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Gualeguaychu » El Argentino
Fecha: 14/07/2025 09:52
El gobierno nacional barrió con todas las políticas para proteger a las mujeres y las disidencias sexuales. La provincia y los municipios intentan sostener, pero no alcanza. El crecimiento exponencial de las causas de violencia de género, el rol de la Universidad y de las organizaciones sociales. Lunes, 14 de Julio de 2025, 6:01 Por Luciano Peralta El gobierno de Javier Milei dio por tierra con las políticas de género a nivel nacional. A la eliminación del primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación le siguió el desmantelamiento de las herramientas generadas para combatir la violencia de género en todas sus expresiones. Este brutal recorte generó un fuerte vacío que las provincias y los municipios, en el mejor de los casos, intentan suplir, pero sin las herramientas y los presupuestos necesarios para hacerlo. Para conocer el impacto de esta realidad en la provincia, EL ARGENTINO dialogó con el Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer), Leonardo Portela; con el Procurador General, Jorge García; con la responsable del Protocolo Frente a la Violencia Sexista de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Luciana Basso; con la periodista y referente provincial de la Red Federal de Periodistas Feministas, Sandra Miguez, y con María Elena Ale, parte de la Asamblea de Mujeres Lesbianas, Travesti Trans y No Binaries de Paraná. Las causas, en aumento “Hoy, tenemos un crecimiento exponencial, en la provincia y en todo el país, de las causas de violencia. Encima se está poniendo cada vez más grave todo, ya no son hechos de violencia doméstica, sino que terminan en femicidios”, expresó el Presidente del Stjer, Leonardo Portela. En la misma línea, Jorge García, jefe de los fiscales entrerrianos, aseguró que “el sistema de jurados está colapsado por la cantidad de delitos de abuso sexual agravado que están siendo juzgados. Hay muchísimos casos de condenados, de hecho, en la Unidad N° 9 de Gualeguaychú hay muchos condenados por violación y abuso sexual agravado”, remarcó el funcionario. Al tiempo que reconoció que “se trabaja en situaciones casi de colapso”, tanto en la Justicia de Familia como en la Justicia Penal. Sobre las Fiscalías de Género, García remarcó la de Concordia y aseguró que la intención es, también, poner fiscalías especializadas en Concepción del Uruguay, en la zona de Gualeguay, Diamante y Gualeguaychú. “Antiguamente los delitos contra la propiedad eran los que se llevaban una cantidad enorme en la estadística. Después estaban los delitos contra la vida, los homicidios, que bajaron mucho con la Ley de Narcomenudeo. Pero, hace unos 30 o 40 años, están en crecimiento todo lo que tiene que ver con la cuestión de género”, informó el funcionario. Desmantelamiento y desamparo “La eliminación del Ministerio de Mujeres ha significado que, por ejemplo, deje de operar el 144, un dispositivo que trabajaba las 24 horas para recibir y orientar las denuncias por violencia de género. Se destruyó también todo lo que tenía que ver con asistencia a las víctimas, no solamente a las mujeres, sino también el programa que atendía los hijos de las víctimas”, expuso María Elena Ale, integrante de la Asamblea de Mujeres Lesbianas, Travesti Trans y No Binaries, así como de Socorristas en Red. “Eliminaron todas las políticas de salud sexual y reproductiva. Antes, las provincias recibían, a modo de coparticipación, métodos anticonceptivos. Eso ya no está recibiendo. Además, se dio de baja la capacitación obligatoria de la Ley Micaela, la provincia la sigue manteniendo, pero a nivel nacional se sacó esa obligatoriedad”, cuestionó. “La provincia se ha quedado con un equipo bastante pequeño de intervención y entonces todos los municipios están desbordados por la cantidad de situaciones y obligados por oficios por parte del Poder Judicial, que sigue destinando casi el 90% de su presupuesto a lo civil y comercial, o sea, a resguardar la propiedad privada o los contratos entre privados. Y hay muy poco de lo que tiene que ver con el derecho a las familias y el derecho a las víctimas de violencia de género”, cuestionó la activista por los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales. El rol de las organizaciones sociales Movilización por el 8M en 2023, Gualeguaychú Por su parte, la periodista Sandra Miguez -parte de incidencia Feminista y responsable en Entre Ríos de la Red Federal de Periodistas Feministas-, opinó: “El recorte en las políticas de género originó un retroceso muy marcado, hoy son las organizaciones feministas las que se están haciéndose cargo de la asistencia a las víctimas”. “El programa Acompañar, por ejemplo, garantizaba un aporte económico a la víctima y generaba mecanismos para la formalización de un trabajo. Entonces, cuando el programa se da de baja la mujer que es víctima no tiene ni la asistencia económica que la ayude a salir del hogar ni la capacitación para aspirar a tener algún tipo de trabajo”, describió. “El retroceso se da también en lo político, porque, a pesar de tener la Ley de Paridad Integral, hoy no hay mujeres en los lugares de toma de decisiones, y en el Gabinete de la provincia son una marcada minoría. Tampoco hay registros oficiales pormenorizados que permitan hacer un seguimiento de los casos”, cuestionó. Botón antipánico y otras herramientas Respecto a la eficacia del botón antipánico, Miguez dijo que “no sirve para nada”, ya que “responsabiliza a la víctima de su propio cuidado”. Además, “el tipo te puede sorprender y no alcanzás a llegar al teléfono para activarlo, en cambio las pulseras duales garantizan que cuando la persona se acerca a donde está la otra pulsera se activa y mando un aviso al juzgado o a la Policía. Pero no se están usando para estos delitos”. “El botón antipánico se está cumpliendo, funciona”, aseguró, por su parte, Portela. Aunque asumió que, desde que el aparato es activado hasta que llega la Policía, “pasan tres minutos, que pueden ser determinantes”. Por otro lado, el presidente del Stjer contó a EL ARGENTINO que se está trabajando en un software que involucra todas las áreas del Estado que están relacionadas con la violencia de género. Se trata del Sistema Integrado de Atención a la Violencia (SIAV), programa que será probado y puesto en funcionamiento próximamente. “Va a ser un salto de calidad tremendo, porque ahí va a estar toda la información relacionada con violencia de género de la provincia. Vamos a tener en tiempo real las necesidades y las posibles soluciones. Por ejemplo, si necesitamos un albergue para una víctima, ahí vamos a saber en tiempo real las disponibilidades”, ejemplificó Portela. Por último, consultado sobre la aplicación de la Ley Micaela, aseguró que, en la Justicia, se está cumpliendo actualmente: “Cada empleado que entra al Poder Judicial tiene que hacer el curso y aprobarlo. Tanto de Ley Micaela, como de la Ley Yolanda (capacitación en materia ambiental), ambos son obligatorios”. Universidades, recorte y resistencia Luciana Basso, de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), a cargo de la aplicación del Protocolo Frente a la Violencia Sexista, informó a EL ARGENTINO que “casi la totalidad de las 54 universidades nacionales de nuestro país cuentan con esta herramienta y, entre todas, conformamos la Red Universitaria de Género y Contra las Violencias, que trabaja mancomunadamente en generar políticas universitarias que tengan que ver con la transversalización de la perspectiva de género y también con las estrategias de abordaje en el ámbito académico”. “La eliminación del Ministerio de la Mujer significó un retroceso muy grande. Con su eliminación se acabó la posibilidad de interlocución entre quienes toman decisiones en relación a la salud sexual reproductiva y no reproductiva, en relación a la prevención de la violencia y también en relación al acceso a derechos de esta población”, cuestionó la referente universitaria. A pesar del recorte universitario aplicado por el gobierno nacional –que también afecta a esta temática- “las universidades tenemos un rol fundamental que es generar mirada crítica, generar conocimiento, producir extensión, producir ciencia. Las universidades seguimos siendo espacios en los que los movimientos sociales y los movimientos de mujeres encuentran lugar y va a seguir siendo así, porque creemos que el modo de generar transformaciones es en conjunto, colectivamente. Esa es nuestra tarea y no vamos a renunciar a eso”, concluyó. El retiro del Estado central respecto a las políticas de género genera consecuencias inmediatas en la vida de miles de mujeres y familias, y, ante la insuficiencia de los compromisos asumidos por la provincia y los municipios, son las organizaciones de la sociedad civil las que, con las herramientas que tienen y muchas veces sin ningún tipo de acompañamiento, intentan dar respuestas.
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