18/07/2025 10:45
18/07/2025 10:44
18/07/2025 10:44
18/07/2025 10:44
18/07/2025 10:44
18/07/2025 10:43
18/07/2025 10:43
18/07/2025 10:42
18/07/2025 10:41
18/07/2025 10:41
» Comercio y Justicia
Fecha: 18/07/2025 07:02
Por Luis R. Carranza Torres No puede comprenderse el proceso electrónico sin considerar el sustrato tecnológico en que se asienta. En pocos lugares puede apreciarse de una forma tan clara el carácter interdisciplinario que tiene el derecho como en esa relación de doble vía entre la actuación jurídica y las posibilidades de la tecnología digital que resulta el formato de tales procesos. Una plataforma digital es un entorno tecnológico que permite la interacción entre personas, procesos y sistemas a través de Internet. Es como una especie de escenario virtual donde ocurren actividades específicas, dependiendo del propósito para el cual fue diseñado. Podemos decir -entonces- que estamos ante una representación tecnológica. Esto no es menor para entender y, sobre todo, para dar solución jurídica a los problemas que puedan suscitarse en su uso a nivel procesal. Partamos de la base que la transformación tecnológica del proceso clásico al electrónico resulta altamente beneficiosa para tramitar de modo mucho más eficiente los procesos judiciales. Empero, tal positividad no se halla exenta de riesgos, desafíos, o la necesidad de realizar no sólo ciertas adaptaciones jurídicas, sino de crear nuevos actos, potestades y derechos digitales para el proceso. Es necesario desarrollar nuevas herramientas jurídicas para que el tecnicismo del proceso electrónico no atente contra el debido ejercicio de los derechos o le imponga trabas o recaudos injustificados, ahondado la brecha digital o excluyendo en la práctica a ciertos justiciables. Máxime cuando se halla implicado el uso de inteligencia artificial o se trate de procesos automatizados. El correlato de esto desde lo jurídico es que el derecho debe entender a los procesos digitales involucrados, para no normar algo que sea imposible de realizar desde lo técnico. En tal sentido, debe destacarse que el proceso electrónico es un instrumento para desarrollar el proceso judicial desde un entorno digital. De allí que el reglamento del expediente electrónico no es un código procesal ni pretende serlo. Que algunas de sus normas deberían estar en dicho código, es otra historia. Siempre hemos defendido que debe actualizarse los códigos procesales, así como simplificarse y hasta unificarse aspectos comunes, como puede ser la instancia recursiva extraordinaria. Tal como ocurre en la justicia de la ciudad de Buenos Aires. De tal forma, el reglamento no innova en la naturaleza, elemento o efectos del acto procesal sino en los parámetros necesarios para su materialización en el entorno procesal digital. Por eso decimos que no se ocupa tampoco de las formas procesales, entendidas como el conjunto de requisitos externos o de procedimiento que debe reunir un acto, negocio, disposición o resolución para producir efectos jurídicos, sino del formato. Cuando hablamos de formato, entendemos por tal, a “la estructura interna y codificación de un objeto digital, que permite que éste sea procesado o presentado en una forma accesible”, conforme la definición de formatos abiertos y cerrados que nos da la ONU-Cepal. Tenemos -de tal forma- que en nuestro expediente electrónico se superponen o actúan en paralelo dos relaciones: la procesal y la que podríamos denominar como técnica. La primera, compuesta por actos procesales, determina los efectos jurídicos de éstos; la segunda, por acciones que acarrean las materializaciones digitales de tal uso o empleo. Asimismo, en tal entorno, las acciones que materializan los actos procesales no se llevan a cabo de modo directo, como en el proceso oral clásico, ni por actuación directa (presentación del escrito en el tribunal) del proceso escrito clásico, sino por intermedio de una cuenta de usuario que habilita para actuar en dicha plataforma digital. Se trata de un elemento técnico facilitador de la expresión de la voluntad jurídica en el ámbito digital, que actúa como parte constitutiva del individuo, desde que las acciones llevadas a cabo por ella comprometen directamente a su titular. En el caso de las plataformas procesales, la cuenta o el perfil de usuario es un mecanismo digital para a) autenticar una identidad no sólo personal, sino también -y tal vez, principalmente- otorgar la actuación que la habilitación profesional implica (v.g. abogado, perito); b) expresar en el proceso una voluntad de terceros (los clientes), en el caso de los letrados; c) ejercer los derechos de su condición profesional respecto de un determinado proceso (v.g. regulación de honorarios). Se trata, por tanto, de un soporte tecnológico funcional de la actuación del profesional del caso, desde lo técnico, y jurídicamente resulta un atributo profesional de sesgo tecnológico, que permite no solo identificar y distinguir a una profesional dentro de la plataforma de procesos, sino que también resulta esencial para el ejercicio de su actuación procesal en tal carácter. Como puede verse, no hay arista tecnológica en la cuestión que no tenga su correlato jurídico. Eso muestra una amalgama de relaciones diversas, una técnica, liderada por las leyes de la electromagnética y otra normativa, de construcción cultural, que interactúan de forma permanente y que, conforme el sistema reciba actualizaciones, sean éstas up grade informáticos o reformas jurídicas, evolucionará en determinado sentido. Se trata pues, de una asociación de carácter dinámico. Son cuestiones que deben tenerse en consideración, desde lo técnico para no diseñar entornos que no se ajusten a las pautas del debido proceso y la inclusión digital. Desde el derecho, para no postular o normas situaciones que sean imposibles de materializar.
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por