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Parana » AIM Digital
Fecha: 12/07/2025 21:04
Tras la dura derrota en el Senado, el Gobierno de Javier Milei pone en marcha un operativo para blindar los vetos presidenciales frente al avance de leyes clave: el aumento a jubilaciones, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Con el presidente en pie de guerra y apuntando a los gobernadores como responsables de cualquier desajuste fiscal, el jefe de Gabinete Guillermo Francos intenta rearmar el mapa político con una consigna clara: recuperar el “tercio de hierro” en Diputados para evitar que los vetos puedan ser revertidos. Entre el enojo y la estrategia El oficialismo no reconoce derrotas. Cada traspié se resignifica como una oportunidad para identificar “enemigos del cambio”. Tras el revés en el Senado, el relato libertario se reconstruyó rápidamente: Milei suspendió su viaje a Tucumán y acusó a los gobernadores de querer "destruir al gobierno nacional". Mientras tanto, el ministro Luis Caputo advirtió en un supuesto off con Alejandro Fantino que un nuevo golpe legislativo provocaría una crisis económica. Pero en paralelo al discurso incendiario, Francos inició una desescalada discursiva. “No está todo roto”, dijo el jefe de Gabinete en tono conciliador, y sostuvo que se conversa “permanentemente con los gobernadores”. La Casa Rosada necesita tender puentes. El objetivo: convencer a un puñado de mandatarios para que sus legisladores no acompañen un eventual rechazo a los vetos. Sin embargo, las gestiones están frías y no hay reuniones formales convocadas. Alianzas rotas y territorio en disputa La estrategia electoral de Karina Milei complica el delicado ajedrez legislativo. Con la orden de competir con listas propias en todo el país, La Libertad Avanza rompe alianzas clave con gobernadores con los que aún debe negociar en el Congreso. El caso Corrientes es ilustrativo: tras desechar un acuerdo con el radical Gustavo Valdés, los senadores de ese distrito votaron en contra de los intereses del oficialismo. En contraste, en Chaco, donde se selló una alianza con Leandro Zdero, el gobernador radical ordenó a sus legisladores no acompañar las leyes vetadas por el Ejecutivo. El caso de Tucumán también es sintomático. Osvaldo Jaldo, que supo ser el primer gobernador peronista en acercarse al gobierno nacional, hoy se repliega. Las encuestas le dan buena imagen, pero baja intención de voto, y su entorno advierte que apoyar medidas extremas podría costarle caro en las elecciones de octubre. Por eso, el bloque “Independencia”, escindido de Unión por la Patria, resistirá los vetos. Francos, en modo ajedrecista La cuenta que hace el Gobierno para mantener sus vetos en Diputados incluye al PRO, el MID, algunos radicales aliados y los gobernadores con los que aún quedan vasos comunicantes: Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Hugo Passalacqua (Misiones), Zdero (Chaco) e Ignacio Torres (Chubut). Francos será el encargado de reactivar el diálogo, escuchar reclamos y ofrecer compensaciones. La negociación se jugará pieza por pieza. El Congreso en pausa (por ahora) Por ahora, ni el oficialismo tiene asegurado el tercio necesario, ni la oposición logra alcanzar los 172 votos que se requieren para insistir con las leyes. La oposición analiza convocar a una sesión el próximo 30 de julio para tratar proyectos sensibles: financiamiento universitario, emergencia pediátrica en el Garrahan y la situación de Bahía Blanca tras el veto presidencial. Sin embargo, los números siguen ajustados y no hay consenso pleno. En cuanto a los proyectos votados en el Senado —como la distribución automática de Aportes del Tesoro Nacional y la coparticipación del impuesto a los combustibles— aún no está definido a qué comisiones serán girados en Diputados. Si terminan en Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, es probable que se enfríen. El Ejecutivo deberá entonces elegir: negociar o bloquear. El límite judicial La pelea con los gobernadores dejó al oficialismo expuesto. Ni la retirada de la Ley Bases ni la caída de los jueces por decreto había causado tanto daño político. El presidente ya anticipó que vetará las leyes y, si no logra sostener los vetos, recurrirá a la Justicia. Sin embargo, la jurisprudencia está en su contra: en 2020, la Corte Suprema sostuvo que las reglas internas del Senado son potestad exclusiva del Congreso, sin intervención judicial posible. Milei tiene diez días hábiles para promulgar o vetar. Mientras tanto, Francos mueve fichas, Karina tensiona el tablero electoral y los gobernadores hacen sus propias cuentas. Lo que está en juego no es solo una serie de leyes: es la viabilidad política de un gobierno que, en minoría parlamentaria y sin coalición estable, depende cada vez más del conflicto para sostener su narrativa.
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