» Comercio y Justicia
Fecha: 12/07/2025 18:30
El Congreso de la Nación sancionó una nueva ley de jubilaciones que introduce un incremento del 7,2% en los haberes y un bono previsional de $110.000, ambos acumulativos y de aplicación inmediata. La normativa también ratifica la movilidad mensual por Índice de Precios al Consumidor (IPC), ya establecida por DNU, y busca nuevas fuentes de financiamiento. Sin embargo, el presidente Javier Milei ha anticipado que vetará la medida. Impacto en los haberes y el bono Con la aprobación de esta ley, la jubilación mínima pasará de $309.000 a $331.000, lo que representa un aumento nominal del 7,2% que se incorpora al haber base. Por su parte, el bono previsional mensual asciende de $70.000 a $110.000, una diferencia de $40.000. Este nuevo valor se actualizará mensualmente según la movilidad general. En la práctica, quienes perciben el haber mínimo pasarán de cobrar un total de $379.000 ($309.000 de haber más $70.000 de bono) a $441.000 mensuales ($331.000 de haber más $110.000 de bono), lo que implica un aumento del 16,3% en su ingreso total. Es fundamental destacar que este bono tendrá carácter permanente y se actualizará automáticamente por IPC, a diferencia de los bonos anteriores que eran transitorios y discrecionales. Además, no podrá ser objeto de descuentos ni embargos. Moratoria previsional y financiamiento La ley también prorroga por dos años la moratoria previsional, permitiendo que personas sin la totalidad de los 30 años de aportes puedan jubilarse mediante un plan de pagos. Para solventar el impacto fiscal de estas mejoras, la normativa contempla diversas medidas de financiamiento, que incluyen: la eliminación de exenciones impositivas para directores de empresas; la supresión de beneficios del impuesto a las Ganancias para sociedades de garantía recíproca; la reasignación de fondos de la Agencia Federal de Inteligencia; el uso de ingresos de registros automotores y los ahorros derivados de la reducción en sobrecargos del FMI, previstos para octubre de 2024. La ley fue aprobada con un amplio respaldo en el Congreso, incluyendo votos del peronismo, la UCR, partidos provinciales y algunos sectores del PRO. No obstante, el bloque de La Libertad Avanza y sus aliados se retiraron del recinto y anunciaron que impugnarán judicialmente la sesión. Tras la sanción, el presidente Javier Milei reafirmó su intención de vetar la ley, argumentando que el nuevo esquema es incompatible con el equilibrio fiscal que persigue su gobierno. Milei advirtió que, en caso de que el veto sea rechazado en el Congreso, el Poder Ejecutivo judicializará la situación. Ahora, el Gobierno necesitará 87 votos en la Cámara de Diputados para mantener el veto, lo que podría desencadenar un significativo conflicto institucional si el Congreso insiste con la norma.
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por