14/07/2025 03:20
14/07/2025 03:20
14/07/2025 03:20
14/07/2025 03:20
14/07/2025 03:20
14/07/2025 03:20
14/07/2025 03:20
14/07/2025 03:13
14/07/2025 03:13
14/07/2025 03:13
» Facundoquirogafm
Fecha: 13/07/2025 20:27
Este 13 de julio de 2025 se cumplen 20 años de la sanción de la Ley 5582/05, hoy conocida como Ley 1412-A, un paso fundamental para la verdad y la justicia en Chaco. Esta normativa creó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Registro Único de la Verdad (RUV), con la premisa de que "la memoria no se hereda, se construye". Sin embargo, la celebración llega con una preocupante denuncia desde la Comisión. Desde sus inicios, el 13 de julio de 2005, la “Casa por la Memoria”, ubicada en el ex centro clandestino de detención Brigada de Investigaciones, se transformó en un espacio vital para el encuentro y la reflexión, albergando al RUV, al Museo y la Biblioteca por la Memoria, y desde 2023, también la Casa por la Memoria de Sáenz Peña. La CPM Chaco está integrada por organismos de Derechos Humanos y representantes de los tres poderes del Estado. La Ley 5582/05 es el resultado de años de lucha colectiva de organismos de Derechos Humanos, ex detenidos, familiares de desaparecidos y miles de chaqueños. Su objetivo es honrar la consigna del "Nunca Más", al juzgamiento de crímenes de lesa humanidad del plan sistemático de represión genocida, incluyendo la Masacre de Margarita Belén y las torturas y desapariciones en la ex Brigada de Investigaciones. Es un símbolo chaqueño de resistencia y memoria viva, una base institucional para difundir la verdad histórica y defender los derechos. A dos décadas de su sanción, la Comisión Provincial por la Memoria manifiesta grave preocupación por la “precarización laboral de varios de sus trabajadores, la ausencia de recursos financieros para actividades y mantenimiento, y el estado edilicio con deficiencias estructurales”. Denunciaron que “desfinanciar, desorganizar y desarmar estos espacios implica un golpe a la memoria colectiva” y a la identidad y derechos de toda la comunidad, recordando que sus tareas se enmarcan en tratados internacionales y normativas de protección patrimonial. Ante esta situación, desde la Comisión se hizo un llamado urgente a las autoridades de gobierno para que brinden apoyo a la memoria como política de Estado. También apelaron a la sociedad para “generalizar la lucha por los derechos humanos y la construcción de una comunidad más libre y justa”. Porque, como reza el texto original de la ley, “el pasado no es un lugar al que se accede, sino que debe ser construido colectivamente”.
Ver noticia original