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» Jackemate
Fecha: 13/07/2025 07:40
Comparte este Articulo... Por Jorge Galíndez (*) “Anda a jugar con tierra” decía un amigo del barrio, reflejando con esa metáfora infantil la resignación y frustración que se siente frente a la impotencia que produce el no poder cambiar una situación injusta impuesta por una autoridad superior, a pesar de tener la razón y los argumentos válidos debiendo, como única opción, aceptar las reglas del poder. La frase resonó en mi cabeza después de leer la noticia del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el caso (“Aranalde, Gabriel Ignacio c/ Universidad Nacional de Rosario) que califica como “ilegítimo” un Artículo del Reglamento de Concursos Docentes de la UNR porque, entiende, vulnera los parámetros fijados por la Ley de Educación Superior. La resolución del máximo tribunal que rechazó la participación con voz y voto de estudiantes y egresados sin cargo docente en los jurados de los concursos académicos causó gran impacto en todo el claustro docente y sus autoridades por las consecuencias mediatas e inmediatas que producirán. Al enterarme, súbitamente mis recuerdos me transportaron al invierno del 2006 donde en una gélida aula, sin calefacción y mal iluminada de la Facultad, se definía el Concurso a Profesor Titular de una de las más importantes Cátedras con sede en el Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria. Allí el Jurado emitía finalmente su dictamen ante los tres docentes que concursaban y un reducido grupo de colegas, familiares y amigos. La voz del Presidente no era firme y apenas audible. Ni bien terminó de leer la resolución se alejó rápidamente sin dejar lugar a ninguna acotación. Las miradas eran de incredulidad y estupor porque a juzgar por los antecedentes académicos y la exposición realizada, el resultado debía ser otro. Es más, sólo el designado ganador no se mostró sorprendido y hoy lo recuerdo con toda nitidez esbozando una sonrisa de suficiencia mientras se retiraba triunfante. Pero la historia, como se verá más adelante, no terminaría allí. Desde hace años vengo observando reiterados pedidos a las autoridades para la realización de concursos docentes, pero cuando ellos se materializan rara vez son percibidos como inobjetables y son muy pocos los que quedan conformes. Todo lo contrario, son frecuentes las quejas, los recursos administrativos impugnándolos y es muy habitual escuchar airados reproches dichos por lo bajo y, a veces no tanto, contra las autoridades a lo que se suman sospechas de contubernios de todo tipo. ¿Qué nos pasa? Queremos los concursos, decimos que es la mejor forma para dirimir quienes son los merecedores a tal o cual posición, pero cuando se efectivizan y emiten dictamen, todo se objeta y duele decirlo, muchas veces con razón. Las inequidades que generan el desánimo y la deslegitimación de los resultados son la consecuencia de la combinación de multiplicidad de razones que es necesario revisar y modificar para, como es intención de este texto, estos acontecimientos tan importantes se vuelvan transparentes e inobjetables. Párrafo aparte merece la composición de los jurados que deberían ser libres de toda sospecha de arbitrariedad, firmes y ajenos a presiones e influencias muy reales como son las afinidades personales, políticas o académicas con alguno de los concursantes siendo indudable, además, que sí son seleccionados del cuerpo docente de la misma institución el conflicto de intereses es inevitable. ¿Se puede dudar que sea necesario e imprescindible normatizar y estandarizar las evaluaciones para evitar la subjetividad que éstas implican sobre todo en las impresiones personales donde las interpretaciones discrecionales suelen cambiar el rumbo de los resultados? Las dinámicas de poder internos tanto de grupos académicos o de facciones ideológicas llevan a politizar los concursos más aún cuando se perciben negociaciones previas donde los favoritismos se imponen a los méritos objetivos. En fin, estimo que nuestro objetivo debe ser insistir ante las autoridades universitarias para que garanticen que los resultados sean inobjetables, y ello se va a lograr sí se implementan procesos transparentes, con criterios claros y públicos, jurados independientes y ¿por qué no? mecanismos de auditoría externa. Volviendo a los fríos días del 2006, el concurso a Profesor Titular fue inicialmente recurrido a las instancias administrativas y luego, ante la disconformidad de un afectado, se recurrió a la Justicia Federal. Años después con el fallo unánime de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia se anuló la validez del concurso atento a las graves irregularidades que se cometieron durante todo el transcurso del proceso concursal. ¿Qué hizo entonces, la Facultad? Nada. ¿Los jurados fueron apercibidos? No. ¿Se brindaron disculpas a los concursantes? No. Y llegamos al irónico final. Con el concurso anulado el profesor, que presuntamente había ganado y sido puesto en funciones como tal, continúo luego del impactante fallo, sin inmutarse ni perder ese impostado aire de superioridad que lo caracterizaba, manteniendo el cargo hasta su jubilación ya que la cátedra nunca se volvió a concursar y por antigüedad, “le correspondía a él”. ¿Se hizo Justicia? No. ¡¡A jugar con tierra!! (Jackemate.com) (*) Jefe del Servicio de Clínica Médica Hospital Escuela ‘Eva Perón’
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