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» Diario Cordoba
Fecha: 14/07/2025 22:00
La defensa de Santos Cerdán ha pedido al Tribunal Supremo que reclame información sobre "todas las colaboraciones realizadas por Koldo García Izaguirre con las distintas unidades de la Guardia Civil, sea en el estatus que fuere, durante el período 2018-2024", y en especial, si consta en el "inventario de fuentes policiales" de los distintos registros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como si en ese tiempo han existido contactos entre él y miembros de la Unidad Central Operativa (UCO), encargada de la investigación del caso. La defensa incide así en la estrategia mantenida por el abogado Benet Salellas ya durante la vistilla en la que se decidió el ingreso en prisión de Cerdán. Entre los argumentos del letrado para oponerse al ingreso en prisión del ex secretario de Organización del PSOE figuraba considerar a Koldo García un "agente provocador", lo que explicaría que hubiera grabado durante años a sus interlocutores y guardara todo tipo de pruebas de los contactos mantenidos durante años. Esas grabaciones son el indicio princial del presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública. Por ello, la Fiscalía Anticorrupción sale en su defensa para negar que los delitos investigados obedezcan a “especiales circunstancias”, porque todo en un “delito provocado”, para el que Koldo García debía proponer su comisión y a la vez grabarlo para disponer de una prueba de que ha ocurrido. El ministerio público recuerda que el auto de prisión "descarta sin demasiado esfuerzo esta posibilidad pues, en efecto, el autor de la grabación no mueve a la decisión de delinquir a quien no tenía propósito de hacerlo, sino que Koldo García, presumiblemente, pretendía documentar y conservar para sí la acreditación de una infracción delictiva previa, ya cometida o incluso que se estaba cometiendo". Añade que "en el presente caso, por más que la representación de Santos Cerdán señale que no está plenamente definida la mecánica delictiva y las fechas concretas del pacto corruptor resulta evidente que el acuerdo para la percepción de las recompensas o dádivas propias del delito de cohecho ya se había producido al tiempo de las grabaciones, como también la entrega de buena parte de las cantidades pactadas". Por eso se puede oír a Cerdán diciendo que iba a reclamar "todo, todo", lo que lleva al fiscal a situarlo en la cúspide de la presunta organización criminal, la persona que negociaba y reclamaba a las constructoras y quien sabe con quién se repartía las ganancias obtenidas. Para oponerse a su puesta en libertad, la fiscalía enumeraa los indicios descritos contra ex número tres del PSOE por la UCO en su informe del pasado 5 de junio, en el que se "revela cómo Santos Cerdán León asumió la dirección de una organización criminal que de manera concertada y coordinada con otros consiguió, desde su alto cargo en el PSOE, Secretario de Organización, penetrar en junio de 2018 en un Gobierno al que era ajeno, nada menos que en las entrañas del entonces denominado Ministerio de Fomento, uno de los departamentos con mayor capacidad inversora, estableciendo desde el principio un eficaz y duradero sistema de cobro de comisiones por adjudicaciones públicas". El ministerio público añade que "todo eso lo organizó o amparó, presuntamente, Cerdán para, conjuntamente con José Luis Ábalos y Koldo García, quebrantar en su beneficio y en el de terceros el correcto funcionamiento del sistema de contratación pública, dañando la libre competencia y encareciendo el coste de las obras públicas". "Pretendidamente creado" En su escrito de siete páginas, la defensa de Cerdán, que comparten los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo, argumentan la necesidad de disponer de todas las grabaciones que Koldo García realizó entre 2019 y 2023, pese a que dicen ser "conscientes" de encontrarse ante "una cantidad ingente de datos", que podría alcanzar "unos 30.000 ficheros de audio que, de tener una duración media de cinco minutos cada uno, alcanzarían las 2.500 horas de grabación, lo cual en espacio digital alcanzaría varios terabytes". Así explican que podrán "ser estudiados debidamente los datos y metadatos que obran en la fuente original de prueba de cada una de las grabaciones originales y primarias", lo que permitirá comprobar si han sido manipuladas y por quién. En su opinión, "a efectos de comprender y estudiar las capacidades técnicas de almacenamiento, gestión y tratamiento de datos del repositorio pretendidamente creado por el investigado Koldo García Izaguirre en solitario resulta imprescindible disponer de la totalidad de los mismos". De esta forma el escrito plantea sus dudas sobre la posibilidad de que el exasesor guardara por sí mismo y para sí mismo estos audios durante años. Medalla También pide el repositorio en su "totalidad" y tener acceso a todas las diligencias realizadas en el llamado caso Koldo en la Audiencia Nacional, antes de aparecer indicios contra el exministro José Luis Ábalos, lo que obligó a enviar parte de las actuaciones al Supremo, y de cara a la declaración el próximo día 21 de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y del ex director general de Carreteras Javier Herrero. Además, solicita poder asistir a las diligencias que allí se celebren, aunque su cliente esté imputado en el Tribunal Supremo y no en la Audiencia. Pero el centro de las diligencias solicitadas se centra en la que consideran "notoria" relación "previa de colaboración" de Koldo García "con el cuerpo policial encargado de la investigación, relación que culminó incluso con la concesión en 2018 de una medalla al mérito policial por parte de la Guardia Civil", destaca el escrito. Por eso la defensa reclama que se remita un "oficio a la Dirección General de la Guardia Civil" para que "informe al tribunal de todas las colaboraciones realizadas por el Koldo García Izaguirre con las distintas unidades de la Guardia Civil sea en el estatus que fuere durante el período 2018-2024" y "si consta incluido en el inventario de fuentes policiales (y en los registros pertinentes del Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana (SIGO), el Sistema de Registro de Investigaciones del CITCO y el SINVES-Aquila", así como de "si han existido contactos entre él y miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el período descrito". "Para el caso que dicha información sea de naturaleza clasificada por la ley de secretos oficiales", la defensa pide al magistrado del Supremo Leopoldo Puente que "eleve inmediatamente suplicatorio al Consejo de Ministros" para que se proceda a su desclasificación. Suscríbete para seguir leyendo
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