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CABA » Plazademayo
Fecha: 18/07/2025 12:02
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de San Martín dictó una medida cautelar que impide, al menos por ahora, el cierre de Vialidad Nacional, luego de un amparo presentado por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA). La acción judicial, impulsada antes de la publicación del decreto presidencial que pretendía disolver el organismo, fue parte de una estrategia legal que, según los trabajadores, podría replicarse en otros entes públicos bajo amenaza. “Presentamos este recurso dos semanas antes de que saliera el decreto. Cuando se efectivizó, lo incorporamos a la causa”, explicó Emiliana McNamara, secretaria general de SEVINA. El principal argumento del sindicato fue que la Ley Bases no puede aplicarse a Vialidad Nacional por tratarse de un ente autárquico, lo que implicaría que su eventual disolución solo podría concretarse mediante una ley del Congreso. “El Gobierno lo va a apelar, pero estamos preparados para seguir dando pelea”, aseguró McNamara. Más allá del plano judicial, los trabajadores advirtieron sobre las consecuencias concretas del vaciamiento del organismo. Actualmente, los 5.200 empleados de Vialidad no dan abasto para sostener las flotas de emergencia —que siguen operativas, aunque sin percibir viáticos— en medio del creciente deterioro de las rutas. “El 60 o 70 por ciento de los caminos están de regular a mal. Esto lo venimos denunciando: no hay mantenimiento, y menos aún obras de ampliación como en la Ruta 3 a la altura de Azul”, advirtió McNamara. El plan del Gobierno de volver al sistema de concesiones, en lugar de inversión estatal directa, también fue duramente cuestionado. “Eso ya fracasó en los ’90. Caminos del Río Uruguay tuvo la concesión desde 1993 y la ruta está desastrosa”, señaló la dirigente sindical, quien también alertó sobre la desconexión que podría afectar a localidades más alejadas del circuito turístico o económico. “Si el privado no puede poner un peaje que le genere ganancia, no va a mantener esa ruta”, concluyó. La disputa por el futuro de Vialidad Nacional se presenta así como una batalla legal, laboral y territorial, en la que no solo están en juego miles de puestos de trabajo, sino también la conectividad, seguridad y desarrollo de vastas regiones del país.
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