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Parana » Informe Digital
Fecha: 13/07/2025 19:30
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha solicitado al presidente Javier Milei que esclarezca una serie de medidas que podrían constituir un “ataque a la independencia judicial” y un deterioro de la democracia. Mediante un comunicado oficial, firmado por nueve relatores del Consejo de Derechos Humanos, se denunciaron graves casos de represión a la protesta social, hostigamiento a jueces y uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas federales. “Deseamos expresar nuestra profunda preocupación por lo que parece ser un esfuerzo organizado y deliberado para hostigar y castigar a jueces en represalia por su labor judicial”, sostiene el texto oficial, publicado el 11 de julio. La denuncia internacional surgió a raíz del caso de la jueza Karina Andrade, quien reportó amenazas y campañas de desprestigio en relación con la liberación de 114 personas detenidas en una protesta el 12 de marzo de 2025. Según explicó, estas detenciones se realizaron “sin las garantías legales necesarias”, como la falta de notificación al tribunal y omisiones sobre el lugar, la hora y el motivo de las mismas. Además, destacó que “el derecho a la protesta, especialmente cuando se ejerce en defensa de grupos vulnerables, es un derecho protegido tanto constitucional como convencionalmente”. Ante estos hechos, las autoridades del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia anunciaron que solicitarían la destitución de Andrade. Además, el vocero Manuel Adorni expresó en redes sociales: “La justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad. Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices”. Un análisis de Naciones Unidas identificó una campaña de desprestigio contra la jueza: “Este patrón de estigmatización abusiva y ataques ad hominem por parte del Ejecutivo […] incluirá acoso y abuso del público”, con amenazas de muerte y violencia sexual contra la magistrada. La entidad añadió que estas represalias “parece representar un ataque directo a la independencia del Poder Judicial federal y de los jueces que integran el sistema”. También se denunció la situación del juez Roberto Gallardo, perseguido por limitar la participación de las fuerzas federales en operativos de seguridad. Karina Andrade, jueza que denunció amenazas y campañas de desprestigio por liberar a 114 personas detenidas en protesta Los expertos señalaron que estas acciones podrían constituir violaciones graves a tratados internacionales. Advirtieron que criminalizar las protestas, aplicar leyes antiterroristas contra manifestantes y perseguir a jueces genera un efecto de represión generalizada. “Los actos de violencia aislados no son suficientes para caracterizar a toda una reunión como no pacífica. Las detenciones masivas son arbitrarias y constituyen castigos colectivos”, concluye el documento. A la espera de una respuesta, la Organización de Naciones Unidas exige al gobierno de Javier Milei que revele sus planes para proteger los derechos civiles, garantizar la libertad de expresión y evitar represalias. Hasta ahora, el Ejecutivo no ha respondido y ha solicitado prórroga para presentar su descargo. Más casos de represión y hostigamiento Fuera del ámbito judicial, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido sobre un grave deterioro de las libertades desde diciembre de 2023, con la llegada al poder del presidente Javier Milei. El comunicado menciona en particular el uso del protocolo antipiquetes, la aprobación del DNU 70/2023, la “Ley Bases” y otras reformas legales que, según los expertos, habrían generado un escenario de represión generalizada. Entre enero y junio de 2024, el informe registra: Al menos 80 personas detenidas arbitrariamente . 665 heridos , algunos con pérdida de visión por balas de goma. Ataques a 47 trabajadores de prensa. Más de 200 personas resultaron heridas en el operativo del 12 de junio, cuando “las protestas pacíficas fueron reprimidas con gases, postas de goma, bastonazos, detenciones al voleo y maniobras policiales peligrosas”. Además, el documento menciona el uso de inteligencia artificial para vigilar manifestaciones y la presencia de agentes infiltrados en marchas, un hecho que actualmente investiga el Congreso. Pablo Grillo, fotógrafo herido gravemente en la cabeza por un proyectil disparado por Gendarmería El organismo también ha puesto especial atención en la represión a personas mayores que se manifiestan cada miércoles en el centro porteño. Se han señalado casos de golpes, quemaduras por gas pimienta y detenciones arbitrarias, incluso de personas mayores de 80 años. Como caso emblemático, el fotógrafo Pablo Grillo fue herido gravemente en la cabeza por un proyectil disparado por un miembro de Gendarmería. MV
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