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» Tumisiones
Fecha: 16/07/2025 22:31
La historia del dueño del departamento donde encontraron un cadáver pone al descubierto la laxitud de los controles oficiales. Y plantea gruesos interrogantes. Cuando el expolicía Horacio Grasso mató por primera vez, debía haber estado preso. Ahora, 18 años después, cuando encontraron un cadáver en su departamento, también debía haber estado detenido en una cárcel. Pero en ambos casos, el sistema judicial de Córdoba lo había beneficiado. Perseguir la huella del prontuario de Grasso, que hoy tiene 55 años, significa adentrarse en los laberintos de la Policía de Córdoba y del Poder Judicial de la Provincia. Leer su legajo criminal y el derrotero de los distintos beneficios que fue recibiendo a lo largo de casi 20 años vuelve a poner una inmensa lupa sobre las decisiones judiciales, la presencia de potentes estudios jurídicos, el rol de los peritos oficiales y los controles que se deben realizar a quienes gozan de las prisiones domiciliarias. O sea, el expediente Grasso hoy vuelve a interpelar a todo un sistema. Según los registros oficiales, el 19 de abril de 2006, el entonces policía Grasso fue detenido acusado de amenazas calificadas, lesiones leves y coacción. Sin embargo, entre una fiscalía y el juzgado de Control decidieron devolverlo a la libertad casi de inmediato, como si se tratara de la mentada "puerta giratoria" de la Justicia: el 12 de mayo, menos de un mes después, estaba otra vez en la calle. A esa altura, su mediocre carrera policial estaba extinguida. Grasso hacía tiempo que se movía en los márgenes del uniforme y el delito: visitaba a narcos, proveía de armas a delincuentes, controlaba de alguna manera el flujo delictivo en la caliente zona sudeste de la ciudad de Córdoba, en los alrededores del cementerio San Vicente, donde aún el avance de la droga era un secreto que sólo los vecinos conocían. Menos de un año después de quedar en libertad, Grasso mató. Junto a un exsoldado, Roberto Serviliano Moreno, fueron a robarle a un vendedor de drogas en barrio Colonia Lola. Según la investigación de aquel momento, le dispararon con un FAL, justo cuando en medio de la calle pasaba una familia en un Renault 12. La mala puntería hizo que el proyectil ingresara por la luneta e impactara en la cabeza del pequeño Facundo Novillo Cancino, quien iba asomándose a la vida, mirando por la ventana del auto. El crimen destapó, como nunca antes en Córdoba, una realidad que no se quería ver: el narcotráfico, en complicidad con los narcopolicías. Cuando los periodistas llegaron aquella lluviosa mañana a la escena del asesinato, mientras Laura Cancino gritaba junto al cuerpo de su pequeño, los vecinos terminaron por sintetizar el verdadero drama: "Esto no es Colonia Lola, es Colombia Lola". El 24 de abril de ese año, Grasso fue detenido. En 2007 llegó el juicio, y el expolicía terminó condenado a 27 años de prisión por homicidio en ocasión de robo. Su cómplice recibió 23 años de condena. Durante todo el juicio, su madre, Eunice Meyer y su padre, el odontólogo Grasso, jamás se separaron de él. La mujer pedía notas para clamar por la inocencia de su hijo y asegurar que todo había sido armado por una expareja de Grasso, con quien había tenido una hija. El Tribunal debió llamarle la atención al odontólogo, luego de que al finalizar una audiencia persiguiera a un miembro del jurado popular. Los Grasso siempre gozaron de un cómodo pasar económico. El padre tuvo una larga trayectoria como odontólogo, lo que le permitió a la familia adquirir diferentes propiedades, además de la casa que habitaron en barrio General Paz. Entre las adquisiciones, figuran distintos departamentos en el Centro de la ciudad. Por ello, nunca escatimaron en gastos al momento de contratar abogados defensores para su hijo. Pese a ello, no lograron revertir la sentencia. Grasso permaneció durante años en el pabellón de la cárcel de Bouwer reservado para policías, militares y empresarios, que, si bien se lo conoce como "el VIP" sin llegar a serlo, se trata de uno de los sitios más cómodos de toda la penitenciaría. Sin embargo, cuando se agotaron todas las apelaciones y el fallo en su contra quedó firme, Grasso tuvo que ser trasladado, en 2015, a la cárcel de Cruz del Eje, donde son alojados los condenados. A partir de entonces, sus abogados comenzaron a presentar diferentes recursos para lograr la prisión domiciliaria, aduciendo supuestas patologías. El Juzgado de Ejecución Penal que le correspondía por esa jurisdicción nunca hizo caso a estas peticiones, pero Grasso logró revertir todo gracias a un cambio de cárcel que ahora genera más que suspicacias en los Tribunales de Córdoba. En septiembre de 2018, el Servicio Penitenciario de Córdoba, que estaba bajo el mando total de Juan María Bouvier, hoy preso acusado de haber generado un impresionante esquema de corrupción interno, decidió enviarlo a la penitenciaría de la ciudad de Río Cuarto, aduciendo que en Cruz del Eje Grasso era "estigmatizado" por haber asesinado a un niño. El cambio de jurisdicción también provocó que su situación ahora quedara en manos del entonces flamante juez de Ejecución Penal de Río Cuarto, Gustavo Echenique Esteve, quien había asumido apenas dos meses antes. De manera exprés, en enero de 2019, o sea sólo cuatro meses después de que Grasso hubiese llegado a Río Cuarto, este juez resolvió otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria. Para ello, el juez se valió de los informes de los peritos del Poder Judicial de Córdoba que indicaron que Grasso presentaba patologías psiquiátricas por su adicción a las drogas, lo que lo obliga a tomar una batería diaria de medicamentos, además de una afección cardíaca, que también debía ser monitoreada. Casualmente, la cárcel de Río Cuarto no tenía los medios suficientes para lograr un seguimiento médico adecuado. En enero de 2019, cuando llevaba menos de 12 años detenido (no había cumplido ni la mitad de la condena), Grasso llegó a la casa de su madre Eunice Meyer en barrio General Paz, de la ciudad de Córdoba. Nueve meses después, retornó a prisión: lo acusaron de resistencia a la autoridad y amenazas, luego de que su madre y una exabogada, con la que había entablado una relación, lo denunciaran por violento. Al estar en Córdoba, su situación quedó a cargo del juez del Ejecución Penal 1, Facundo Moyano Centeno, quien decidió que quedara alojado en Bouwer. Pero Grasso lo hizo de nuevo. Lo trasladaron a Río Cuarto y otra vez quedó bajo la órbita del juez Ejecución Penal Echenique Esteve. Mientras tanto, iba cambiado de abogados. Asumió su defensa el letrado Eduardo Gómez Caminos, del estudio del exfiscal General de Córdoba, Darío Vezzaro. El 14 diciembre de 2020, solicitaron que otra vez le fuera concedida la prisión domiciliaria, aduciendo las mismas patologías. El juez en un principio se opuso, pero mientras se sustanciaba la casación, en marzo de 2021, cambió de postura y terminó por otorgarle el beneficio. ¿Por qué le dieron otra vez semejante oportunidad cuando ya había demostrado que no cumplía con los requisitos de comportamiento exigidos? Las respuestas aún no aparecen. El 3 de marzo de 2021, Grasso volvió a la ciudad de Córdoba, esta vez con una tobillera electrónica. Había cambiado su lugar de "encierro": ahora, era el 3° D del edificio ubicado en Buenos Aires al 300, a sólo 200 metros de la plaza San Martín. Como su madre ya no quería ser la responsable de su prisión domiciliaria, fue un amigo, que vivía en el décimo piso del mismo edificio el que firmó como responsable. Para recapitular: Grasso tenía múltiples antecedentes por violencia; mató a un niño; lo echaron de la policía por sus contactos con el delito; las patologías que presentaba no eran de suma gravedad; en la cárcel continuó drogándose; y cuando le otorgaron por primera vez el beneficio de la prisión domiciliaria, volvió a tener problemas con la ley. Pero de nuevo la Justicia lo dejaba irse de una cárcel para quedarse en una casa, pese a que ni su madre quería hacerse cargo de él. En teoría, es el Patronato del Liberado, órgano que depende del Ministerio de Justicia de Córdoba, el que debe velar por el cumplimiento de la prisión domiciliaria. En los papeles, el sistema es simple: al tener tobillera electrónica, una central de monitoreo controla que no se mueva del radio permitido; además, los empleados del Patronato deben acudir de manera periódica a su domicilio a constatar que todo esté en orden. La realidad desmintió, otra vez, a la teoría. El departamento de Grasso se convirtió en un desfile de mujeres a las que él contrataba por servicios sexuales. Incluso, cuando un familiar le sugirió mudarse a una casa con patio, el expolicía le dijo que la razón principal por la que se quedaba en ese edificio era porque tenía mayores posibilidades de contactar en la zona a trabajadoras sexuales. Nunca hubo un informe del Patronato que alertara sobre esta situación. Mucho menos sobre el trabajo que Grasso comenzó a promocionar a través de las redes sociales: limpiar y componer armas usadas. Aunque resulte increíble, en Facebook aparecen publicaciones atribuidas a Grasso, quien utilizando el apellido materno ofrecía este servicio. Un detenido con prisión domiciliaria, recibía armas de fuego de todo tipo para arreglarlas. Ni los servicios sociales del Patronato del Liberado ni la Inteligencia Criminal de la Policía detectaron alguna vez esto. Desde 2021 hasta el pasado 3 de julio, Grasso violó de manera reiterada los requisitos impuestos por la prisión domiciliara. Al estar en la ciudad de Córdoba, otra vez estaba a cargo del Ejecución Penal 1, Facundo Moyano Centeno, quien le ordenaba que cumpliera con los controles médicos en el Hospital Córdoba. Estas eran, en teoría, las únicas salidad autorizadas que Grasso tenía. Pero cada vez con mayor insistencia, la central de monitoreo alertaba que Grasso pasaba demasiado tiempo afuera de su departamento. Cada vez que la Justicia le requería explicaciones, el expolicía le acercaba un certificado de atención médica, pero odontológica. La misma odontóloga firmaba todos los comprobantes. "Si realmente Grasso fue todas esas veces a consultas odontológicas, hoy debe tener la mejor dentadura de Córdoba", resaltó ahora un investigador. Las dudas apuntan a establecer si esta odontóloga era cercana al padre de Grasso, fallecido en 2023. La facilidad con que el asesino de Facundo conseguía estos certificados ha llamado la atención. Recién en septiembre último, Grasso quedó en condiciones de solicitar la libertad condicional, ya que cumplió los dos tercios de la condena. En realidad, hacía mucho más tiempo que gozaba de una flexibilidad notable. Sin embargo, el juez Moyano Centeno resistió otorgarle la libertad. Y solicitó una serie de peritajes que aún no se habían completado. En marzo, Grasso tuvo que someterse a una junta médica. Se sospecha que, a esa altura, el expolicía ya convivía con un cadáver en su departamento del edificio de calle Buenos Aires. Nunca nadie del Patronato del Liberado advirtió el olor pestilente que emanaba de ese domicilio. Ni escuchó los múltiples reclamos de los vecinos de Grasso, que advertían que era violento, que los amenazaba y que de manera constante era visitado por toda clase de personas. ¿Acaso alguna vez alguien del Patronato fue a controlarlo ese edificio? Cansado de los múltiples reclamos de la Justicia, por haber violado las condiciones de encierro, el amigo del décimo piso que hacía las veces de tutor, terminó por renunciar a esa tarea. ¿Quién lo reemplazó? Una persona que sería el portero del mismo edificio. Así de simple. La facilidad con la que Grasso fue obteniendo semejantes beneficios judiciales a lo largo de estos años es otro aspecto que no escapa a nadie. ¿Quién tenía el poder para mover tantos hilos a favor a Grasso? ¿Por qué? Sin embargo, el expolicía tensó tanto la cuerda que al final el juez Moyano Centeno ordenó que volviera a prisión ante los reiterados incumplimientos. El pasado jueves 3 de este mes, fue detenido y trasladado a Bouwer. Un día después, su hermano Jorge Javier Grasso, con quien casi no tenía trato, contrató a dos hombres que vivían en la calle para que fueran a limpiar el departamento que el expolicía acababa de dejar por la fuerza. Jorge Grasso también tiene un interesante prontuario, que incluye un llamativo cambio de género para intentar eludir una condena en Paraguay, donde había sido detenido a finales del año pasado acusado de un suculento robo. Su caso también demuestra que tenía un importante asesoramiento en cuestiones legales. Pero en este caso, lo concreto es que Jorge Grasso quería limpiar rápido el departamento que su hermano habitó durante más de cuatro años, para ponerlo en alquiler. Además, vecinos de los pisos de abajo habían reclamado que enormes manchas de humedad eran consecuencia de pérdidas del 3° D. Cuando el viernes 4, los dos jóvenes contratados para limpiar ingresaron en ese departamento, se toparon con una enorme cantidad de elementos sucios. Al comenzar a remover todo, llegaron hasta un pequeño placar de cemento. Apenas abrieron, se toparon con el espanto: un cadáver envuelto entre cubrecamas y atado con cable. Salieron de allí y denunciaron todo en la unidad judicial de calle Paraná. Los primeros policías que llegaron se descompusieron. El fiscal de feria, Guillermo González, ya sabe que a la causa la va a continuar, desde el próximo lunes, la fiscalía a cargo de José Bringas. Pero ya encargó diferentes diligencias al Equipo Argentino de Antropología Forense y a la división Homicidios de la Policía. Este lunes, llegó un primer informe: la víctima tenía entre 20 y 40 años, era mujer, de contextura menuda. A simple vista, en los huesos no se observan marcas de balazos o de "puntazos", por lo que se presume que la mataron asfixiándola y estrangulándola. Por el estado cadavérico de los restos, se especula que el crimen se cometió hace unos seis meses. ¿Quién estuvo en ese domicilio en ese tiempo? Hay una certeza: Horacio Grasso, seguro que sí. ¿Por qué no se deshizo del cuerpo? Porque, en teoría, tenía las salidas monitoreadas. Si bien en los registros judiciales hay solicitudes de paraderos activas por dos mujeres, ningún familiar de ellas se presentó ante la Justicia. La investigación intenta encontrar, ahora, a una expareja de Grasso, que en su momento fue víctima de violencia de género. Pero la conjetura mayor apunta a una víctima muy vulnerable (por eso nadie la reclamó hasta ahora). Y es en este escenario que se sospecha que podría tratarse de alguna de las trabajadoras sexuales que Grasso contrataba de manera frecuente. Por el estado de los huesos, los peritos ya adelantaron en que no será complejo encontrar el ADN. Pero lo difícil será hallar con quién compararlo. Por esos, los investigadores son cautos. Saben que tienen un gran desafío por delante para descubrir qué pasó en el 3° D. Donde Grasso nunca tuvo que vivir en estos cuatro años. Fuente: C3
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