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Federal » El Federaense
Fecha: 16/07/2025 06:50
El presidente Javier Milei ha tomado una decisión contundente al anunciar un “veto total” a la ley de financiamiento universitario, la cual fue aprobada en el Senado en la madrugada de hoy. Esta ley buscaba aumentar las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades y a la mejora de los salarios de sus empleados, tanto docentes como no docentes. La contundente afirmación de Milei llegó a través de su cuenta en X, en respuesta a un tweet del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien había subrayado que la última palabra sobre el tema estaba en manos del presidente. Aunque el portavoz Manuel Adorni había anticipado que el veto estaba siendo evaluado, la confirmación oficial refuerza la tensión preexistente. El Impacto del Veto en las Universidades Este veto abre la posibilidad de un aumento en el conflicto que ya estaba presente en las universidades nacionales. Con el inicio del cuatrimestre, los docentes han comenzado a llevar a cabo paros de actividades en rechazo al atraso salarial, que ellos estiman en un 30% promedio, e incluso superior en ciertos casos. Además, hay un incumplimiento observable por parte del Gobierno del compromiso de enviar más fondos a estas instituciones. Reacciones y Posibles Protestas Los gremios universitarios están considerando la posibilidad de organizar una nueva marcha de protesta. La reciente manifestación del 23 de abril había sido un éxito, lo que sugiere que la comunidad educativa podría volver a unirse. Podrían también llevarse a cabo nuevos paros, intensificando así la presión sobre el gobierno nacional. Después de la aprobación de la ley por un variado conglomerado de fuerzas políticas, que incluyó a radicales, kirchneristas, y fuerzas provinciales, los 57 votos a favor constituyen una clara voluntad legislativa. Sin embargo, el oficialismo argumenta que la oposición está utilizando el tema de la educación como un campo de batalla política, al considerar que la ley carece de una fuente de financiamiento clara para los gastos adicionales que conllevaría. El costo fiscal estimado siendo sólo el 0,14% del producto bruto interno (PBI), o aproximadamente $780.000 millones, ha sido argumentado por los defensores como un monto manejable en el contexto nacional. Es interesante destacar que este veto se convierte en el segundo de su mandato, precedido por la reciente firma de la ley de movilidad jubilatoria a fines de agosto. En aquella ocasión, la oposición no logró los dos tercios requeridos en la cámara de Diputados para revertir la situación. Los próximos diez días serán cruciales, ya que es el tiempo que tiene el gobierno para oficializar el veto ante el parlamento, que posteriormente puede intentar restablecer la ley.
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