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Parana » Informe Digital
Fecha: 16/07/2025 05:27
El 10 de julio, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dictó la inhibición general de bienes de 24 personas vinculadas a los laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group SA. Estas compañías elaboraron y comercializaron fentanilo de uso clínico contaminado con al menos dos bacterias, asociándose al fallecimiento de al menos 54 pacientes. El 23 de mayo, ya se les había prohibido salir del país, con el objetivo de “neutralizar, gradualmente, los riesgos procesales de peligro de fuga o entorpecimiento del descubrimiento de la verdad y, a la vez, conservar los bienes que pudieran ser fruto de las actividades eventualmente delictivas bajo pesquisa”. En la cédula de notificación de 12 fojas que el magistrado envió a cada una de esas personas, no solo se describe minuciosamente cómo se detectó la “contaminación bacteriana” de “FENTANILO HLB 31202 y 31244”, producidos en la última campaña del 18 de diciembre de 2024 en la sede del Laboratorio Ramallo para HLB Pharma, sino que también se incluyó una línea de investigación que abre la puerta al “desvío” al mercado ilegal de casi cinco kilos de citrato de fentanilo importado. Según los cálculos del mercado farmacéutico, esta cantidad es suficiente para satisfacer el consumo médico de todo el país durante más de cuatro años. A raíz de este hecho, el Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Patricia Bullrich, junto a otros organismos gubernamentales como la Mesa para la Prevención del Tráfico Ilícito y Uso Indebido del Fentanilo, integrada por la cartera de Seguridad, el Ministerio de Salud, la ANMAT y ARCA. Según pudo reconstruir Infobae, ese último espacio interinstitucional se estableció como una instancia de intercambio crítico de información, evaluación conjunta de casos y diseño de acciones concretas de fiscalización. En este marco, según la documentación oficial en poder de este medio, “se llevaron a cabo nueve inspecciones conjuntas con la Dirección General de Aduanas a empresas importadoras y fabricantes de fentanilo, incluyendo intervenciones a HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA en marzo de 2024”. Según describió el juez Kreplak en su cédula de notificación, en esa inspección las autoridades confirmaron que “HLB Pharma contaba con 4,5 kilos de citrato de fentanilo en sus instalaciones; mientras que Laboratorios Ramallo tenía un total de 0,45 kilos de la misma sustancia”. A continuación, el magistrado recordó que: “No obstante, ninguna de esas sumas fue hallada en los allanamientos realizados a ambas firmas el 15 de mayo de 2025”. Tampoco se encontró “registros que acrediten el destino dado a la sustancia”. En una exposición espontánea presentada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 3 de La Plata por Nilda Furfaro, madre de Ariel García, aseguró que “la materia prima fue destruida bajo los estándares de la ley”. La supuesta destrucción del citrato de fentanilo y otros medicamentos se habría realizado el 13 de mayo de 2025 a través de la empresa “MD Servicios S.R.L.”, por la que se habría abonado la suma de $585.712. Toda esta información se encuentra bajo investigación. Un aspecto relevante a destacar es que, ese mismo día, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), mediante la Disposición 3158/25, “inhibió las actividades productivas de la firma HLB PHARMA GROUP S.A., con planta ubicada en Av. Tomkinson 2054, San Isidro, Provincia de Buenos Aires”, donde se prohíbe el uso, distribución y comercialización en todo el territorio argentino de todos los productos registrados a nombre de la firma, hasta que se encuentren las condiciones técnicas y sanitarias necesarias para levantar la presente medida. Asimismo, se inhibieron las actividades productivas de la firma LABORATORIOS RAMALLO S.A., ubicada en Ing. Agustín Rocca 530, Ramallo, Provincia de Buenos Aires. Ambas sociedades están vinculadas a Ariel García Furfaro, un empresario que, a través del gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, intentó distribuir en el país 50 millones de dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19, Sputnik V, operación que naufragó, en parte, debido a los antecedentes penales de García Furfaro, quien estuvo dos años y siete meses preso en la Unidad 9 de La Plata por intento de homicidio. De hecho, se graduó como abogado durante su encarcelamiento. Su primer cliente fue un compañero de reclusión, Aníbal González Igonet, conocido como “El Loco del Martillo”, quien, hasta ese momento, había estado casi 43 años tras las rejas, acusado y posteriormente condenado como asesino serial de mujeres. García Furfaro logró su liberación. Ayer, en diálogo con Infobae, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, ciudad donde se registró el mayor número de fallecimientos por fentanilo contaminado (35 de los 54), afirmó que los dueños de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo SA mantienen lazos con el narcotráfico y anunció que se presentó como querellante en la causa que investiga la distribución de fentanilo contaminado. El jefe comunal fue contundente: “Tienen vínculos con el narcotráfico” y solicitó que se investiguen posibles desvíos de la sustancia al mercado ilegal. g El alcalde se refería a que Ariel García, como abogado, defendió a Jorge Salinas —ex propietario del laboratorio Apolo, vinculado al procesamiento por tráfico de efedrina— y a Andrés Gerardo Lamboy, asociado al depósito fiscal donde operaba Mario Segovia, alias “el Rey de la efedrina”, condenado, entre otras causas, por tráfico ilegal de esa sustancia. El laboratorio Apolo explotó el 24 de junio de 2016. Los accionistas de ese laboratorio decidieron abrir otro, que se llama Ramallo. La explosión del laboratorio Apolo profundizó las sospechas sobre dicha firma. Los directivos de Apolo, entre los que figuraban Marcelo Ferré, Jorge Gómez, Ariel García Furfaro, Damián García y Marcela Vozza, fueron acusados de ”estrago culposo agravado y lesiones graves culposas”, ambos en concurso ideal y en carácter de autor. El 20 de mayo de 2019, el juez Hernán Postma aprobó un acuerdo entre los imputados y suspendió el juicio a prueba contra los acusados. La sanción fue llamativa: debían asistir una vez a la semana para realizar la limpieza del Museo Justicialista. Los demás imputados, como García, García Furfaro y Vozza, fueron sobreseídos.
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