18/07/2025 07:26
18/07/2025 07:23
18/07/2025 07:23
18/07/2025 07:22
18/07/2025 07:22
18/07/2025 07:21
18/07/2025 07:21
18/07/2025 07:21
18/07/2025 07:20
18/07/2025 07:18
Parana » Informe Digital
Fecha: 18/07/2025 04:13
De la redacción de Informe Digital El Poder Judicial y el Ejecutivo entrerriano sumó un nuevo capítulo político. A fines de junio, una investigación publicada por La Nación reveló que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos destinó montos millonarios en concepto de viáticos, autorizó designaciones sin concurso y registró ausencias prolongadas de algunos magistrados con sueldos elevados. Según el informe, entre 2022 y mayo de 2025 se habrían autorizado viáticos por más de $160 millones, con topes diarios de hasta $246.000 por persona fuera de la provincia, y $164.000 dentro de Entre Ríos. La vocal Susana Medina fue señalada por acumular 191 días hábiles de inasistencia, con un salario cercano a los $15 millones mensuales. Frente a la repercusión, el STJ emitió un comunicado rectificando las cifras, admitiendo un “error de tipeo” y precisando que el monto real ejecutado fue de $49,1 millones. También defendió que los viáticos están autorizados por reglamentos internos y se rinden ante el Tribunal de Cuentas. La jueza del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos Susana Medina En ese contexto, el 12 de junio, el gobernador Rogelio Frigerio firmó el Decreto N.º 1339, mediante el cual rechazó un reclamo salarial del STJ y de los gremios judiciales. El pedido exigía la devolución de los aumentos suspendidos durante la emergencia sanitaria entre julio de 2020 y junio de 2021, en base a lo dispuesto por la Ley de Enganche (N.º 10.068), que establece que los sueldos del Poder Judicial provincial deben actualizarse conforme a las acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Durante ese período, la Corte dictó cuatro acordadas (24/20, 40/20, 3/21 y 9/21) que acumularon un 56,46 % de incremento. En Entre Ríos, sin embargo, solo se aplicó un 30,89 %, lo que genera una diferencia del 25,57 %, que los gremios estiman en más de $5.800 millones. El decreto de Frigerio sostiene que no existe obligación legal de devolver ese dinero, ya que la Ley de Emergencia N.º 10.806 suspendió expresamente el régimen de actualizaciones automáticas, y esa suspensión fue avalada por la Justicia en distintas instancias. La medida fue rechazada por la Asociación de la Magistratura, AJER, UEJN y APOC, entre otros actores del sector. Un conflicto judicial en medio de la crisis fiscal El conflicto ocurre mientras la provincia atraviesa una fuerte restricción presupuestaria. En las últimas semanas, Frigerio reclamó a Nación el envío de fondos coparticipables y la regularización de transferencias, particularmente para salud, transporte y obra pública. “No podemos seguir sosteniendo el Estado con recursos propios mientras se nos retacean fondos que corresponden por ley”, expresó el mandatario en declaraciones recientes. Para el gobierno provincial, el reclamo del Poder Judicial resulta inoportuno en un escenario donde se busca recortar gastos, ordenar las cuentas y priorizar los servicios esenciales. En ese marco, el rechazo al aumento judicial funciona también como un mensaje político hacia dentro de la administración pública.
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por