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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 13/07/2025 05:07
El Senado aprobó un aumento jubilatorio que Milei adelantó que vetará Javier Milei y su gobierno enfrentan las consecuencias de la que probablemente haya sido una de las peores semanas políticas desde su fulgurante ascenso al poder, no únicamente por lo acontecido en la Cámara de Diputados y, más aún en el Senado, sino también por la presión política que enfrenta y los interrogantes que se amplifican respecto a la gobernabilidad y la sostenibilidad del programa del gobierno y del plan económico, incluso más allá de las elecciones de octubre. Los gobernadores reclaman fondos en una inédita acción conjunta que se materializa en una media sanción del Senado a proyectos que modifican la distribución de fondos coparticipables, la otrora oposición dialoguista se suma al peronismo para infringirle duras derrotas parlamentarias al oficialismo con la sanción de leyes tendientes a atender la situación de sectores vulnerables, la cotización del dólar comienza a despertar en una tendencia alcista, y algunos indicadores macroeconómicos comienzan a mostrar signos de desgaste, entre otras “novedades”. Sobre este horizonte, ya de por sí preocupante en términos de estabilidad y gobernabilidad, se recorta además un proceso electoral que exacerba los ánimos, radicaliza posturas, exterioriza las mezquindades y cálculos cortoplacistas y, en definitiva, suma aún más incertidumbre al panorama argentino. De ahí que comience a resonar cada vez con más fuerza, sobre todo entre analistas y expectantes grandes inversores extranjeros, una pregunta tan inquietante como central: ¿el Presidente será capaz de construir gobernabilidad y garantizar la continuidad de su plan de gobierno en general, y de su programa económico en particular? Una pregunta que, por cierto, ya no se circunscribe a lo que pueda pasar de cara al segundo tramo del mandato presidencial tras las próximas elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, sino en lo que pueda suceder a partir de ahora y durante el próximo semestre. Una pregunta aún sin respuesta, que entre los actores económicos remite más que al “riesgo país” a lo que se interpreta como “riesgo político”, y que ya se traduce no solo en la manifiesta cautela y conservadurismo de los inversores sino incluso en recomendaciones explícitas de analistas, calificadoras de riesgo y fondos de inversión (Morgan Stanley, Wells Fargo, Moody’s, entre otras) que, pese a seguir elogiando algunas de las políticas económicas de gobierno, desarmen sus posiciones en el país, recomienden cautela a sus clientes, o no mejoran las calificaciones de riesgo. Frente a ello, el Gobierno parece seguir aferrado a la visión tan voluntarista como ingenua de que las elecciones de octubre actuarán como una suerte de parteaguas, una pretendida y contundente victoria que destrabaría automáticamente los obstáculos y allanaría el camino para la profundización y consolidación del modelo. Una visión que se complementa, a la hora de abordar el acuciante escenario del presente, con un cada vez más difícil y poco creíble intento de circunscribir la contraofensiva opositora a un “enemigo” kirchnerista con objetivos destituyentes, lo que lleva a desconocer la magnitud de los desafíos que enfrenta el país y la potencialidad de que muchas demandas y preocupaciones sociales hoy larvadas o contenidas acaben por encontrar otros cauces de expresión. Lo cierto es que la estrategia del gobierno está clara. El presidente, los estrategas y armadores que acabaron por imponerse -al menos por ahora- en el plano interno (nucleados en torno al “kari-menemismo”) parecen, al mismo tiempo que cifran todas las expectativas en las elecciones de octubre, suscribir a una suerte de plan de “resistencia” para este semestre que consiste en aplicar vetos, judicializar sanciones legislativas y, eventualmente, no aplicar las leyes que emanen del Congreso de la Nación. Una estrategia a todas luces riesgosa, por no decir casi temeraria. Y por varias razones. Fundamentalmente, porque lejos de mitigar los efectos políticos, económicos y sociales (quizás también electorales) del avance opositor en el Congreso y del conflicto con los gobernadores, es probable que aumente la incertidumbre y la volatilidad durante este semestre, no solo amenazando algunas variables macroeconómicas que el gobierno ostenta como “logros”, sino incluso agravando el escenario actual, e impactando eventualmente en una victoria electoral que podría no ser tan contundente como la esperada. Así las cosas, la estrategia de apostar todo a un proceso electoral no solo aún lejano sino incierto, sumado a la procrastinación respecto a ciertas demandas y preocupaciones que vienen creciendo frente a una recuperación económica que para muchos no satisface las expectativas generadas, no solo genera grandes interrogantes respecto a la materialización del reordenamiento político que el oficialismo imaginaba hasta hace muy poco, sino que expondría al gobierno a una nueva y mayor fragilidad política. Un escenario complejo, tanto antes como después del proceso electoral, que no solo no pasaría inadvertida para los grandes inversores y otros actores del establishment sensibles para la gestión libertaria, sino que podría complicar -aún tras una aún probable pero insuficiente victoria electoral- ciertos problemas estructurales que permanecen incólumes y cuya solución u abordajes consensuados parecieran cada vez más difíciles, sino imposibles.
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