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Parana » Paginajudicial
Fecha: 17/07/2025 01:50
La investigación que tiene bajo la lupa a Farmacias Villegas expuso también el rol de los profesionales que llevaban la administración contable del grupo, que podrían ser imputados por posibles delitos de evasión de impuestos y lavado de activos. La sospecha es que eran socios comerciales en negocios inmobiliarios y gastronómicos. Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial “Es probable que no pierdan su ‘prestigio’ ni se les termine la carrera”, admite un sabueso que lleva meses trabajando en el análisis de la evidencia secuestrada en la investigación que tiene bajo la lupa a la cadena de Farmacias Villegas. Enfatiza en la palabra prestigio y dibuja las comillas en el aire. No habla de los integrantes del grupo familiar que construyó un emporio de farmacias, sino de los contadores que llevaban los números de las empresas: Enrique Gustavo Passadore y Juan Carlos Fabián Kochendoerfer. Aquella mañana de septiembre, la estruendosa caída del emporio de farmacias paranaense se llevó la marca en un operativo que apuntaba a desnudar un esquema de evasión tributaria y lavado de activos que aún no ha sido dimensionado. La ex AFIP puso el ojo en Farmacias Villegas en 2021, a partir de la detección de diferencias entre el crecimiento del grupo económico, la facturación y el volumen de impuestos que declaraban, aunque la investigación tomó impulso recién en 2023, cuando el organismo radicó la denuncia que tramita el fiscal federal Leandro Ardoy. Por el momento no se ha determinado una calificación de los delitos ni se han establecido fehacientemente los montos de una posible elusión de pago de impuesto a las ganancias, bienes personales e IVA, se indicó a Página Judicial. En la investigación también quedó expuesto el rol de los profesionales que llevaban la administración contable del grupo, Passadore y Kochendoerfer, que también tenían una consultoría y una empresa constructora que desarrollaba proyectos inmobiliarios a través de fideicomisos, algunos de ellos en sociedad con allegados a la familia Villegas, con quienes también aparecen vinculados en emprendimientos gastronómicos. De allí que los investigadores del fisco aseguran que la familia Villegas y los contadores, con el ojo puesto principalmente en Passadore, mantienen un vínculo que trasciende lo estrictamente profesional, sino que los consideran socios. La hipótesis se robustece a partir del análisis de intercambios telefónicos entre ellos que refieren explícitamente al manejo de dinero en negro, la posibilidad de remitir divisas a países vecinos sin ningún tipo de registración, la compra de dólares en cuevas y la inconveniencia de inscribir bienes o servicios a nombre de Fabián Villegas y su esposa Mariela Lissa a raíz de la quiebra que pesaba sobre ellos desde 2023. Multi-rubro El grupo de negocios que funciona bajo el nombre de fantasía de Farmacias Villegas está encabezado por Fabián Villegas, su esposa y los hijos de ambos, Máximo, Ignacio y Augusto Villegas. El primer local comercial se instaló en calle Don Bosco 1505, esquina Sosa Loyola, a través de la empresa Livil SA –un acrónimo de sus apellidos–. Fue la nave insignia de un grupo económico que hoy administra unas treinta farmacias en Entre Ríos (mayormente en Paraná) y Santa Fe. Livil SA fue declarada en quiebra en 2011 y esa quiebra se extendió personalmente a Villegas y Lissa en 2023, aunque no afectó el crecimiento de la cadena. Lo hicieron a través de distintas sociedades en las que Lissa aparece como gerente y se encuentran conformadas, de manera intercalada, por sus hijos. En la ex AFIP detectaron “una serie de inconsistencias en cuanto al comportamiento fiscal” de firmas como Farmafenix, Deltafarma, Omegafarma, Americafarma, Betafarma, Gammafarma, Sigmafarma, Kappafarma e Iotafarma, todas sociedades conformadas para la administración de las Farmacias Villegas, como una forma de hacer trampas a la ley que establece que una persona física o jurídica no puede ser propietaria de más de dos farmacias. Un sabueso que participó de la investigación advierte que “la gran expansión comercial de Farmacias Villegas en los últimos tres años da cuenta de una inversión importante, con locales totalmente restaurados y equipamiento renovado, lo que se contrapone a la situación de quiebra en la que se encontraban Villegas y Lissa”. Paralelamente, Passadore y Kochendoerfer, además de profesionales de las ciencias económicas, son socios en la Consultora P&K, que tiene domicilio en Pasaje Baucis 486, donde funciona el estudio contable, y Brick Construcciones. Se trata de sociedades dedicadas a la prestación de servicios de fiduciario, que incluye la prestación de servicios técnicos profesionales en el ámbito de la administración, desarrollo de sistemas administrativos, análisis de costos, realización de sistemas de cobranzas, facturación y administración de edificios en torre, aunque la sospecha es que también serían inversores de los edificios que se construyen. Passadore, además, es socio de Máximo, Ignacio y Augusto Villegas en Ketoma Bar SRL, un emprendimiento gastronómico que funciona en el shopping de Paraná y tiene sucursal en Santa Fe. Sin embargo, los profesionales de la ex AFIP sospechan que detrás de semejante entramado comercial hay una pantalla para “canalizar las ganancias no declaradas por los nombrados y de esta manera lavar dinero”. En los allanamientos en el estudio contable y en la casa de Passadore se incautaron 7.576.030 pesos y 82.902 dólares en efectivo, además de pequeñas cantidades en otras monedas extranjeras. El profesional aseguró que el dinero no es suyo, sino que atañe a la actividad de la construcción y pertenece a terceras personas que han invertido en desarrollos inmobiliarios, por lo que pidió su devolución. Le dijeron que no. Las sospechas sobre los contadores surgieron a partir de la detección de negocios destinados a la construcción y venta de edificios a través de la figura del “fideicomiso al costo” creados por Passadore y Kochendoerfer desde la constitución de sus empresas. Todos los fideicomisos tenían la misma sede: Pasaje Baucis 486; y la administración de los alquileres está a cargo de la esposa de Passadore. Los investigadores creen que la complejidad de las maniobras perpetradas a través de esa ingeniería inter-empresaria o inter-societaria forma parte de una pantalla para disimular la trazabilidad de los activos y “evadir el pago de impuestos” de ellos y, eventualmente, de los inversores en los edificios que se construyen. Es por eso que la investigación inquieta no solo a los investigados. La investigación tramita en el Juzgado Federal a cargo de Leandro Ríos, aunque está delegada en manos del fiscal Leandro Ardoy. Hasta el momento todo el entramado supuestamente delictivo tramita en un mismo expediente, aunque no se descarta hacer un desdoblamiento: por un lado, el esquema montado a través de las farmacias; por el otro, el negocio inmobiliario. Tampoco hay personas imputadas, a la espera de establecer fehacientemente los montos de una posible evasión y, a partir de ello, detallar una calificación de los delitos en cada caso.
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