17/07/2025 17:54
17/07/2025 17:53
17/07/2025 17:53
17/07/2025 17:53
17/07/2025 17:53
17/07/2025 17:53
17/07/2025 17:52
17/07/2025 17:52
17/07/2025 17:51
17/07/2025 17:51
» El Ciudadano
Fecha: 17/07/2025 12:44
En el marco de la investigación por hurto y venta de medicamentos e insumos en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), la defensa de Javier D., de 40 años, uno de los siete imputados en la causa, denunció una «estigmatización» y una grave falta de proporcionalidad en la prisión preventiva dictada. El abogado Ezequiel Torres, defensor de Javier D., dialogó con El Ciudadano: expuso los argumentos clave de su estrategia legal y criticó la postura fiscal y judicial». Javier D., empleado de planta permanente del sector de Ropería del Heca desde hace 12 años sin antecedentes ni problemas previos, fue imputado junto a otros seis trabajadores, divididos en dos grupos. Él forma parte del trío acusado específicamente por los medicamentos e insumos hallados en la oficina de Ropería. A su defendido y a los otros dos trabajadores los acusaron por hurto y venta de sustancias medicinales sin autorización. La jueza Melania Carrara dictó prisión preventiva hasta el 11 de agosto, un mes que, según Torres, es el mínimo para el delito de hurto, pero que el fiscal de la causa José Luis Caterina había solicitado por 60 días. Un mes de preventiva «Es indignante porque como defensor veo a muchas personas imputadas por hechos graves que están en su casa, y este muchacho quedó acusado por un hurto, no tiene antecedentes, como si fuese un delincuente», sentenció Torres. Para el abogado, la decisión judicial no tuvo en cuenta el principio de proporcionalidad que rige la prisión preventiva en Santa Fe, el cual establece que esta medida debe ser excepcional y la menos gravosa, considerando la pena mínima de hurto simple (un mes a dos años de prisión). A su vez, la acusación también incluye venta de sustancias medicinales sin autorización, con penas de seis meses a tres años, o de uno a cuatro años, dependiendo de la gravedad del delito. También considera multas económicas. Sobre este punto, el defensor fue categórico al remarcar que no hay ninguna prueba que relacione a Javier D. con este delito. Torres argumentó que la medida es desproporcionada, especialmente al tratarse de una persona sin antecedentes, con dos hijos menores a cargo y un padre gravemente enfermo, de quienes es sostén de familia. «Cuando la Justicia dicta estas medidas cautelares, nadie habla del dolor, de la estigmatización y el escrache social que esto genera», añadió. Puntos débiles, según la defensa El penalista de Javier D. desglosó los pilares de su estrategia: Sin pruebas de egreso de los insumos: «Los medicamentos los encontraron en Ropería en el Heca, pero no los sacaste de la institución, ¿de qué hurto hablan?», enfatizó Torres, señalando que la Fiscalía no ha especificado «en qué turno, cuándo fue que ingresaron esos elementos». En este punto especificó que en esa área son ocho los trabajadores que están y que se dividen en turnos de seis horas. “Sorpresivamente sólo tres fueron acusados”, ironizó. Ausencia de hallazgos en el allanamiento a su cliente del 4 de julio: a diferencia de otros imputados, a Javier D. «lo allanaron y no le encontraron nada que sea vinculado al Heca» en su domicilio, dijo Torres. “Incluso, las pastillas y jeringas secuestradas en su casa están acreditadas como parte del tratamiento médico de su padre, para lo cual se presentaron estudios del Pami”, explicó para sumar que el Heca en su propio informe no pudo dar un «grado de certeza» sobre la pertenencia de los insumos a la institución. Colaboración con la Justicia: «Cualquier persona que no es inocente no te da la clave del celular como lo hizo nuestro cliente», destacó el abogado. “A pesar de haber entregado la clave de su teléfono voluntariamente el lunes, el dispositivo no pudo ser abierto por la Fiscalía durante cuatro días”, se quejó en referencia a la audiencia imputativa que se llevó a cabo el jueves 10 de julio pasado. Cuestión gremial y denuncia anónima: la defensa deslizó que detrás de la acusación puede haber una «cuestión gremial de estigmatizar», y cuestionó la validez de una de las denuncias que hay en la causa. Según el penalista, se basó en un llamado, que primero fue anónimo, y luego esta persona «dio un nombre y apellido y un DNI que no concuerdan», donde “describe a un hombre que le vendió algo pero no dio una identidad. Dijo que tiene una particularidad en uno de sus ojos, característica que coincide con mi cliente. Arranca denunciando y miente», sostuvo. Postura de la Fiscalía: indicios y preocupación por el mercado negro El fiscal Caterina, por su parte, al finalizar la audiencia, mantuvo cautela y señaló que la investigación cuenta con «muchas medidas en curso» y «medidas en reserva». Si bien reconoció que no tienen «acreditada una red de venta», o cómo los insumos «podían bajar a un mercado negro», sí existen «constancias de principios de este año donde se están ofertando medicamentos» y «evidencia que hay gente que está vendiendo sin control». Caterina destacó que a los implicados se les encontró «gran cantidad de medicamentos e insumos» en sus domicilios particulares, que «condicen con el área farmacia» del Heca, y que «ninguno pudo acreditar la relación con los medicamentos». El fiscal también mencionó «intervenciones telefónicas que son muy elocuentes» y que las sustracciones se realizaban «sin ningún tipo de violencia», generando «temor de los propios implicados» y denuncias administrativas internas. La Fiscalía imputó a Roberto R., Nelson S. y Javier D. –quienes pertenecen al segundo grupo– por el delito de hurto «por los elementos hallados en la ropería» y «venta de sustancias medicinales sin autorización». La causa El fiscal describió en la conferencia de prensa tras la audiencia que terminó el viernes con las prisiones preventivas que los siete acusados pertenecen a dos grupos independientes. El primero, cuya investigación lleva 10 meses, son empleados o ex empleados del Heca que quedaron acusados por el hurto de medicamentos y elementos sanitarios, mientras que el segundo, entre los que se encuentra Javier D., la pesquisa es más reciente: de un mes y medio. “Entendemos que hay un afán pecuniario, pero no hemos podido establecer una red de venta. Sin embargo, hay gente que está vendiendo este tipo de elementos en Rosario sin ningún tipo de control y pueden provenir del Heca o de algún dispensario”, detalló el fiscal. “La causa se inició por el aporte de testigos que motivaron la denuncia del hospital y de la Municipalidad”, explicó Caterina sobre el inicio de la pesquisa Los acusados del primero grupo En ese sentido, los primeros que fueron investigados y luego imputados son: Antonio A., quien se encontraba a cargo del área de Control Interno del Heca, fue acusado como autor de los delitos de encubrimiento agravado por su condición de funcionario público y por actuar con ánimo de lucro e incumplimiento de los deberes de custodia de sustancias medicinales. En tanto, los otros trabajadores municipales Eduardo T., Dario F. y Oscar L. quedaron imputados como autores del delito de hurto e incumplimiento de los deberes de custodia de sustancias medicinales. A su vez, el fiscal indicó que respecto de la funeraria que fue allanada, ante la presunción de que sacaban elementos del hospital en los coches fúnebres, se reservará los detalles de las medidas porque aún continúan. Caterina también destacó en conferencia de prensa el trabajo que llevó adelante el personal de Asuntos Internos y aclaró que no hay uniformados involucrados, pero sí fue una decisión preventiva debido a que hay policías que trabajan en la institución médica de avenida Pellegrini 3205. “Es probable que haya más personas. La Fiscalía está dispuesta tanto a recibir todo elemento de cargo, o sea, en contra de estas personas como de descargo. Es decir pueden comunicarse para informar que los involucrados no tenían nada que ver”, indicó el fiscal, quien agregó que también las personas que puedan tener esta información se comuniquen con los defensores o con las familias de los implicados. “Si hay elementos de cargo, por favor comuníquese con la Fiscalía”, reiteró Caterina. Proceso abierto y posibles acciones legales Con la prisión preventiva de Javier D. fijada hasta el 11 de agosto y con la posibilidad de una revisión cautelar, la defensa de Javier D. se prepara para continuar su lucha. «Cuando esto se aclare y mi cliente quede en libertad porque no hay pruebas en su contra, la defensa está analizando hacer una denuncia penal quienes han vinculado a personas que no tuvieron nada que ver», concluyó Ezequiel Torres, poniendo de manifiesto la tensión y las acusaciones cruzadas en un caso que ha generado un fuerte revuelo en el ámbito de la salud pública rosarina.
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por