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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 08/07/2025 04:53
La norma apuntó a jerarquizar la educación primaria (Archivo General de la Nación) El panorama, en aquellos años, no podía ser peor. Había pocos maestros, muchos estaban mal formados, salvo los que venían de las escuelas normales, y no se contaban con edificios adecuados para dictar clases. La deserción escolar era muy elevada, eran pocos los niños que llegaban a sexto grado, ya que a partir de los 10 años trabajaban, y las epidemias, como la del cólera, contribuyeron a despoblar las aulas. La sociedad era indiferente a esa verdadera tragedia educativa, las escuelas no ofrecían contenidos atractivos para los chicos, que estaban a merced de la severidad de los maestros, quienes hacían repetir de grado a muchos de ellos. Los padres tampoco ayudaban, no concurrían a los actos y reuniones a los que los invitaba la escuela. Cuando se sancionó la ley 1420, gobernaba Julio A. Roca El shock demográfico producido por el aluvión inmigratorio puso a las autoridades en un dilema. Esas primeras tandas de inmigrantes se negaban a adoptar la nacionalidad argentina, mantenían sus costumbres y también organizaron sus propias escuelas, con contenidos exclusivamente de sus países de origen. Escuelas para inmigrantes Domingo Faustino Sarmiento se asombró por la cantidad de escuelas italianas que funcionaban en Buenos Aires. El multifacético Estanislao Zeballos afirmaba que “la nacionalidad no se forma cuando la masa es extraña”, y fue uno de los tantos que reclamó cambios drásticos de actitud en las escuelas. El censo escolar nacional de 1883 arrojó que de 500.000 niños en edad escolar, entre 5 y 14 años, 124.558 eran analfabetos, 51.001 semianalfabetos y 322.390 alfabetos. Había que hacer algo al respecto. Eduardo Wilde, destacado médico sanitarista, escritor, político y legislador. Fue el que, como ministro de Instrucción Pública, se puso al frente de la defensa de esta ley La primera medida importante del presidente Julio A. Roca en su primera gestión en el ámbito educativo fue la creación de un Consejo General de Educación, que debería regir las cuestiones educativas hasta que el congreso sancionase una norma en la materia. En tal sentido, fue elegido Superintendente de Escuelas del distrito federal Sarmiento, quien dejaba su cargo de Director General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. Para preparar el ambiente para la sanción de una norma que se intuía levantaría polvareda, se llamó al Primer Congreso Pedagógico Sudamericano, celebrado en Buenos Aires entre abril y mayo de 1882, con la participación de 250 delegados de todo el país y personalidades del extranjero. Era la primera vez que un gobierno ponía sobre la mesa de discusión la cuestión educativa, y que planteaba a la educación como un derecho. Se debatieron cuestiones relativas a la escuela primaria, las orientaciones pedagógicas, y sobre el rol del Estado nacional y de las provincias en la dirección del sistema educativo. José Manuel Estrada fue una de las espadas que defendió la enseñanza religiosa en las escuelas Se anticipó una cuestión delicada: que la enseñanza religiosa dejase de ser obligatoria en las escuelas públicas. Un amplio sector liberal consideraba que la iglesia representaba un obstáculo. Era una institución profundamente arraigada en nuestro país, pero un importante sector de la clase dirigente era de la idea que había que separar de una vez las leyes que regían el Estado de las que imponía la iglesia, que se hacía oír a través de encumbrados voceros en cuestiones sensibles para nuestro país, como la educación o la misma inmigración: los religiosos no eran proclives a darle la bienvenida a aquellos extranjeros que no fuesen católicos. Roca pretendió que el proyecto de la ley de educación saliese del propio Consejo General de Educación, pero no lo consiguió. Así mandó al congreso un proyecto de organización educativa, que fue aprobado en Diputados, y como el Senado lo devolvió con algunas enmiendas, quedó empantanado en la comisión de Instrucción Pública de la cámara baja. Y como los sentimientos de la opinión pública estaban más que a flor de piel, no sacó dictamen ni en 1881 ni en 1882. Domingo F. Sarmiento tuvo un papel importante en esos debates que había dividido el país en dos Recién fue considerado en julio de 1883. El que abrió el debate fue el diputado entrerriano Onésimo Leguizamón. Ex ministro de Instrucción Pública del presidente Nicolás Avellaneda, era uno de los precursores de las escuelas normales para señoritas y el creador de varias escuelas agropecuarias. Había presidido el Congreso Pedagógico y era, sin dudas, una voz más que autorizada en la materia. Leguizamón expresó que el despacho a tratar estaba atrasado considerando las corrientes educativas en boga en cuanto a la organización escolar y sobre los contenidos pedagógicos, y presentó su propio proyecto, que incluía la libertad de enseñanza, esto es, que la religión fuese una materia optativa. Tanto Leguizamón como el entonces ministro de Instrucción Pública, el médico higienista Eduardo Wilde fueron las principales espadas del gobierno. Wilde había llegado a esa cartera reemplazando al ministro de extracción católica Manuel Pizarro, quien renunció al ver naufragar su proyecto de suscribir un concordato con el Vaticano. "Escuela sin religión" es un folleto editado en 1883 por el ex presidente Avellaneda, contrario a la ley 1420 Wilde, ateo y masón, le tocó lidiar con esta ley y con la norma 1565, que establecía la creación del Registro Civil y con la 2393 del Matrimonio Civil. Configuraban un paquete que la iglesia interpretó como un avasallamiento sobre el terreno de la educación y la administración de la vida civil que lo consideraba de su exclusiva propiedad. Enfrente estaban los católicos de la talla de Pedro Goyena, José Manuel Estrada, Emilio Lamarca y Tristán Achával Rodríguez –que defendió la educación católica en un discurso de seis horas- entre otros, y voces que defendían el laicismo como la de Sarmiento, Bartolomé Mitre y Leandro N. Alem, entre otros. La discusión en el parlamento insumió todo el mes de julio de 1883, al mes siguiente pasó al senado y el proyecto, con sus modificaciones, se aprobó en junio de 1884. Obviamente, el debate sobrepasó el ámbito parlamentario, y era eje de discusión en distintos ámbitos, como el diario La Unión, fundado por el católico José Manuel Estada, quien tildaba de “herejes” a los que promovían la ley. Se establecieron las asignaturas que las maestras debían dictar (Archivo General de la Nación) Los liberales llamaban a los católicos “sacristanes”, mientras que éstos le decían “masones”. El ex presidente Avellaneda, defensor de la enseñanza católica, denunció en un folleto “Escuela sin religión”, que editó en septiembre de 1883, que el Estado quería ser nuevamente omnipotente y que deseaba apoderarse de la escuela en la que se “forma el alma de los pueblos”. Le respondió Sarmiento con una serie de artículos periodísticos que llevaban el título de “La escuela sin la religión de mi mujer”, que fueron ampliamente difundidos por varios diarios y que hasta fueron traducidos a otros idiomas. El 8 de julio de 1884 se sancionó la ley de “Educación General de la República”, anunciada para favorecer y dirigir el desarrollo intelectual, moral y físico del niño entre los 6 y 14 años, que debía recibir una educación gratuita, gradual, “y dada conforme a los preceptos de la higiene”. La instrucción obligatoria comprendía las materias Lectura y escritura; Aritmética; Geografía del país y nociones de la Universal; Historia particular de Argentina y nociones de la del mundo; Idioma Nacional; Moral y Urbanidad; nociones de Higiene; Ciencias Matemáticas, Físicas y Naturales; nociones de Dibujo y Música vocal; Gimnástica y conocimiento de la Constitución Nacional. Establecía la libertad de enseñanza y contemplaba la fiscalización del funcionamiento de las escuelas y de los colegios privados. La enseñanza sería pública, obligatoria y gratuita, y establecía el financiamiento y la creación de bibliotecas populares en los barrios. Reguló el jardín de infantes, educación para adultos, la rural, la de los sordomudos, además de la cuestión edilicia, capacitación docente, escuela mixta y el financiamiento, y establecía funciones y competencias del Consejo Nacional de Educación. Cuando el nuncio Mattera abandonó el país, Roca se comunicó con el papa León XIII. Las relaciones entre ambos estados se congelaron por 16 años El problema de esta ley fue su artículo 8°, que imponía que la enseñanza religiosa podía impartirse en las escuelas antes o después de las horas de clase, o bien en instituciones privadas. La ley obedecía a un nuevo modelo de país, que había abierto las puertas a la inmigración y a la colonización. Sus habitantes debían tener un amplio acceso a una educación común que los igualase, y que les diera las herramientas para acceder a conocimientos y así ponerse a tono con los adelantos referidos al progreso industrial y agrícola, estimulando la movilidad social ascendente. Favorecía la integración social y anulaba la intención de los inmigrantes de tener sus propias escuelas y organizaciones intermedias, como ellos pretendían. El Consejo Nacional de Educación puso manos a la obra. Mantuvo un control del ámbito educativo, se preocupó por la formación docente y creó un cuerpo de inspectores para velar por el cumplimiento de sus disposiciones. Cuando el primer gobierno de Roca llegaba a su fin, existían en el país 1741 escuelas públicas, a los que asistían 133.640 alumnos. Otros diez mil lo hacían en establecimientos particulares. Se había creado diez institutos normales, tres de varones y siete de mujeres, y todas las provincias disponían de un colegio nacional. Ruptura con la iglesia La relación entre el gobierno y la iglesia estalló por el vicario Gerónimo Clara, a cargo de la diócesis de Córdoba, y su explosiva pastoral en la que prohibía a los católicos enviar a sus hijos a la Escuela Normal, donde enseñaban maestras protestantes, consideradas “herejes”. La iglesia decidió aplicar un anatema a la Escuela Normal, algo así como una excomunión. La iglesia sintió como un embate un paquete de medidas que la desplazaba del centro de la escena: en nueve años se creó el registro civil, los cementerios abandonaron la órbita de la iglesia y se sancionó el matrimonio civil, además de la ley 1420. Roca calificó de subversiva la pastoral del obispo Clara, que a su vez contraatacó y declaró nulas las disposiciones del gobierno de no considerar obligatoria la enseñanza del catolicismo. El obispo terminó procesado. El nuncio Luis Mattera, quien veladamente estaba operando para frenar el embate contra la educación religiosa, se entrevistó con la directora de la Escuela Normal, quien le pidió que levantase la sanción. El nuncio puso condiciones: que la escuela enseñase la religión católica, que él pudiera inspeccionarla para velar por el cumplimiento y que no se impartiese educación protestante. Y que el gobierno argentino se retractase. Tanto Roca como Wilde dijeron que lo de Mattera era una intromisión en asuntos del país. Este declaró que no pensaba responder el pedido de explicaciones exigidos por el canciller Francisco Ortiz hasta que el propio gobierno se disculpase por lo que se publicaba en la prensa contra él. Mattera, ninguneándolo al canciller, le escribió al presidente, fundamentando su posición, sin ceder en su postura. El gobierno, haciendo uso de la institución del Patronato -contemplado en el artículo 83 inciso 8 de la Constitución de 1853- terminó relevando al vicario de Córdoba. Nuevamente, las protestas de Mattera. Colmada su paciencia, Roca consideró improcedentes la imposición del diplomático, ordenó se le remitieran sus pasaportes y le dio 24 horas para dejar el país. Era el 18 de octubre de 1884. El primer mandatario le explicó al Papa León XIII que no estaba rompiendo relaciones, sino que cancelaba la aceptación del pasaporte diplomático del belicoso nuncio. Pero lo cierto es que las relaciones entre ambos estados se interrumpieron durante 16 años. Sería el propio Roca quien las reestablecería en su segundo gobierno. A los diez años de la aplicación de la ley 1420, el índice de analfabetismo había descendido al 53,5% y en 1914 era del 35%, y aumentaron el número de escuelas públicas, se engrosó el plantel docente y se duplicó el número de chicos escolarizados. La ley estuvo vigente hasta 1978 cuando el gobierno de facto dispuso que las escuelas dependiesen de las jurisdicciones donde se encontrasen, situación que mantuvo la Ley Federal de Educación, sancionada durante el gobierno de Carlos Menem. La 1420 situó a la enseñanza primaria entre una de las mejores del mundo, fue precursora en América del Sur y marcó un antes y un después en nuestra maltratada y vapuleada educación.
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