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» El siglo web
Fecha: 12/07/2025 10:34
En un claro gesto dirigido a los mercados financieros y a los grandes inversores, el presidente Javier Milei vetó la ley que otorgaba un aumento real a jubilados y la restitución de la moratoria previsional. El anuncio fue realizado desde la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde el mandatario aprovechó el escenario para reafirmar el compromiso del Gobierno con el superávit fiscal y acusar a legisladores y gobernadores de actuar por desesperación política. La iniciativa había sido aprobada por el Senado con votos de sectores opositores y parte de los aliados provinciales al oficialismo. El proyecto contemplaba una suba del 7,2% real en jubilaciones y pensiones, la elevación del bono previsional de $70.000 a $110.000 y la restitución por dos años de la moratoria para quienes no completaron los 30 años de aportes. Desde el oficialismo, se objetó que el bono se transformaría en un derecho automático, atado a la inflación, lo que sumaría rigidez al gasto. Según estimaciones privadas, el costo total de las medidas podría alcanzar el 2,5% del PBI en 2026. La consultora Empiria, dirigida por el exministro Hernán Lacunza, calculó que solo en lo que resta del año, el impacto fiscal sería de 0,9% del PBI, y que para el año próximo ascendería al 1,3% solo por jubilaciones. Al sumarse otras iniciativas –como coparticipación del impuesto a los combustibles, aumento en las ayudas por discapacidad y los ATN a provincias– el gasto se incrementaría aún más. El Gobierno advirtió que, de prosperar estos proyectos, el superávit primario comprometido para este año (1,6% del PBI) se evaporaría en cuestión de meses, provocando una reversión hacia el déficit fiscal. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, este escenario podría provocar una caída en los bonos soberanos y un aumento del riesgo país, además de generar mayor volatilidad cambiaria. “El veto es una señal de que no se permitirá romper el equilibrio fiscal a pocos meses de las elecciones. Este intento de subir el gasto se ha interpretado como una maniobra electoral”, señalaron voceros oficiales. En su discurso, Milei fue más directo: “Esto es un acto de desesperación, porque saben que en octubre la libertad arrasa”. Desde la oposición, en cambio, se cuestiona la intransigencia del Gobierno. Se argumenta que hay márgenes para recortar otros gastos, como los destinados a inteligencia, y se denuncia que la presión recae exclusivamente sobre provincias. “Se nos exige bajar impuestos y ajustar las cuentas, pero la Nación no da el ejemplo”, afirmó un gobernador patagónico que votó a favor del paquete. El debate por el gasto público será uno de los ejes centrales de la reforma impositiva que el oficialismo planea impulsar después del 10 de diciembre, cuando el Congreso tenga una nueva conformación. Mientras tanto, la tensión entre el Ejecutivo y los gobernadores crece, y el rumbo económico vuelve a ser observado con atención por los mercados.
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