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» Diario Cordoba
Fecha: 13/07/2025 23:11
Pedro Sánchez se presentó en el Congreso de los Diputados el pasado miércoles para pedir disculpas a la ciudadanía por el caso de corrupción que involucra a los dos últimos secretarios de organización del Partido Socialista Obrero Español. Para evitar que esto vuelva a ocurrir, anunció una serie de medidas entre las que se encuentra la creación de una agencia anticorrupción a nivel nacional. Esta figura, sin embargo, no es algo novedoso. Lleva años desarrollándose en varias Comunidades Autónomas, habiendo sido Andalucía una de las pioneras en poner en marcha este mecanismo en 2021. Es clave su adscripción al Parlamento, lo que blinda su independencia. Juanma Moreno puso en marcha la Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) en el marco de la adopción de medidas efectivas de regeneración pública de la mano de Cs. La idea se ha mostrado efectiva con el paso de los años. Actualmente hay abiertas 800 investigaciones que afectan empresarios, funcionarios y personal de distinto color político, incluidos los que afectan al Gobierno regional, del que depende la oficina. Los casos más llamativos, por tanto, son los que han afectado directamente a la Junta de Andalucía o al Partido Popular. Uno de los más sonados se fraguó contra el ex director general de Pesca y Acuicultura, José Manuel Martínez Malias. Tras una denuncia del PSOE, fue sancionado por mantener su puesto en empresas que recibieron ayudas de la Consejería de Agricultura y Pesca mientras él ya estaba en el cargo de responsabilidad. Eso sí, se le mantuvo en el cargo. La Oficina Andaluza Antifraude señaló un "incumplimiento" de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de Andalucía. El director general de Pesca y Acuicultura dimitió el pasado mes de mayo por motivos personales. La anulación de una subvención concedida a José Manuel Soto también fue decisión de esta oficina. Tras una denuncia de Por Andalucía, se acordó que no había sido válida la concesión del contrato menor a la empresa de Soto para su proyecto Caminos del Rocío, puesto que la vocación de la persona jurídica estaba destinada al ámbito musical y "carecía de capacidad" para desarrollar otro tipo de actividades. Otro caso que atañe directamente a la Junta de Andalucía y que supervisó la OAAF es el relacionado con los 300.000 euros de facturas falsas en el transporte escolar. En este caso, la denuncia la presentó la Intervención General de la Junta ante la oficina y, como el análisis preliminar detectó indicios de delito, se remitió la denuncia al Ministerio Fiscal. Ante esta oficina se puede denunciar cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros de Andalucía. Eso sí, en caso de detectarse un delito penal, el caso será trasladado a Fiscalía. En total, han sido 31 los expedientes derivados ya por este motivo. Presupuesto: 2,5 millones de euros Fuentes de la OAAF señalan que lo propuesto por Pedro Sánchez de manera innovadora ya se aplica en Andalucía. Lo cierto es que anteriormente ha habido otras comunidades con agencias similares y se recomienda que todas la tengan, aunque no ocurre así. La primera en ponerla en marcha fue Cataluña en 2019. Actualmente, solo hay cuatro en funcionamiento: las ya mencionadas, Comunidad Valenciana y Navarra. Cabe destacar que hay lugares donde se comenzó a desarrollar y luego se desmanteló, como en Baleares. Este tipo de agencias tratan e investigan las denuncias por corrupción realizan medidas de sensibilización a la población y vela por el cumplimiento de la normativa de incompatibilidad de altos cargos y de la ley de infracciones de altos cargos en materia de gestión económico-presupuestaria. Una parte importante también es proteger a los denunciantes. Para evitar las represalias de los superiores, hasta el momento se han llevado a cabo 23 expedientes de protección con distintas medidas, que van desde el pago de los emolumentos judiciales hasta la asistencia psicológica. En total, en esta oficina está articulada en tres subdirecciones y cuenta con 20 trabajadores. Está dotada con 2.444.490 euros de presupuesto en 2025. Esta misma semana se ha conocido que PP y Vox habían nombrado como director de la Oficina Antifraude al expresidente de la Audiencia Provincial de Córdoba. Ayuntamientos, líderes en denuncias Uno de los aspectos más llamativos de cómo ha ido calando la Oficina Andaluza Antifraude en la sociedad y los empleados públicos es el aumento de las denuncias. Fueron 2 las recibidas en 2021, 35 en 202, 464 en 2023 y 972 en 2024; más de 2.000 en el total. Desde la OAAF señalan que "esto no equivale necesariamente a un aumento de irregularidades, sino que evidencia la confianza ciudadana en los mecanismos de control y la voluntad de la sociedad andaluza de rechazar la corrupción en todas sus formas". Hay un dato llamativo en la OAAF: la mitad de las denuncias recibidas apuntan a infracciones en la administración local. "Es un ámbito que requiere una atención más específica en términos de sensibilización y prevención", reconocen en la oficina anticorrupción. Tras ella, son las agencias (16%), sector privado/particulares (13%), Junta de Andalucía (10%), Universidades (1%) y sociedades mercantiles (1%). La provisión de puestos es la materia más denunciada (20%). Le siguen las autorizaciones y licencias (12%), la contratación (12%), las subvenciones (7%), Incompatibilidad (7%), Retribuciones (5%), Pasividad/inactividad (5%), Transparencia (4%) y Tiempo trabajo (2%). En total, de las denuncias interpuestas se suelen inadmitir un 50%. Algunas de ellas porque la oficina no tiene competencias. Investigaciones de seis meses La denuncia admitida a trámite se abre el proceso de investigación. Es de tres meses, ampliables otros tres en caso de que el asunto sea complejo. El tiempo medio de las investigaciones, por el momento, es de seis meses y medio. Al final se emite una resolución motivada. Se trasladan las actuaciones a la entidad denunciada y esta tiene otros seis meses para comunicar a la Oficina las medidas correctoras y las actuaciones llevadas a cabo. Por el momento, ha habido 38 procedimientos trasladados a la administración local y 17 al sector público autonómico. La Agencia de Sánchez El plan de Sánchez propone algo similar: la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública. "Esta entidad asumiría las competencias clave en materia de prevención, supervisión y planificación en el ámbito de la lucha contra la corrupción y la integridad pública aunando las competencias de varios organismos estatales y estableciendo una coordinación a partir de un mismo eje central", recalca el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción presentado el pasado 9 de julio. En primer lugar, se plantea "la realización de un mapeo de organismos y funciones, con el objetivo de desarrollar un proceso de racionalización del ecosistema público de lucha contra la corrupción". Luego, llegará un momento clave: "Se determinarán las necesidades de coordinación, tanto entre las agencias existentes a nivel nacional como las posibilidades de coordinación a nivel autonómico con los organismos descentralizados". Por el momento, se desconoce cuándo comenzará a funcionar y cuál será la dotación presupuestaria que se le otorgue a la agencial nacional.
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