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» Diario Cordoba
Fecha: 11/07/2025 01:15
Nos encontramos en el pórtico de la celebración del día de la justicia gratuita y del turno de oficio, que permite el acceso al sistema judicial para la defensa de los derechos y el ejercicio de la tutela judicial efectiva respecto de quienes carecen de recursos materiales para ello o por razones de vulnerabilidad, como lo mandata el artículo 119 de nuestra Constitución, velando por el ejercicio de los derechos fundamentales y evitando así una brecha social. Más de dos millones de personas son atendidas anualmente por los 51.000 letrados adscritos de forma voluntaria al servicio del turno de oficio de los 83 Colegios de la Abogacía de todo el país. Un servicio de guardia permanente en cada punto de la geografía estatal, las 24 horas del día durante los 365 días del año. Y ello gracias al compromiso y vocación de estos miles de letrados que ponen su mochila de sus capacidades y conocimientos al servicio de situaciones muchas veces límite. Cuando nadie está a tu lado, junto a una víctima de maltrato ó violencia de género, a cualquier hora de la jornada hay un letrado del turno de oficio. En la soledad de cualquier cuartel de la Policía Nacional o Guardia Civil, en la pesadilla de algo que no debió de ocurrir, hay disponible un cuerpo de letrados de los que se exige un mínimo de años de experiencia profesional y una cualificación específica en diversas materias, en la que además hay que reciclarse periódicamente con la formación adecuada, para prestar un servicio de calidad. Es la UCI de la convivencia. Por tanto, es un día de reconocimiento a la vocación y el trabajo de todos esos profesionales que se enfrentan a situaciones adversas y en condiciones muchas veces precarias. También es una jornada de reivindicación de las mejoras necesarias para un sistema sostenible y de calidad. Hay que tener en cuenta que la ley que regula esta materia está a punto de cumplir 30 años, y ha quedado superada en numerosos aspectos que exigen un nuevo marco legal de referencia. El tema de los recursos económicos y materiales sigue siendo el telón de Aquiles de un servicio que, en ocasiones, se presta a costa del bolsillo del propio letrado, que tiene que pagarse por sí mismo los desplazamientos a pueblos, las suspensiones de juicios, etc. Teniendo en cuenta la insuficiente dotación económica con la que se abonan las guardias y procedimientos o la discriminación existente entre comunidades autónomas que son las pagadoras del servicio, pues la retribución por un procedimiento de divorcio o unas diligencias previas a un profesional o un servicio de guardia puede variar el doble según la comunidad donde se produzca, sin que exista un sistema automático de revaloración de las retribuciones que asegure unas retribuciones dignas del servicio prestado. Hay países con otros modelos de prestación de servicios, donde al igual que el Estado tiene su propio cuerpo de letrados al que acceden por unas competitivas oposiciones, también lo tienen los ciudadanos, asegurándose así que el servicio lo presten los más preparados, aunque ello tiene un coste muy elevado que la Administración no está dispuesta a asumir. La calidad democrática de un país exige que cualquier ciudadano goce de las máximas garantías cuando se ve inmerso en un proceso judicial, por lo que ignorar el deterioro de nuestra Justicia y especialmente el de uno de sus pilares, el turno de oficio, tiene efectos perjudiciales en el progreso de nuestra sociedad y hace inviable un Estado de derecho. *Abogado y mediador
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