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Parana » Informe Digital
Fecha: 18/07/2025 14:35
Tal como se había anticipado, el gobierno de Estados Unidos formalizó su apoyo a la Argentina en la causa YPF, una demanda que ya lleva diez años y en la que el Estado local fue condenado en primera instancia, en 2023, a pagar más de 16.000 millones de dólares por haber expropiado de manera inadecuada la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner ocupaba la presidencia. Estados Unidos se presentó como amicus curiae, o amigo del tribunal, a través de un escrito presentado ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York. En este contexto, recomendó que dicha corte “debería suspender la orden de transferencia (de las acciones de YPF) a la espera de la resolución definitiva de la apelación de la Argentina”. “El Gobierno argentino ha obtenido el respaldo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en su solicitud de suspensión de la orden de entrega de las acciones de YPF, dictada por la jueza Preska el pasado 30 de junio”, señaló la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo que agrupa a los abogados del Estado argentino y se encarga de su defensa. “No se trata de un respaldo menor ni debe ser naturalizado. Es relevante recordar que en 2019, durante las presidencias de Macri y Trump, la Corte Suprema de los Estados Unidos solicitó al gobierno estadounidense su opinión acerca de la inmunidad de jurisdicción invocada por Argentina. En ese momento, el gobierno norteamericano se presentó como amicus curiae y emitió un dictamen en contra de nuestro país”, comentó el organismo liderado por Santiago Castro Videla, quien también anunció una purga y el despido de 60 funcionarios en medio de una investigación oficial de la Casa Rosada por supuestas filtraciones y venta de información que habría beneficiado a quienes litigan con el país. “La situación ha cambiado. El gobierno del presidente Milei ha logrado que, en menos de un año, y bajo dos administraciones distintas (Biden y Trump), el Departamento de Justicia de los Estados Unidos apoye la posición argentina en esta causa. Este hecho es significativo y refleja una política exterior coherente y clara, orientada a la defensa del interés nacional, además de demostrar la seriedad de las presentaciones y la solidez de los argumentos jurídicos planteados por el Estado argentino”, enfatizaron. La procuración agregó que este nuevo respaldo se suma al que el propio Departamento de Justicia ya había expresado en noviembre de 2024, cuando Joe Biden era presidente, al presentar una declaración ante la jueza Preska en defensa de la posición argentina contraria a la entrega de las acciones. Es importante aclarar que estas posturas no son vinculantes, por lo que los jueces pueden analizar estas presentaciones y fallar de manera diferente. Esto ocurre con frecuencia y la jueza Preska ya falló en contra de la recomendación del Departamento de Justicia en este mismo tramo de la demanda, relacionada con la entrega de las acciones de la empresa a Burford Capital, el principal beneficiario del fallo condenatorio de primera instancia. Además, como se había anticipado, hoy los beneficiarios del fallo contra Argentina presentaron sus argumentos para evitar demorar la ejecución de la sentencia. Los argumentos de EEUU “Este caso revela el firme interés del gobierno en la correcta aplicación de los principios de inmunidad soberana extranjera conforme a la Foreign Sovereign Immunities Act de 1976 (‘FSIA’) y el derecho consuetudinario federal. Estas cuestiones pueden tener importantes implicaciones para las relaciones exteriores de Estados Unidos y afectar el trato recíproco de Estados Unidos y sus bienes en los tribunales de otros países”, expresaron los escritos de los funcionarios del Departamento de Justicia de EEUU. También argumentaron que Argentina podría sufrir un daño irreparable sin la suspensión y que, si se procede a entregar y transferir las acciones de YPF a los acreedores en Estados Unidos, “podría perder la posibilidad de reclamar dicha propiedad, incluso si prevalece en la apelación”. “Por otro lado, exigir a Argentina que constituya una fianza mientras espera la apelación la obligaría a localizar activos en Estados Unidos, los cuales podrían ser objeto de embargo”, señalaron. Además, advierten que Argentina tiene posibilidades de prevalecer en la apelación porque la orden de traspaso del tribunal de distrito es incompatible con los principios mencionados. “Una suspensión de apelación no perjudicará a los demandantes. Argentina ha manifestado que mantiene sus acciones en YPF y no puede venderlas sin autorización legislativa”, señala otro de los pasajes firmados por funcionarios estadounidenses. Los tres documentos, uno por cada demandante, son similares y fueron firmados por Jay Clayton, fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Sean Buckley, asistente del fiscal.
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