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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 17/07/2025 04:39
El peronismo quedó reducido a un constructo electoral centrado en el conurbano bonaerense. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo La reflexión sobre la validez conceptual de los partidos políticos como instrumentos de organización del poder electoral y de representación de las demandas sociales constituye un ejercicio ineludible en el contexto político argentino actual. Esta interrogación no pretende derivar en una respuesta unívoca, sino abrir un espectro de interpretaciones políticas e intelectuales que permitan comprender el rol de las formaciones partidarias en un escenario de profundas transformaciones sociales y políticas. La irrupción de Javier Milei en el escenario argentino, con su discurso disruptivo centrado en la “demolición del Estado” y la “aniquilación de la casta”, evidencia una resonancia significativa en amplios sectores de la sociedad. Esta adhesión, más allá de las intenciones ideológicas del propio Milei, revela una crisis de representación en las estructuras políticas tradicionales, particularmente en el peronismo, que no ha logrado articular una alternativa convincente frente a este fenómeno, seguramente transitorio, seguramente con final de repudio masivo, pero que en el presente es un dato, a la vez de cierta contundencia como de absoluta negatividad para la vida de los habitantes en cuanto a su calidad y organización social y económica. La incapacidad de las fuerzas opositoras para ofrecer resistencia radica, en parte, en la dificultad de encarnar proyectos que interpelen mayorías, en un contexto en el que las coincidencias entre el discurso libertario y las demandas sociales han desplazado a las tradiciones políticas históricas, erosionando su lugar en el imaginario colectivo y en la dinámica del poder. En el caso del peronismo, esta crisis no puede disociarse de las falencias internas de sus conducciones, que han descuidado la modernización de sus prácticas partidarias y la democratización de sus liderazgos. Desde el fallecimiento de Néstor Kirchner en 2010, el movimiento peronista ha transitado un camino marcado por el culto a la personalidad y una adhesión acrítica a liderazgos centralizados, particularmente en torno a Cristina Fernández de Kirchner. Esta dinámica, lejos de fortalecer un proyecto nacional inclusivo, ha reducido el peronismo a un constructo electoral centrado en el conurbano bonaerense, un espacio masivo en términos cuantitativos, pero limitado en su capacidad para proyectar una visión integral de la Nación. Los gobernadores peronistas, por su parte, han optado por priorizar la gestión de sus territorios, desentendiéndose de un armado nacional coherente, lo que ha contribuido a un achicamiento del concepto de movimiento nacional y a la fragmentación de su proyección política. Un punto de inflexión en esta desvinculación del peronismo con su tradición nacional puede rastrearse en la reforma constitucional de 1994, impulsada en parte por el deseo reeleccionista de Carlos Menem. Esta reforma debilitó el equilibrio federal al transferir atribuciones clave, como el dominio de los recursos naturales, a las provincias; eliminar el Colegio Electoral, que garantizaba un mínimo de equidad federal en la representación electoral; y descentralizar la administración de programas de salud y educación, sujetándolos a las disparidades de las capacidades provinciales. Estas transformaciones erosionaron la concepción de un Estado nacional como articulador de un proyecto de desarrollo común, alejándose de los principios que habían guiado al peronismo en su etapa fundacional. En contraste, la Constitución de 1949 emerge como un hito paradigmático del constitucionalismo social y nacional. Esta Carta Magna, sancionada en un contexto histórico de afirmación soberana, no solo incorporó los preceptos del constitucionalismo social, sino que modernizó las relaciones legales de producción, priorizando los derechos de los trabajadores, las mujeres, los menores y los ancianos, y dotando al Estado de instrumentos para garantizar su ejercicio efectivo. Lejos de ser una mera declaración de principios, la Constitución de 1949 estableció un marco normativo que tradujo la doctrina peronista en regulaciones jurídicas precisas, consolidando un proyecto nacional orientado a la justicia social, la soberanía económica y el desarrollo productivo. Hoy, la ausencia de un proyecto nacional en clave política y de poder constituye un desafío central para el peronismo. Desde el oficialismo libertario, la narrativa del “libre mercado” exacerbado carece de una visión integradora del país, mientras que en la oposición las demoras en comprender el momento histórico y las disputas individuales obstaculizan la construcción de una mirada abarcadora. Un proyecto nacional no puede reducirse a una suma de discursos o campañas electorales; debe encarnar una idea de país que recupere el alma argentina, fortaleciendo su dimensión solidaria, federal y los intereses colectivos de sus habitantes. Los datos reflejan las profundas asimetrías que atraviesan el país. Más del 50% del PBI nacional se concentra en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, y con la incorporación de Córdoba y Santa Fe, se alcanza el 70%. En un marco ultraliberal, estas disparidades generan condiciones de vida marcadamente superiores en los distritos favorecidos, mientras que provincias como La Rioja (0,6% del PBI) o Catamarca (0,7%) enfrentan realidades de menor desarrollo. Desde una perspectiva nacional y popular, la justicia distributiva debe ser el eje de un Estado que arbitre equidades, no en pos de una igualdad absoluta, sino de una distribución justa de recursos que mitigue las desigualdades territoriales. La región pampeana, que concentra casi dos tercios de la población y más del 80% de las empresas industriales, genera una brecha significativa en los niveles de vida respecto de regiones menos favorecidas, como el Norte o la Patagonia. Esta concentración se refleja también en el ámbito educativo: el 61% de los graduados universitarios proviene de la región pampeana, frente al 16% de Cuyo y menos del 5% de la Patagonia. Las provincias del Norte exhiben los menores PBI per cápita, enfrentan condiciones de pobreza estructural. Por ejemplo, el PBI per cápita de la Ciudad de Buenos Aires (U$S 80.000 ajustado por paridad de poder adquisitivo en 2022), nivel similar al de países europeos e incluso estados como Nueva York, contrasta dramáticamente con los U$S 13.000 de provincias como Corrientes o Formosa, equiparables a los de países como Indonesia. Estas desigualdades no solo se manifiestan en términos económicos, sino también en la apropiación de bienes y servicios y en la falta de un criterio de gestión descentralizado que valide el principio federal. La idea de Nación, aunque hoy parezca debilitada, sigue siendo un insumo esencial para el peronismo. Recuperar un proyecto nacional implica articular una visión que trascienda las lógicas individuales y territoriales, promoviendo un desarrollo equitativo, soberano y solidario que restituya al Estado su rol como garante de la justicia social y el equilibrio federal.
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