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» Diario Cordoba
Fecha: 15/07/2025 21:04
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha podido escuchar de primera mano los argumentos a favor y en contra de la amnistía a lo largo de dos vistas para estudiar las cuestiones prejudiciales elevadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. Mientras en la sesión de la mañana el representante de la Comisión Europea destacaba que "no parece que responda a un interés general", sino a la investidura del presidente del Gobierno. En la de la tarde todavía se mostró más contundente y quiso concluirla con una pregunta a la que dio respuesta: "¿Es compatible con los valores de la Unión conceder una amnistía a cambio del apoyo de un Gobierno? La Comisión Europea cree que no". Durante todo el día, Carlos Urraca lo había dicho de una forma u otra: "Las autoamnistías son contrarias a los principios del Estado de Derecho" y "el mismo criterio debería aplicarse cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario". Pero a medida que se prolongaba las vistas fue cada vez más contundente. Ante las preguntas del vicepresidente del TJUE, Thomas von Danwitz, que será el ponente de la sentencia que se dictará, y del Abogado General -figura del derecho alemán que propone una resolución al tribunal-, Dean Spielmann, Urraca fue volviéndose más contundente. "Cuanto más lejos vaya la amnistía, más importante es tener un objetivo de interés general y demostrar que es el medio apropiado para lograrlo", explicó para añadir que la Comisión Europea tiene dudas de que esté justificado el alegado. Cuando Spielmann se interesó por la sentencia del Constitucional, Urraca señaló que esa sentencia negaba la autoamnistía, porque se había aprobado en un parlamento democrático, pero la Comisión Europea nunca había "dicho que fuera una autoamnistía porque se estuviera amnistiando a los miembros del Gobierno", sino que "lo que dice es que si hay respaldo para considerar que cuando se blinda a sí mismo, el mismo tratamiento o censura merece cuando amnistía a sus socios a cambio de apoyo a la investidura". Y ello supuso recordar que el criterio por el Tribunal Constitucional español no es compartido por el TJUE. "Hay que tener en cuenta el contexto y el contexto de esa ley es que quien está en el poder nunca" contempló una amnistía mientras no "necesitó los votos de otro partido". Aseveró que "el acuerdo se plasmó en un documento en el que nunca se habló de convivencia", y ello "ha ahondado en el conflicto en la sociedad española", porque, pese a que la Comisión de Venecia lo recomendó, se rehusó ampliar el debate y se aprobó por el método de urgencia. De Valladolid Ya solo las palabras de la mañana molestaron especialmente al abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que ante los medios le tildó de "abogado de Valladolid" para añadir que conocía la ley de amnistía a través de Twitter. Durante la vista, el letrado había asegurado que "la amnistía no es una amenaza para Europa, es una promesa hecha ley", que vino para acabar con un conflicto y descartaba que fuera una "autoamnistía". En el lado opuesto, el representante de la Societat Civil Catalana (SCC) Juan Ramón Chapapría, destacó que la amistía "fue fruto de un prófugo de la justicia y de un dirigente socialista hoy en prisión", en referencia a la reunión que mantuvieron el propio expresidente de la Generalitat y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. La vista se estructuró por bloques en función de las preguntas planteadas por la Gran Sala para dar respuesta a las cuestiones elevadas por el Tribunal de Cuentas. En lo único que Bruselas coincidió con el Reino de España, representado por la Abogacía del Estado, y la fiscalía fue en negar una supuesta afectación a los intereses de la Unión, lo que invalidaría las dudas planteadas por el Tribunal de Cuentas cuando se disponía a dictar sentencia sobre la responsabilidad contable en la que se pudo incurrir con el 1-O y la acción exterior del Govern. En palabras de la abogada jefa ante la Unión Europea, Andrea Gavela: "No existe vínculo entre con los intereses de la Unión. El daño fue para la Generalitat”, aunque el Ejecutivo catalán renunció a hacer reclamación alguna. En la misma idea se pronunció el fiscal jefe ante el Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, que recordó que no se había realizado diligencia alguna para acreditar esa afectación durante la tramitación de la causa por responsabilidad contable o alcance a través del desvío de dinero público a un referéndum ilegal. Aseguró que en caso de entenderlo necesario el tribunal, a petición de las partes, podría acordar la investigación durante el plazo de dos meses que prevé la propia ley de amnistía para su aplicación. La Comisión Europea tampoco aprecia un "vínculo suficientemente directo entre las irregularidades presuntamente cometidos y los intereses de la Unión, porque los demandados no tienen autoridad para recaudar y poner a disposición productos propios de la Unión". Y no cree que la secesión de un territorio "constituya un perjuicio suficientemente directo, porque no tendría por qué tener "incidencia necesaria en el nivel de recursos propios de la Unión". Su foco se centró en que para que una amnistía no sea arbitraria "debe perseguir un interés legítimo en beneficio de la comunidad" y, en su opinión, la que está bajo la lupa del TJUE "no parece" que lo haga y rechazó "atender a las recomendaciones de la Comisión de Venecia, para que se realizase un diálogo adecuado" entre el Estado y la oposición para "lograr la invocada reconciliación política o restringir el ámbito temporal y material de la amnistía". Unos argumentos que Boye trató de rebatir en el turno de réplica, al recordar que la amnistía se aprobó por mayoría parlamentaria y que las recomendaciones de la Comisión de Venecia se incorporaron al texto definitivo, aunque no se reabriera el debate, porque se llevaba "300 días debatiendo la ley". La abogada del Estado también contestó al representante de la Comisión Europea que la tramitación por vía de urgencia de una ley no supone ninguna merma de las garantías. El abogado de Puigdemont, que señaló que por primera vez en una vista ante el TJUE "iba de la mano" de la Fiscalía y de la Abogacía del Estad, como garantes de la "legalidad", sostuvo que toda amnistía procede de un "acuerdo político". "No hay reconciliación sin amnistía. Europa no se construyó con códigos penales, sino con pactos. El problema de la amnistía es que no gusta a quienes en el conflicto viven mejor", marco en el que situó las dudas elevadas por las cuestiones prejudiciales elevadas por la consejera del Tribunal de Cuentas Elena Hernáez sobre el 1-O y la acción exterior. Dudas Como es tradicional en las vistas ante el TJUE los distintos magistrados preguntan lo que consideran oportuno. Mientras por la mañana lo hicieron el presidente del tribunal, el vicepresidente y el Abogado General, en la de la tarde lo hicieron otros tres magistrados, lo que hizo que finalmente la vista relativa a los 12 CDR a los que se acusaba de pertenencia a organización terrorista y fabricación y tenencia de sustancias explosivas, se prolongara durante casi cinco horas. Durante su turno, Von Danwitz quiso saber si después de la sentencia del Tribunal Constitucional un juez podía elevar una consulta a la justicia europea, y pese a lo poco que gusta esa posibilidad a la corte de garantías española, la abogada del Estado jefe ante la UE tuvo que admitir que sí, que era compatible, al no haber nada en el ordenamiento jurídico español que lo impidiera.
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