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Concordia » Hora Digital
Fecha: 12/07/2025 15:27
Bajada: Senadora y abogados denuncian posteos que instigan a la violencia contra el Congreso. Los acusados son cercanos al entorno de La Libertad Avanza. En medio de una sesión del Senado que trató proyectos sensibles para el Ejecutivo, como aumentos jubilatorios y fondos para provincias, diversos usuarios de redes sociales vinculados al entorno de La Libertad Avanza (LLA) publicaron mensajes que llamaban a la violencia institucional. Entre los posteos, se destacaron frases como “Los tanques a la calle ya” y “Hay que dinamitar el Congreso”, según informó el medio Página/12. Estos mensajes, emitidos por usuarios como Gordo Dan y Fran Fijap, generaron repudio y derivaron en acciones legales. La senadora de Unión por la Patria (UxP), Juliana di Tullio, fue la primera en señalar estos hechos durante la sesión, denunciando que “este Gobierno tiene un ejército en las redes sociales pagado con la nuestra”. Además, anticipó que presentaría una denuncia formal. Según datos verificables hasta la fecha, el viernes 12 de julio de 2025, dos abogados de Mendoza radicaron una denuncia penal en la fiscalía federal de Alejandra Obregón contra Daniel Parisini (Gordo Dan) y Franco Iván Jeremías Antunes Puchol (Fran Fijap), acusándolos de intimidación pública e instigación a cometer delitos. La denuncia presentada en Mendoza también solicita investigar si estos usuarios reciben fondos del Poder Ejecutivo, apuntando a una posible vinculación directa con la Casa Rosada. El escrito, al que accedió Página/12, señala que “estas manifestaciones representan una concreta peligrosidad innegable” debido a la relación de los denunciados con el Gobierno. Por otro lado, desde el entorno de los acusados se intentó desdramatizar los hechos. Parisini, por ejemplo, publicó un mensaje irónico con imágenes de tanques de agua, según reportes del medio. Sin embargo, el impacto de los posteos no se diluyó y generó críticas de sectores políticos y jurídicos que advierten sobre una doble vara en la justicia, especialmente en comparación con casos donde ciudadanos fueron detenidos por tuits críticos al Gobierno. No se dispone de información suficiente sobre resoluciones judiciales o respuestas oficiales del Ejecutivo posteriores a la denuncia, ya que los datos verificables se limitan a lo reportado hasta el 12 de julio de 2025. El caso sigue abierto y promete generar debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de figuras públicas en redes sociales.
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