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Gualeguaychu » El Argentino
Fecha: 17/07/2025 12:20
El Gobierno eliminó organismos y echó a 60 funcionarios tras detectar irregularidades que habrían afectado la defensa del Estado frente al juicio por la estatización de YPF. Jueves, 17 de Julio de 2025, 10:29 Redacción EL ARGENTINO En medio de un conflicto judicial clave para la Argentina, el Gobierno oficializó este jueves una profunda reestructuración de la Procuración del Tesoro, tras detectar supuestas filtraciones que habrían perjudicado la estrategia estatal en el juicio que enfrenta el país contra el fondo Burford Capital por la expropiación de YPF. La medida, formalizada por el Decreto 475/2025 y publicada en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, establece una modificación del organigrama del organismo, la eliminación de estructuras existentes y la desvinculación de al menos 60 funcionarios. Entre los entes disueltos figura la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. La ofensiva se lanzó luego de que sectores del oficialismo detectaran la circulación de información reservada que podría haber sido utilizada en favor del fondo Burford, principal demandante en la causa que tramita en Nueva York. Las filtraciones, según voceros gubernamentales, habrían comprometido la posición jurídica del país ante la jueza Loretta Preska. “Claramente hubo filtraciones de información perjudicando la estrategia judicial del Gobierno”, confió una fuente cercana a Casa Rosada. Si bien no se identificaron responsables directos, las sospechas recaen sobre exfuncionarios de la gestión de Alberto Fernández, en especial quienes actuaron bajo la conducción de Carlos Zannini. La limpieza interna es encabezada por Santiago Castro Videla, actual subprocurador del Tesoro, quien asumió en febrero tras la salida de Rodolfo Barra. El objetivo declarado de la nueva conducción es “optimizar recursos y mejorar la capacidad operativa”, en un contexto donde la Procuración gestiona litigios por miles de millones de dólares. Según el Gobierno, la eliminación de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado responde a “problemas estructurales que impiden su funcionamiento eficaz”. La capacitación profesional será asumida por el Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP), que seguirá dependiendo del mismo organismo. El decreto también incluye la reasignación y homologación de cargos, así como la derogación de normativas previas. El Ejecutivo sostuvo que estas reformas son “indispensables por razones de gestión” y permiten “reducir costos en el Estado”. Mientras tanto, en Estados Unidos el proceso judicial por la estatización de YPF sigue su curso. Aunque recientemente se logró un fallo favorable por el cupón PBI que evitó un pago de US$ 450 millones, la jueza Preska ya rechazó la suspensión del fallo principal que compromete al Estado por cifras multimillonarias. Pese a la tensión, el Gobierno todavía no apuntó públicamente contra ninguna persona en particular, aunque se filtraron acusaciones contra integrantes de la administración anterior que aún permanecen en funciones. En la Casa Rosada no descartan avanzar con denuncias penales si se comprueba la venta de información clasificada. El caso YPF vuelve así a tensar el frente interno del Gobierno, que intenta blindar sus áreas sensibles ante eventuales sabotajes. La Procuración, clave en la defensa del Estado ante tribunales internacionales, se convirtió en el nuevo epicentro de un ajuste donde la desconfianza se impone a la prudencia.
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