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Parana » Radio La Voz
Fecha: 16/07/2025 13:00
Un grupo de relatores de Naciones Unidas expresó su “seria preocupación” por el deterioro de las libertades en Argentina desde diciembre de 2023. Señalaron uso excesivo de la fuerza en manifestaciones, detenciones arbitrarias y persecución a jueces como Karina Andrade. La comunidad internacional volvió a poner la mirada sobre Argentina. A través de una carta enviada el 12 de mayo, un grupo de relatores de Naciones Unidas advirtió al Gobierno de Javier Milei sobre “el grave deterioro de las libertades fundamentales y del espacio cívico” en el país desde la implementación del protocolo antipiquetes a fines de 2023. La misiva, firmada por nueve especialistas en derechos humanos, cuestionó la represión de protestas pacíficas, el uso desproporcionado de armas menos letales, las detenciones arbitrarias de manifestantes y periodistas, y lo que consideraron “ataques directos a la independencia judicial”. Tras dos meses sin responder, el Ejecutivo argentino, a través de Cancillería, solicitó una prórroga para dar explicaciones. Violencia en las calles y censura Los relatores detallaron situaciones como bloqueos de accesos a Buenos Aires, cercos policiales para “encerrar” manifestantes, despliegues desproporcionados de fuerzas de seguridad y lesiones a personas que no recibieron atención médica. Un caso emblemático fue el del fotoreportero Pablo Grillo, quien resultó gravemente herido por una granada de gas lacrimógeno disparada por un gendarme durante una protesta de jubilados frente al Congreso, el 12 de marzo. “Los Estados deben adoptar medidas eficaces para proteger a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión, incluyendo a periodistas”, recordó la ONU. Hostigamiento a jueces La denuncia también alertó sobre persecuciones a jueces y fiscales que investigan abusos de las fuerzas de seguridad. Mencionaron el caso de la magistrada Karina Andrade, quien liberó a manifestantes detenidos tras la represión de marzo y fue blanco de amenazas y hostigamientos, incluso por parte de funcionarios del Gobierno. Andrade llevó su denuncia a instancias internacionales, advirtiendo sobre un “patrón de hostigamiento estructural contra el Poder Judicial argentino”. Un contexto de restricciones Los relatores contextualizaron que este clima de represión comenzó con el protocolo antipiquetes impulsado por Patricia Bullrich, y se agravó con el mega DNU, la Ley Bases y otras reformas que habilitan mayor intervención de las fuerzas de seguridad, incluyendo la reciente “ley antimafias”, que permite detenciones sin orden judicial. También alertaron sobre los discursos oficiales que califican las protestas como actos de terrorismo o delitos contra la seguridad nacional, lo que genera un clima de criminalización hacia organizaciones sociales y movimientos pacíficos. La ONU pidió al Gobierno argentino explicaciones y garantías de respeto a los derechos humanos, recordando que “los Estados no solo deben abstenerse de interferir en las libertades de reunión y expresión, sino también protegerlas y garantizarlas”.
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