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Parana » AIM Digital
Fecha: 12/07/2025 20:42
En 1990, la privatización de Entel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) fue presentada como el inicio de una nueva era: modernización, eficiencia y acceso garantizado a los servicios de telefonía. La empresa estatal fue dividida y vendida a los gigantes Telefónica de España y France Télécom, inaugurando en la Argentina un modelo de concesión privada que prometía servicios más ágiles y tecnología de punta. Más de tres décadas después, el saldo es menos promisorio: concentración, falta de competencia real, brechas digitales crecientes y una regulación que se fue debilitando hasta volverse casi decorativa. La historia reciente de las telecomunicaciones en Argentina es la historia de un derecho que se convirtió en mercancía. Y hoy, en pleno siglo XXI, lejos de corregir ese rumbo, el gobierno de Javier Milei profundiza un modelo de desregulación absoluta. Bajo la bandera del “libre mercado”, y en nombre de una libertad que reduce a los ciudadanos a simples consumidores, el Ejecutivo avanza con la derogación de marcos regulatorios clave como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el DNU 690/20, que declaraba a internet, la telefonía móvil y la TV paga como servicios públicos esenciales. De la promesa de competencia al oligopolio real El discurso privatizador de los ‘90 sostenía que la competencia generaría mejores precios y calidad. Sin embargo, lo que se consolidó fue un oligopolio: dos o tres grandes actores controlan la mayoría del mercado, y las tarifas están más cerca de la especulación financiera que del costo real del servicio. Las zonas rurales y los barrios populares siguen esperando conectividad de calidad, mientras las grandes operadoras concentran inversiones en áreas rentables. En el campo de los medios, el panorama es similar: la fusión entre Cablevisión y Telecom en 2018 —avalada políticamente por el gobierno de Mauricio Macri— cristalizó una concentración sin precedentes entre telecomunicaciones y medios. El control cruzado de redes, contenidos y plataformas deja cada vez menos espacio a la diversidad de voces y al acceso plural a la información. Durante los gobiernos kirchneristas, la comunicación fue concebida como un campo estratégico de disputa política y simbólica. La sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009 representó un hito en la historia democrática del país: por primera vez se regulaba el sistema de medios con criterios de pluralidad, federalismo y diversidad de voces, buscando limitar la concentración y garantizar el acceso equitativo a la información. Sin embargo, su implementación fue parcial y desigual, enfrentando resistencias judiciales, presiones del poder económico y contradicciones propias del oficialismo. A pesar de sus límites, la ley marcó un punto de inflexión: puso en debate el rol de los medios en la democracia y dejó una arquitectura legal que, aunque hoy desmantelada, sigue siendo referencia para pensar una política de comunicación con derechos. Milei, la libertad de mercado y la censura estructural Desde que asumió Javier Milei, el gobierno ha promovido una agenda de desregulación casi total. En diciembre de 2023, a través del megadecreto 70/2023, se derogó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, eliminando los límites a la concentración y debilitando el rol del Estado como garante del derecho a la comunicación. Se desmantelaron funciones claves del Enacom y se flexibilizaron las condiciones para la propiedad cruzada de medios, facilitando aún más la consolidación del poder mediático en pocas manos. Paradójicamente, el gobierno que se presenta como “libertario” habilitas condiciones para una censura estructural: ya no a través de la represión o el control estatal del contenido, sino a través del silenciamiento de voces por razones económicas, tecnológicas o políticas. Si no hay acceso universal, si no hay condiciones equitativas para producir y distribuir información, si la conectividad es un lujo y no un derecho, la libertad de expresión queda reservada para unos pocos. Lo que está en juego La privatización de Entel fue el primer paso hacia un modelo que convirtió derechos en negocios. Hoy, la continuidad de ese modelo —sin ningún tipo de límite ni equilibrio— pone en riesgo principios fundamentales de la democracia: el derecho a la comunicación, la soberanía tecnológica, la equidad en el acceso a la información. La discusión sobre las telecomunicaciones y los medios no puede reducirse a una cuestión técnica o de mercado. Se trata, en el fondo, de qué tipo de ciudadanía queremos construir. ¿Una ciudadanía plena, con capacidad de informarse, expresarse y conectarse en igualdad de condiciones? ¿O una ciudadanía fragmentada, atravesada por brechas digitales, con acceso segmentado y voces excluidas? A más de 30 años de la privatización de Entel, la pregunta sigue vigente: ¿comunicaciones para quién? De la Redacción de AIM.
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