a la Administración Nacional de la Seguridad Social. Legisladores y la vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia del Senado, Victoria Villarruel, fundamentaron el aumento del 7,2% con la frase: “El jubilado no puede esperar”. No obstante, el Poder Ejecutivo comunicó que vetará estas medidas porque no cuentan con respaldo financiero genuino y desde el Ministerio de Economía señalan que el haber promedio no retrocedió, e incluso creció por encima de la canasta básica de alimentos. El Gobierno advierte que medidas sin previsión de recursos terminarán produciendo, a corto plazo, una reducción del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, ya que acelerarán la inflación y dificultarán la recuperación económica. Si el incremento de haberes solo se aplicara al 67,93% que percibe hasta el umbral con bono, además de estimular nuevas demandas judiciales por discriminación e inconstitucionalidad (muchos jubilados tienen sentencias favorables por subas desiguales entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023), superaría la compensación necesaria para ajustar la pérdida real del 5,3% desde el inicio de la actual administración. Trayectoria histórica de los haberes Un análisis de Infobae sobre la evolución del número de beneficiarios del sistema y del haber promedio, diferenciando jubilados y pensionados desde 1992 hasta marzo de 2025, comparó la capacidad de compra anual con la inflación según el Indec. El ejercicio permitió determinar los índices promedio de haberes en valores reales por presidencia, las subas y bajas, y establecer comparaciones entre el nivel actual, el promedio histórico, el último año y el último mes de la gestión anterior. El índice real de poder de compra de las jubilaciones está en juliuo de 2025 en torno al promedio de la serie que se inicia en 1992, con la convertibilidad Con base 100 en 1992 (primer año con convertibilidad fija del peso respecto al dólar, presidencia de Carlos Menem y Domingo Cavallo en Economía), en julio de 2025 el índice llegó a 141, es decir, un incremento del 41 por ciento. Además, se ubica casi 7% por encima del promedio del segundo mandato de Menem (1996-1999), es un 14% superior al de la presidencia de Néstor Kirchner, tan solo 1% por debajo del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, pero se sitúa por debajo de las administraciones siguientes caracterizadas por controles cambiarios, intervención de precios y tarifas congeladas que alentaron la “inflación reprimida” y la sobrestimación de ajustes basados en el Índice de Precios al Consumidor. Fallas estructurales del sistema El sistema previsional argentino no se comporta como un régimen de reparto pleno. Aunque Anses distribuye los aportes de asalariados y contribuciones patronales entre los beneficiarios, también depende de ingresos de planes de facilidades para deudores, rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (constituido tras la expropiación de los fondos de las AFJP), y recursos impositivos: desde los 90 se le asigna en forma específica una parte de los tributos que recauda la Nación: 11% de 93,73% del Impuesto al Valor Agregado (Ley 23.966); equivale al 10,31% del IVA; 100% del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (Ley 25.413); 100% del Impuesto a los Cigarrillos (Ley 25.239); 70% del Monotributo Impositivo (Ley 25.865); 28,69% de lo producido de los impuestos a las naftas, gasolinas, solvente, aguarrás, gasoil, diésel oil y kerosene (Ley 23.966): y, cuando existía, el 42% del impuesto PAIS. Un factor fundamental que restringe los recursos y el nivel promedio de haberes es que muchos trabajadores, sea asalariado jerárquico o de actividades con remuneraciones muy superiores al promedio, monotributista o autónomo, hacen sus aportes según parámetros fijos muy inferiores al que correspondería al de sus ingresos reales, lo que contrasta con la realidad de la mayoría de los empleados en relación de dependencia. Muchos trabajadores hacen sus aportes según parámetros fijos muy inferiores al que correspondería al de sus ingresos reales Desde julio de 2025, el salario máximo sobre el cual un asalariado contribuye a la Anses es de $3.398.831,89 brutos mensuales. Todo ingreso superior está exento, por lo que el haber máximo para quien se jubila asciende a $2.089.463,19 mensuales. El marco regulatorio ajusta estos valores según inflación: El salario máximo imponible actúa como techo para calcular aportes y contribuciones sociales. Ingresos por encima del tope no generan aportes adicionales. La actualización por IPC intenta mantener equidad entre salarios y aportes. Base imponible mínima : $104.580,96 Base imponible máxima : $3.398.831,89 Haber máximo jubilatorio : $2.089.463,19 Haber mínimo garantizado : $310.513,65 Haber mínimo garantizado con bono: $380.513,65 Eliminar este límite podría permitir que las jubilaciones y pensiones respondan mejor al salario real en actividad y fortalecería el fondo a distribuir entre los actuales beneficiarios. En el caso de monotributistas y autónomos, los haberes deberían alinearse con la facturación anual y los aportes mensuales deberían ser equivalentes a los de los asalariados (11% personal, 16% empleador), tomando como referencia el último año, el promedio de los cinco o diez años previos, o el promedio general como activos. Regímenes diferenciados Frente a estas restricciones, existen jubilaciones de privilegio y regímenes especiales para altos cargos públicos y sectores específicos. Según el último informe de Anses, 306.141 personas reciben estos beneficios (256.040 jubilados y 50.101 pensionados) y, en marzo de 2025, los montos promedio superan ampliamente la media: Docentes no universitarios : $1.814.705 Luz y Fuerza : $1.882.531 Investigadores Científicos y Tecnológicos : $2.695.116 Poder Judicial : $6.734.904 Docentes universitarios nacionales : $2.219.017 Servicio exterior : $11.207.307 Yacimientos Carboníferos Fiscales Río Turbio : $1.876.867 Retirados de Policía y Servicio Penitenciario: $1.349.469 Estos valores corresponden a quienes accedieron entre 2019 y 2023, según la actividad. Impacto de las moratorias Desde la primera moratoria, en 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner, hasta la finalización establecida por la Ley 27.705 tras su vencimiento el 22 de marzo de 2025, poco más de 3,9 millones de personas perciben una jubilación mínima sin haber completado los 30 años mínimos de aportes (31,5% del segmento) y 1,12 millones accedieron a una pensión (67,6% de ese grupo). Poco más de 3,9 millones de personas perciben una jubilación mínima sin haber completado los 30 años mínimos de aportes (31,5% del total del segmento) Actualmente, de las 7,25 millones de personas jubiladas y pensionadas, solo el 39,4% cumplió con los requisitos de aportes y edad (60 años mujeres, 65 hombres), mientras que el 60,6% ingresó mediante moratorias. El desbalance se expresa en haberes promedio bajos, ya que para poder pagar el 82% móvil (remuneración neta de un trabajador fuera del impuesto a las Ganancias) se necesitarían tres empleados registrados por cada beneficiario; hoy, la proporción es de 1,74, el valor más bajo desde la crisis sanitaria de 2020 y distante del máximo de 2,6 en 2006 según datos de Anses y del Ministerio de Trabajo. Propuesta para un sistema sostenible El economista Agustín Echebarne, director de Fundación Libertad y Progreso, sugirió medidas para revertir la crisis previsional: Reforma laboral para reducir la informalidad y para reducir la informalidad y aumentar el empleo registrado , incrementando los aportes al sistema. Unificación de la edad jubilatoria para hombres y mujeres, incorporando incentivos para trabajar tras los 65 años, a cambio de una jubilación superior. Eliminación de los 146 regímenes de privilegio; el régimen judicial debe igualarse al general. Mantenimiento del ajuste automático por inflación, permitiendo incrementos reales a medida que el sistema recupere su equilibrio. Creación de cuentas individuales para quienes nacieron después de 2011, con opciones de inversión diversificadas. Subsidios focalizados exclusivamente para erradicar la pobreza en casos concretos, sin vinculación con aportes ni haberes. Diferenciación entre quienes realizaron aportes completos y quienes no, estableciendo una correspondencia directa entre aportes y beneficios. La reforma laboral, centrada en el empleo formal y en desalentar el trabajo no registrado, debería prever que todas las contribuciones patronales (Anses, obra social, ART y previsiones por despido) sean computadas a cuenta de IVA e Impuesto a las Ganancias, junto con la eliminación de topes para aportes de asalariados. De este modo, en sustitución de moratorias y aumentos nominales por decreto o ley, el sistema previsional podría evolucionar hacia un modelo que premie el ahorro presente para el consumo futuro y se consolide como uno de los pilares de la inversión productiva y financiera.
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